05/05/2018

Ética de la función pública, por Salomón Lerner

La indignación colectiva por la incesante aparición de casos de corrupción se la comprende perfectamente y se expresa en las encuestas que sitúan a la corrupción como el primer o segundo problema más grave en la percepción ciudadana. Ahora bien, es necesario recordemos que esta no es una situación inédita. Una ola de repudio similar o mayor se manifestó al revelarse la montaña de chantajes, sobornos y desfalcos perpetrados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Eso ocurrió hace dieciocho años… Una generación después parece nos hallamos en la misma situación.

Suele decirse que las crisis son, en alguna medida, oportunidades. Obviamente, la condición para ello es que haya aprendizajes. Necesitamos reflexionar sobre el problema en su sentido más amplio. Y ello implica situar el fenómeno de la corrupción dentro de un horizonte mayor que no es otro que el de la ética pública. Esto exige complementar el enfoque fiscalizador y sancionador con una comprensión de la forma en que los principios éticos son reconocidos y practicados por las autoridades y los funcionarios estatales.

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP acaba de publicar un estudio al respecto: el libro “Ética pública y administración de justicia. Percepciones entre funcionarios del sistema judicial peruano”. Libro muy bien articulado en el que sus autores: Yván Montoya y Félix Reátegui nos ofrecen interesantes motivos de reflexión sobre Ética y Justicia en el Perú.

La obra presenta una indagación sobre la manera en que un conjunto de jueces, fiscales y miembros del personal auxiliar en el ámbito judicial experimentan los imperativos de la ética. Comentando su propia actuación y el desenvolvimiento de su entorno inmediato, magistrados y auxiliares permiten entender, entre otras cuestiones, cuáles son los factores limitantes para una conducta moralmente idónea de la administración de justicia en nuestra organización social.

Un tema central es la manera como se percibe el papel de funcionario. Aquí se presenta una tensión entre la vocación de servicio y la búsqueda de un empleo seguro. Al predominar en muchos casos lo segundo, se tiene como consecuencia que el funcionario no internaliza adecuadamente los principios específicos del papel que desempeñará. Y, en ese caso se halla en la situación de buscar una colocación laboral segura no interesándole por ello desplegar una conducta honesta y un papel socialmente valioso.

De otra parte, ciertamente,  muchos funcionarios de la administración de justicia son capaces de asumir actitudes que expresan la marginación o el trato desdeñoso a la ciudadanía por motivos étnicos o socioeconómicos. La discriminación al ciudadano percibido como pobre o étnicamente “inferior” es, por desgracia, todavía un mal incrustado en diversos espacios de la administración estatal. Los testimonios recogidos en la investigación ofrecen, por su parte, una suerte de explicación, no justificación, del fenómeno. Siendo la sociedad peruana racista, se dice, las instituciones estatales no pueden ser muy diferentes. Queda claro que la forma de encarar la cuestión, debiera ser el señalar  como así corresponde al Estado, precisamente, trazar un camino  de equidad ciudadana: vía distinta y ejemplar.

La ética de la función pública es un horizonte normativo complejo que no se reduce a la corrupción entendida como aprovechamiento económico del cargo. Esta publicación del Idehpucp propone una mirada más amplia, la de la observancia de principios éticos para transformar la relación entre Estado y ciudadanía en general.  Bueno es leerla.