11/07/2011

"La corrupción no solamente proviene de las más altas esferas del sector estatal"

“Detectar un acto corrupto es dificilísimo” comenta Yván Montoya Vivanco, ex procurador anticorrupción y coordinador del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP. Punto Edu conversó con él acerca de cuánto hemos avanzado en la lucha contra la corrupción en este último lustro y cuáles son las medidas que el próximo gobierno debería implementar para erradicar este mal de nuestra sociedad.

A pocas semanas de su término, ¿cuál es el balance de la gestión del gobierno de Alan García en relación a la lucha contra la corrupción?Hubo varios actos de corrupción de alto nivel durante este régimen que ameritan aún su judicialización. Estamos por determinar el grado de responsabilidad de todos los involucrados y aún se sigue develando información; estamos a la espera de saber quiénes estaban detrás de todo ello que cubre las más altas responsabilidades del Estado. Por otro lado, los intentos de impulsar la lucha anticorrupción desde el gobierno han sido un fracaso total. El Plan Nacional Anticorrupción no ha sido implementado.

La Oficina Anticorrupción –creada durante este régimen- no dio resultados porque era un ente dependiente del Estado y cuyas funciones se sobreponían a las de la Contraloría. Es decir, era una organización sin potestades, sin independencia para enfrentar la lucha contra la corrupción y sin funciones claras; evidentemente, estaba destinada al fracaso. Al final del periodo de García se implementó una Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción que tiene funciones meramente de coordinación de políticas públicas y creo que puede hacerse un trabajo razonable desde ahí aunque muy limitado. En resumen, creo que muy poco o nada hemos avanzado en este tema.

Según la VI Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, realizada por Ipsos-Apoyo y Proética, la corrupción constituye el principal problema del país, desplazando incluso a la delincuencia. Sin embargo, a veces no logramos visibilizar cuáles son las consecuencias de este problema.

Es cierto, probablemente la población no se da cuenta del impacto que tienen los actos de corrupción en el país. Por más crecimiento económico que tengamos, seguimos siendo un país pobre, con escasos recursos. El impacto que tiene la corrupción no es solo una disminución del patrimonio del Estado o una apropiación de recursos por parte de un funcionario para uso particular. Una de las consecuencias más importantes de la práctica de la corrupción es que esta perturba considerablemente la prestación de los servicios públicos del Estado, que existen para proveer derechos fundamentales (salud, justicia, educación, seguridad) sobre todo en los sectores más pobres del país.

¿Se tiene un estimado de cuánto pierde el país por estas prácticas corruptas?

Según el último informe de la Contraloría General de la República, en el 2010 se perdieron S/.12 000 millones de soles por prácticas corruptas en contrataciones públicas. Eso es lo que se le denomina la corrupción inercial, histórica, que hay que revertir (parece que convivimos con ese tipo de corrupción). Pero no olvidemos que en la década de los noventa hubo además una corrupción sistémica, enquistada en los núcleos del poder y que –se estima- alcanzó a los US$5000 millones de dólares. Eso felizmente acabó, pero seguimos con una práctica corrupta inercial que llega a S/.12 000 millones.

Y esta cifra solo hace mención a la corrupción que se denuncia, que se visualiza…

Evidentemente, esa es la que se percibe. Pero la microcorrupción generalizada, la de la coima, probablemente no haya sido cuantificada. Estudios económicos dicen que el impacto de prácticas corruptas en países como el Perú (donde se encuentra extendida) es la desaceleración del crecimiento económico en un 2%. Es decir, si tuviéramos un mayor control y prevención, probablemente hubiéramos crecido un poco más, y lo que se puede invertir en colegios, carreteras o puentes con ese 2% es innumerable.

En la encuesta mencionada, el 80% de la población considera que el país es corrupto o muy corrupto. La cultura de la coima está muy arraigada en toda la sociedad, tanto en políticos como en empresas, funcionarios y autoridades de todo rango. ¿A qué se debe?

