12/09/2017

El crimen de Nueva Requena: ¿Cómo el tráfico de tierra amenaza a los pueblos indígenas?

El viernes 1 de setiembre, seis agricultores fueron asesinados en el Caserío Alto Rayal, del centro poblado Bello Paraíso, distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. De acuerdo a la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau), el crimen tendría varios motivos detrás: un conflicto por tráfico de tierras, deforestación indiscriminada, y tala y comercio ilegal de madera en el Bosque de Producción Permanente (BPP).

Esta no es la primera vez que pobladores de Ucayali son atacados por mafias de tala ilegal, el 1 de setiembre de 2014, cuatro nativos ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya Saweto fueron asesinados en otro conflicto de tráfico de tierras. Según informa LaMula.pe, el crimen continúa impune.

En esta edición de Tiempo Global, Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador de Pueblos Indígenas en el Instituto de Defensa Legal (IDL), y Álvaro Másquez Salvador, investigador de campo en Ucayali de la misma institución, analizan la situación de desprotección en la que se encuentran los pueblos indígenas frente al grave problema de tráfico de tierras en el país.

De acuerdo a Ruiz Molleda, el acaparamiento de tierras es un fenómeno conocido en Ucayali y otras zonas de la región, que el propio Estado, por medio de los gobiernos regionales, incentiva al no titular las tierras.

“El gobierno regional no titula y al mismo tiempo dispone de esos territorios, eso genera un conflicto entre pueblos indígenas y actividades extractivas. Ahí está el problema”, explica.

En este escenario, los traficantes de tierras aprovechan y piden a los gobiernos regionales que se les entregue constancias de posesión sobre tierras “en las que no trabajan, que no poseen y que son propiedades de los pueblos indígenas. Logran el reconocimiento de la posesión y masivamente la venden a una empresa palmicultora”, señala Másquez Salvador.

El crimen ocurrido este 1 de setiembre responde a esta dinámica que se relaciona con la gran deforestación en Ucayali y que no puede ser frenada por las fiscalías ambientales, pues tal como explica Másquez Salvador, el diseño del trabajo del Ministerio Público obstaculiza sus esfuerzos.

“Para cometer el delito de deforestación se tienen que cometer otros delitos como la falsificación de documentos o el soborno a funcionarios públicos, etc. Cuando la fiscalía ambiental descubre estos otros delitos, se genera un expediente aparte y se remite toda esa información a otra fiscalía. Estas terminan investigando el mismo hecho y no tienen grado de coordinación”, explicó.

En el caso Nueva Requena ya hay una denuncia y se encuentra en investigación. Recordemos que aquí no solo se trata del delito de deforestación, sino de un crimen.

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