05/12/2017

Condena justa a militares argentinos por crímenes contra la humanidad, por Mariella Villasante

El 29 de noviembre de 2017 un tribunal argentino condenó a cadena perpetua a 29 militares acusados de crímenes contra la humanidad durante la última dictadura militar de ese país vecino (1976-1983). En efecto, el Tribunal Oral Federal número 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, con la acusación del fiscal Abel Córdoba y los organismos de derechos humanos que actuaron como querellantes, puso fin a un juicio histórico que ha durado cinco años. Los fiscales juzgaron a 54 militares por la muerte o la desaparición forzada de 789 personas y presentaron los testimonios de más de 800 testigos. “Nunca hubo un proceso por derechos humanos tan grande en Argentina.” (La Nación del 29 de noviembre de 2017).

En el marco de audiencias públicas, como las que hemos tenido durante el mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú (CVR), los testigos relataron cómo los ciudadanos fueron drogados, cargados en aviones en los llamados “vuelos de la muerte” y arrojados al río de la Plata o al mar en frente de Buenos Aires para convertirlos en desaparecidos. Se trata de una de las prácticas más atroces de la dictadura argentina, que también fue llevada a cabo en Perú durante la guerra interna. Como sabemos, entre los métodos de desaparición de los restos de las víctimas por parte de los agentes del Estado (militares y policías), la CVR ha reportado: el descuartizamiento, el entierro clandestino, la cremación de cadáveres en hornos como sucedió en el cuartel Los Cabitos, y también “el uso de vehículos de transporte aéreos”, sobre todo en el valle del río Huallaga, donde se ha reportado el lanzamiento de cadáveres desde helicópteros hacia ríos y quebradas (Informe final de la CVR, Tomo VI: 83-85 et sqq.; 41. Ejecuciones en el río Huallaga, Tomo VII). En fin, la CVR ha establecido que los agentes del Estado fueron responsables de la muerte o de la desaparición de 7,334 personas, de las cuales 4,423 han sido ejecutadas e identificadas y 2,911 personas han sido declaradas desaparecidas (CVR, Tomo VI: 135).

Argentina es el país sudamericano que ha avanzado más que ningún otro en el castigo de los responsables por los crímenes cometidos por los gobiernos militares. Se estima que la junta detuvo, torturó y asesinó a cerca de 30,000 personas acusadas de ser “subversivas”; además, los militares ordenaron el secuestro de cientos de bebés cuyas madres se encontraban en las cárceles y fueron entregados a familias leales al gobierno.

Según la oficina del Fiscal general, hasta el mes de octubre de este año: 818 personas habían sido condenas y 754 acusados estaban siendo enjuiciados en casos en todo el país. El fiscal Abel Córdoba declaró: “Estamos muy satisfechos con el veredicto. (…) Creemos que esta es una decisión justa que demostró la metodología de los vuelos de la muerte como una forma de exterminio.” (The New York Times, 29 de noviembre).

  • Entre los condenados a prisión perpetua están Jorge ‘El Tigre’ Acosta y Alfredo Astiz, jerarcas de la ESMA, acusados, entre otros crímenes, de la desaparición de dos religiosas francesas (Alice Domon y Léonie Duquet); ambos han negado sus crímenes, no aceptan arrepentirse y declaran que estaban “defendiendo a la patria contra la amenaza comunista.” (BBC Mundo). Citemos también Ricardo Cavallo, Alfredo Donda Tiguel, Joreg Radice, Juan Carlos Rolón y Antonio Pernias, entre otros. Los jueces leían cada apellido y luego enumeraban los delitos por los que fueron condenados; secuestros, torturas, homicidios en mesa de torturas y homicidios calificados. Tantos fueron los delitos que enumeraron los jueces para cada condenado que tardaron cinco horas en leer solo la parte resolutiva de la sentencia. Los fundamentos se conocerán en marzo de 2018 (La Nación, Le Figaro del 30 de noviembre).
  • Entre los centros de detención más infames se encontraba la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, conocida como la ESMA, donde según los testimonios unas 5,000 personas fueron detenidas y torturadas; actualmente se ha convertido en monumento a los derechos humanos.
  • El proceso esclareció también la complicidad de la Iglesia Católica en los crímenes de la junta; en efecto, aunque ningún religioso fue acusado durante el juicio, los fiscales alegaron que muchos de ellos fueron cómplices en la ocultación de los detenidos delante de los observadores internacionales que defienden los derechos humanos.
  • El fiscal Córdoba ha manifestado su confianza en la continuación de la búsqueda de la justicia en los numerosos casos que siguen pendientes por violaciones de derechos humanos, sobre todo los crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles.
  • El veredicto ejemplar se ha producido en un contexto marcado por las críticas de las organizaciones de defensa de derechos humanos ante las señales ambivalentes y contradictorias que ha estado enviando el presidente Mauricio Macri. En efecto, contrariamente a su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Macri ha desmantelado los departamentos de derechos humanos de los ministerios, ha cuestionado la estimación del número de víctimas de la dictadura militar, y ha enfatizado la necesidad de que Argentina “pase la página de ese capítulo de la historia”. Exactamente como Keiko Fujimori y los miembros del partido Fuerza Popular vienen haciendo en el Perú desde que regresaron a la escena política nacional. Pero más allá de la coyuntura actual lamentable, marcada por el autoritarismo de la mayoría fujimorista del Parlamento y por la inmensa corrupción que se está descubriendo en las más altas esferas del Estado, ni los ciudadanos, ni las organizaciones de defensa de los derechos humanos podemos abandonar la esperanza de que un día se hará también justicia en el Perú. Para que los responsables civiles y militares de las ejecuciones arbitrarias, de las desapariciones y de los campos de concentración del Partido comunista del Perú-Sendero Luminoso[1] (sobre todo entre los Ashaninka) sean llevados delante de los tribunales y juzgados con todo el peso de la ley (nacional e internacional) por crímenes contra la humanidad, que son imprescriptibles. Los Argentinos no han olvidado sus muertos, nosotros tampoco.

*Escribe: Mariella Villasante, investigadora asociada del Idehpucp. 


[1] Ver M. Villasante, http://revistaideele.com/ideele/content/los-campos-de-concentración-senderistas-y-los-niños-soldados-en-el-perú-desaf%C3%ADos-para-el

Referencias:

  • Ver: http://www.lanacion.com.ar/2086798-condenaron-a-alfredo-astiz-a-prision-perpetua-por-crimenes-de-lesa-humanidad-en-la-esma  
  • Ver: http://www.lanacion.com.ar/2086877-condenan-a-alfredo-astiz-y-otros-28-represores-de-la-esma-a-prision-perpetua
  • Ver: https://www.nytimes.com/es/2017/11/29/argentinos-condenados-cadena-perpetua/
  • Ver: http://www.lefigaro.fr/international/2017/11/30/01003-20171130ARTFIG00057-la-fin-d-un-proces-geant-replonge-l-argentine-dans-les-atrocites-de-la-dictature.php
  • Ver: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42175523

Deja un Comentario:

Nombres:

Correo electrónico:

Mensaje: