Tras recibir la consulta del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de las Naciones Unidas, el Idehpucp presentó su opinión de seguimiento a las recomendaciones del informe que este Grupo elaboró durante su visita al Perú en junio del 2015.
Una de las recomendaciones detalladas en este informe es que el Estado Peruano reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada en el país y actúe con la debida urgencia y celeridad. Tres años después, el Estado lo ha cumplido a través de acciones como la promulgación de la Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980 – 2000 (Ley N° 30470) y la creación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). Cabe resaltar que durante el evento “Encuentro de actores sociales para el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú”, organizado por el Idehpucp y el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), familiares de personas desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno compartieron sus expectativas respecto de la implementación de la política pública y seguimiento a las recomendaciones del informe previamente mencionado.
Además, el informe enviado al Grupo de Trabajo de la ONU destaca que se están generando mecanismos de participación e intervención para los familiares de víctimas los cuales toman en cuenta los enfoques de interculturalidad, género y derechos humanos. Pese a ello, para los familiares el proceso de búsqueda continúa siendo engorroso, lento y revictimizante.
Otra de la recomendaciones elevadas desde el Idehpucp, es que se establezca el número total de víctimas de desapariciones forzadas de forma sistematizada, trabajando conjuntamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las organizaciones de la sociedad civil y los familiares.
En abril del 2018, la DGBPD presentó el listado base del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE), que incorpora información de fuentes oficiales y de organizaciones de la sociedad civil. Se estableció la cifra de 20 329 personas desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno. Sin embargo, solo el 4% han sido identificadas y restituidas a sus familiares, el 28% tiene paradero conocido, pero sin certeza legal de su muerte, y el 68% tiene paradero desconocido y/o incierto.
Una de las desventajas del listado base del RENADE es que no ha sido publicado de manera virtual o física, lo que dificulta la obtención de información para los familiares y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema. Es por ello que el informe del Idehpucp sugiere que haya un acceso público a esta información.
Por otra parte, el documento recomienda que el Estado Peruano brinde la garantía de que los procesos de restitución de restos se realicen respetando la decisión de la familia de la persona desaparecida, ofreciendo apoyo a los familiares para el traslado desde y hacia su lugar de residencia al momento de recuperar los restos de su ser querido.
Sin embargo, los familiares opinan que hay una desarticulación entre las entidades del Estado y las organizaciones de familiares de víctimas. Por ejemplo, en la fase de exhumación, ellos comentan que no hay claridad sobre las funciones que tienen los fiscales del Ministerio Público, los especialistas del Equipo Forense Especializado y los funcionarios de la DGBPD. Asimismo, los familiares manifestaron su descontento frente a exhumaciones o ceremonias de entierro suspendidas con pocos días de anticipación por la falta de coordinación entre estas entidades.
Finalmente, también se recomendó que el Estado promueva la participación activa y coordinada de familiares y sus abogados en todas las actuaciones judiciales que requiera la investigación, con el objetivo de superar obstáculos culturales, geográficos y económicos, y así permitir el acceso a la justicia. Las coordinaciones de estas participaciones deberían darse con las asociaciones de familiares, las organizaciones no gubernamentales y el CICR.
Es a partir de ello que el Minjus instauró el grupo de trabajo sobre búsqueda de personas desaparecidas entre 1980 y 2000, cuya primera sesión se realizó en octubre del 2018. No obstante, los familiares de las víctimas consideran que este mecanismo es insuficiente ya que es centralizado y no considera a las organizaciones de regiones a nivel nacional.