La corrupción no solamente proviene de las más altas esferas del sector estatal sino que también está extendida a muchos funcionarios pequeños. Pagar una coima o para agilizar un trámite son actos a los cuales muchos peruanos están acostumbrados y no hay una conciencia de lo ilegal y delictivo que esto es. Hay una serie de factores que confluyen para esta suerte de corrupción extendida, que tienen que ver con los mecanismos de prevención que no se activan, los órganos de control de cada entidad estatal que no funcionan, el decaimiento de los valores éticos, la falta de eficacia de los sistemas de sanción penal y administrativa. Entonces, al no haber algún grado de reacción ni “castigo” a estos actos, la población los ve como algo “normal”, que puede coexistir con ellos. Una lucha frontal contra la corrupción debe partir por ser sumamente drásticos y poner el estándar muy alto para no pasar ningún nivel de prácticas corruptas por más irrisoria que sea la cantidad.

¿El problema de la corrupción es solo un tema que se resuelva a nivel educativo?

El nivel educativo es muy importante. Por ejemplo, en el Perú se está tomando mayor conciencia de la protección del medio ambiente. Creo que de forma paralela debe surgir una mayor conciencia de la no corrupción, que debe reforzarse desde la familia y la escuela. Pero claro, no es el único mecanismo para poder prevenir la corrupción. También hay mucho que hacer en el ámbito del diseño organizativo y preventivo a nivel de los entes administrativos estatales con relación al acceso a la información. Hemos avanzado un poco con los portales de transparencia, con la publicación de todas las transacciones y convocatorias en páginas web, etc. Pero debe haber un mayor fortalecimiento de la Contraloría General de la República para que esta tenga mayores niveles de control antes de una licitación o contratación pública (generalmente entra con posterioridad al evento, cuando la prensa ha denunciado irregularidades).

¿Cuáles son los objetivos centrales del Proyecto Anticorrupción?

Este es un proyecto que funciona desde febrero y que lo ejecuta el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) con el apoyo de Open Society Foundations, en tres niveles de actuación. Un primer nivel es la capacitación a jueces y fiscales vinculados a la investigación y el juzgamiento de delitos contra la administración pública, que son muy complejos, no solo en el ámbito probatorio sino en el ámbito mismo del manejo de las normas en estos temas. Se trata de cursos de capacitación en varios distritos judiciales (Junín, Cuzco, Puno, Lambayeque, Lima) donde brindamos módulos de dos días de capacitación en aspectos generales del derecho penal, sobre los delitos en particular (colusión, cohecho, peculado, malversación de fondos) que son explicados con la metodología activa que caracteriza a la Universidad Católica, con jurisprudencia y debate de los ponentes.

El segundo nivel es el monitoreo y seguimiento de la actuación del Poder Judicial o del Ministerio público en casos emblemáticos de corrupción, como el del ex viceministro de Justicia Gerardo Castro (acusado de cohecho), los casos Comunicore, Cofopri y los “petroaudios”, y otros más que pretendemos ir comentando y siguiendo a lo largo del año como parte de este proyecto. Estos temas los trabajamos desde el punto de vista académico, no es un comentario político sobre el asunto. No opinamos sobre noticias periodísticas sino sobre piezas procesales.

El tercer nivel es una plataforma virtual que la hemos creado para uso básicamente de jueces y fiscales del país que tienen interés o ven casos referidos a delitos de funcionarios públicos. Es un portal que tiene normativa anticorrupción tanto preventiva como sancionadora, jurisprudencia nacional y comparada, estadísticas de la corrupción, noticias de los talleres que hacemos, seguimiento periodístico de algunos casos emblemáticos de corrupción local y en provincias, etc. También tenemos un boletín donde hacemos comentarios sobre la jurisprudencia en casos como el congresista José Anaya (conocido como “Comepollo”) o de la congresista Elsa Canchaya. Siempre con un enfoque académico, donde aclaramos el sentido de las sentencias que han recaído sobre estos congresistas u otros funcionarios emblemáticos.

¿Considera que dentro del periodismo nacional se cometen errores a la hora de informar sobre casos judiciales?

