En noviembre de 2014, el Segundo Juzgado Penal Nacional dio libertad condicional a Mejía León, miembro de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro. Dicha medida fue criticada debido a la poca disposición que ha tenido el condenado en dar a conocer el paradero de los restos de quien, al momento de su desaparición, era estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este punto fue ordenado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso.
El magistrado Ángel Mendivil Mamani dispuso la libertad del sentenciado debido a su estado de salud y a su buena conducta carcelaria. Solo ha cumplido nueve años de prisión de una condena de dieciseis años impuesta por el Poder Judicial.
La Defensoría del Pueblo presentó un informe solicitando que no se aplique este beneficio, al considerar que la sentencia adoptó la conclusión que los hechos configuraban un crímen de lesa humanidad. Asimismo, la Defensoría señala que, de otorgarse la semilibertad, será difícil que los condenados puedan colaborar en el hallazgo de los restos del estudiante.
La revisión de esta resolución se hace a pedido del Instituto de Defensa Legal, organización no gubernamental que patrocina a la familia Castillo Páez.
Otros tres sentenciados por este crímen – Carlos De Paz Briones, Juan Aragón Guivobich y Manuel Arotuna Valdivia – ya han obtenido el beneficio de la semilibertad, a pesar de haber sido condenados a 15 años de prisión por estos hechos.
(25.01.2015)
