10/05/2019

#VenezuelaMigra: Las acciones necesarias para la protección de migrantes y refugiados provenientes de Venezuela

En noviembre de 2018, las diversas organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo sobre Movilidad Humana Venezolana (en adelante, Grupo de Trabajo), creado a raíz del aumento de las personas migrantes y refugiadas que huyeron de Venezuela por la crisis socioeconómica, política y humanitaria que atraviesa, adoptaron la Declaración y Plan de Acción de Sociedad Civil sobre personas provenientes de Venezuela que requieren protección nacional e internacional. El pasado martes 30 de abril, se llevó a cabo la presentación del Plan de Acción en el campus de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (en adelante, UARM).

El evento fue convocado por integrantes internacionales y nacionales del Grupo de Trabajo presentes en Perú, entre ellos el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad, la Universidad del Pacífico, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), la UARM, la Clínica Jurídica Pedro Arrupe S.J. para Migrantes y Refugiados, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), y OXFAM.

Durante la presentación, se comentaron cada uno de los seis capítulos del Plan de Acción, que abordan diversas temáticas relacionadas al respeto y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, con acciones previstas para el Estado, la sociedad civil, organismos internacionales y otros aliados.

Entre los puntos centrales que aborda el Plan y que fueron resaltados, se encuentra la importancia sobre la correcta caracterización de las distintas dinámicas de desplazamientos forzados que provienen de Venezuela para la adecuada aplicación de los estándares de protección que correspondan, así como la necesidad de empleo de enfoques diferenciados para grupos en especial situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, grupos étnicos y raciales, entre otros.

Respecto a las políticas migratorias, se mencionó lo necesario de realizar un viraje en el enfoque de las políticas migratorias de uno de control a uno que incluya una perspectiva de derechos humanos, así como de uniformizar los criterios de entrada y salida de los países de tránsito y acogida. Además, se destacó la urgencia de comenzar a pensar en soluciones duraderas para las personas migrantes y refugiadas que huyeron de Venezuela, en tanto su desplazamiento no es temporal. Esto último implicará prever medidas afirmativas que promuevan su integración a las comunidades de acogida en todo aspecto y la erradicación de prácticas discriminatorias y xenofóbicas.

Por otra parte, sobre las reflexiones obtenidas acerca de la utilidad del Plan, puede distinguirse que el efecto de su aplicación varía según el sector desde el cual se aborden. En el caso de la academia, señala una serie de puntos críticos para concentrar el análisis e investigaciones que contribuyan a evidenciar problemáticas concretas; para la sociedad civil, las acciones del Plan ayudarán a focalizar los esfuerzos de acuerdo a los temas que ve cada institución; y para el Estado, significa una guía para reflexionar sobre lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y lo que debe hacerse para cumplir con las obligaciones internacionales sobre la protección de personas provenientes de Venezuela en el marco de esta crisis.

Al haber contado con la participación de 44 organizaciones de la sociedad civil y academia a nivel regional y el apoyo de diversos organismos internacionales en su elaboración, el Plan provee una perspectiva amplia y puede contribuir en diversos aspectos a mejorar la situación que viven los migrantes y refugiados provenientes de Venezuela en la región. En ese sentido, se espera que la incidencia y la promoción de su contenido logre su uso como guía de acción para los sectores concernidos.

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