Mi impresión preliminar es que la prensa no tiene niveles de profundización sobre los temas. Por ejemplo, no se ha explicado suficientemente bien en los medios de comunicación cuáles fueron las razones jurídico-penales para excluir a Castañeda Lossio del proceso penal del caso Comunicore. Nadie lo sabe, simplemente se discute muy políticamente el asunto. Y probablemente esto ocurra porque el Poder Judicial también es hermético, no le gusta ser fiscalizado sobre lo que opina, salvo en algunos casos muy notorios en que la prensa incursiona y logra obtener información. Además, la prensa no maneja con rigor algunas calificaciones cuando hay un proceso de corrupción contra algún funcionario. Por ejemplo, dice “ha sido acusado” y probablemente recién está siendo investigado en fase preliminar para averiguar si hay mérito para seguir avanzando con la denuncia. Confundir la acusación con una mera investigación afecta no solo al funcionario sino a su familia y su entorno. Cualquiera está expuesto a ser investigado, pero también corresponde a la fiscalía ser rigurosa con el escrutinio, antes de pasar a un juicio oral o una acusación.

¿El ciudadano de a pie no suele denunciar la corrupción, verdad? ¿Cuáles son las medidas que, por su parte, debería tomar para combatir la corrupción?

Un porcentaje muy importante de la población decide no denunciar los casos de corrupción por diversas razones: es un camino infructuoso que no conduce absolutamente a nada, es una pérdida de tiempo y se expone a riesgos y represalias. Así como el Estado debería proveer el clima y los mecanismos de confianza para denunciar estos actos de manera eficaz, el ciudadano debería hacer ciertos sacrificios; por ejemplo, dejar de pagar una coima cuando se cometa una infracción de tránsito, respetar las normas y si le quieren atribuir injustamente una papeleta, impugnarla y cuestionarla. Hay necesidad de una mayor difusión de los derechos de los ciudadanos y de los mecanismos que tenemos para canalizar nuestras denuncias, ya sea en el Ministerio del Interior, en el Poder Judicial, o en cualquier otra entidad gubernamental. Los funcionarios no deberían tener miedo a las denuncias, son un canal de fiscalización permanente para preservar el alto estándar del desempeño de un funcionario público.

El presidente electo Ollanta Humala ha señalado que él va a encabezar la lucha anticorrupción del país. ¿Qué acciones puntuales desde su despacho debería ejecutar para convertir este discurso en una realidad?

Las experiencias exitosas de lucha anticorrupción en países europeos y asiáticos dicen que debe haber una decisión política del más alto nivel. Si no hay ese soporte, poco o nada se puede hacer, como ha ocurrido en este régimen que está terminando. Es importante que el presidente electo tome esta iniciativa desde el primer día. Y puede hacerlo desde distintos flancos. A nivel de su bancada del Congreso se pueden impulsar leyes importantísimas para prevenir la corrupción, como aquellas que son complementarias a la ley marco de acceso a la carrera pública y administrativa, que ayudarían a reforzar un cuerpo de funcionarios públicos que trabaje por méritos profesionales y no por favores políticos. Por otro lado, se podría implementar en todas las entidades estatales el presupuesto por resultado, que es un fuerte instrumento de control anticorrupción porque solo se compra lo necesario, lo útil y lo eficiente, y ya no se harían compras globales que se prestan a actos corruptos.

También podría fortalecerse la Contraloría General de la República, que tiene poderes muy limitados para hacer la fiscalización. Por ejemplo, luego de que un funcionario elabora su declaración jurada, la Contraloría tiene la potestad de verificar si es una información verdadera o si se ha enriquecido ilícitamente. Y para ello posee buenos técnicos pero no cuenta con las herramientas normativas que le permitan hacer un control efectivo de la evolución patrimonial de los funcionarios estatales. Debería facilitársele el acceso a la reserva tributaria y el secreto bancario, con eso prevendríamos muchísimos actos de corrupción. El presidente electo tiene por delante una tarea enorme; ojalá se asesore bien.

>>Conoce más sobre el Proyecto Anticorrupción.Entrevista: Luis Yáñez QuirozFotografía: Franz Krajnik

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