«Estoy triste, tan triste, estoy muy triste». La melancolía de Caetano Veloso llenaba este miércoles el silencio de varios corazones activistas, vecinos de las favelas, hombres y mujeres jóvenes brasileras, colectivos y organizaciones latinoamericanas, organizaciones internacionales. La ejecución a tiros de Marielle Franco, figura símbolo de la lucha por los derechos humanos, la igualdad de género, pero sobre todo contra el terror perpetrado por las fuerzas del orden y el acecho de grupos paramilitares en las favelas, frenaba el trabajo de esta consejal municipal de Río de Janeiro. Dos semanas antes, Franco de 39 años, había sido nombrada relatora de una comisión municipal creada para reportar abusos militares contra los ciudadanos, luego de que Michael Temer cediera el control de las favelas (1,5 millones de personas) al Ejército de Brasil.
¿Cuántos más van a necesitar morir para que acabe esta guerra?, se preguntaba por Twitter veinticuatro horas antes de ser asesinada. La muerte de un joven, al recibir un impacto de bala, mientras salía de una iglesia en la favela Jacarezinho, la atrincheraba en su causa. En febrero de este año, Aministía Internacional Brasil, reportó en su informe país que “las operaciones policiales en favelas y áreas marginalizadas generalmente resultan en tiroteos intensos y muertes”.
La socióloga y especialista en administración pública nació y vivió su adolescencia y juventud en Maré, uno de los complejos de favelas más poblados y violentos de Río. En 2014, dos años antes de que Franco se convirtiera en consejal, esta favela había sido intervenida por las fuerzas policiales. De acuerdo al Foro de Seguridad Pública de Brasil, 925 personas murieron durante operaciones policiales en 2016. Mientras que el año pasado, de acuerdo a representantes de la sociedad civil, esta cifra superó los mil abatidos.
«Luto por lucha» (Luto e luta). Una marea de tuits y posts, en medios sociales, mostraban el mismo lema que se gritaba a pulmón en las movilizaciones de distintas ciudades brasileras durante el jueves. La desaparición de Marielle Franco, feminista, lesbiana, madre de una joven de 19 años y miembro activa del Partido Socialismo y Libertad, así como defensora de la comunidad afro; recibió reacciones de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de Greenpeace, Amnistía Internacional y una retahíla de autoridades locales y figuras del Ejecutivo de Brasil.
«Marielle Franco fue impactada por cuatro balas en la cabeza de los nueve disparos que hicieron directamente contra la ventana de su auto, según reportan las autoridades policiales, lo que genera la hipótesis de que este fue un crimen premeditado», indicó la CIDH a través de un comunicado difundido esta mañana. Al igual que la ONU, aunque con mayor énfasis, la Comisión insta al Estado de Brasil a cumplir con su obligación de investigar de manera seria, exhaustiva, independiente e imparcial este crimen. Además de «castigar a los perpetradores intelectuales como materiales [del mismo]».
La CIDH y la defensa de los defensores y defensoras
A penas dos semanas atrás, este órgano de la OEA presentó el informe «Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos». 192 páginas dedicadas a orientar a los Estados en el desarrollo de políticas públicas, programas y mecanismos que protejan a los defensores y defensoras de los derechos humanos.
«Los niveles de violencia contra las personas que defienden los derechos humanos en nuestra región son alarmantes, y las tasas de impunidad para este tipo de crímenes son muy altas», aseguró el jueves primero de marzo la comisionada Margarette Macaulay, presidenta de la CIDH, desde Colombia, donde se presentó el documento.
Mediante audiencias de seguimiento y monitoreo, realizadas entre otros países en Perú, la CIDH ha mostrado su preocupación por la situación de vulnerabilidad que atraviesan los defensores y defensoras de derechos humanos. En estos espacios, la CIDH ha identificado a los «operadores de justicia, mujeres defensoras, defensores del medio ambiente, de pueblos indígenas y de personas LGBTI», como personas que están particularmente expuestas a situaciones de violencia, según señala en su informe.
La Comisión ha reparado particularmente en lo que sucede en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú, además de la violencia y los amenazas contra la integridad física de estos ciudadanos, respecto a «incidentes de acoso judicial, agresión física, amenazas, intimidación y campañas de difamación».
Es por ello, que la CIDH ha alertado a los Estados miembros sobre el «excesivo e injustificado uso de la ley penal contra personas defensoras de derechos humanos y participantes de movimientos sociales de protesta pacíficos, en la forma de procedimientos criminales presuntamente infundados, detenciones arbitrarias y uso prolongado de la prisión preventiva. En la mitad de los casos reportados de criminalización, la defensora o defensor era una lideresa o líder indígena.»
Aunque aún no nos hemos «mexicanizado» (mexicanizado), como comentaban otros tantos post y tuits en portugués minutos después de la noticia del asesinato de Franco, Perú es un país de especial preocupación para la CIDH. Este organismo clave para el sistema de justicia interamericana ha detectado que «no existen mecanismos especiales para la protección de quienes defienden los derechos humanos y los operadores de justicia» en nuestro país.
La única iniciativa estatal registrada por la Comisión se produjo en una audiencia pública en 2016. En esta, los representante del Estado peruano prometieron que el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, adoptaría un protocolo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos.
No todo quedó en palabras, aunque sí en borradores. Al hacer seguimiento de esta propuesta, la CIDH halló que la iniciativa llegó al Consejo de Derechos Humanos, pero solo en calidad de propuesta, al no cumplir «con los estándares mínimos, [este protocolo] no fue aprobado aún», destaca el documento. Nuestras figuras incómodas para el sistema, como Marielle, seguirán desprotegidas mientras tanto.
*Gabriela Quevedo Castañeda, es periodista y responsable de prensa del Idehpucp.
