12/04/2018

La corrupción que afecta los DDHH de los Pueblos Indígenas, por Gustavo Zambrano

La corrupción nos afecta a todos y todas. De acuerdo con un estudio de Transparencia Internacional del año 2017 sobre la corrupción en América Latina y el Caribe, el 62% de las personas que participaron en esta señaló que la corrupción había aumentado en sus países en los 12 meses anteriores a la fecha cuando se realizó dicho sondeo. De manera adicional, el 29% de los y las participantes indicó que habían pagado un soborno para gestionar un servicio público, (por ejemplo, para recibir una atención médica o servicios de educación). Estos indicadores nos permiten dar cuenta de que la corrupción es un problema no solo muy serio sino además extendido en la región latinoamericana. Pero, además, reforzado por encontrarse normalizado en nuestras sociedades, por lo que sus efectos negativos pasan muchas veces desapercibidos.

En este marco resulta que la corrupción tiene una clara relación, aun poco trabajada, con la afectación a los derechos humanos. Esta relación no solo se sostiene en lo referente a las inversiones que se podrían realizar con todo el dinero que se pierde por la corrupción; inclusive es necesario ver el ejercicio efectivo de los derechos humanos, ya que estos se ven afectados para ejercerse adecuadamente debido a irregularidades generadas por actos de corrupción al interior de instituciones estatales. En este escenario de corrupción y afectación de derechos humanos, los pueblos indígenas no están ajenos. Sus derechos -como los de muchos grupos en situación de vulnerabilidad- se encuentran afectados por actos de corrupción.

Debido a lo anterior, en el marco de la pasada VIII Cumbre de las Américas, los y las representantes de los pueblos indígenas reunidos en la audiencia pública denominada “El impacto de la corrupción en los derechos de los pueblos indígenas”, firmaron una Declaración dirigida a los y las mandatarios/as asistentes. En esta hacen expresa una existente relación entre desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, actos de corrupción y conflictividad social. Pero, además, resaltan puntos como:

  • La aun vital necesidad e importancia de garantizar las tierras y territorios indígenas, dado que muchas de las grandes obras cuestionadas por tener pruebas de corrupción, se generan o en territorios indígenas, o cerca de estos, afectándolos.
  • Que la promoción indiscriminada de la inversión sin controles adecuados, resulta de un caldo de cultivo para la corrupción de la conflictividad social. Se confunde la eficiencia con sacar las cosas como sea.
  • Que existen dudas razonables de que ciertas formas de actuación contra los pueblos indígenas tendrían detrás visos de corrupción que tendrían que ser investigados por las autoridades correspondientes.

Frente a lo anterior, los y las miembros representantes de los pueblos indígenas exigieron a los Jefes de Estados que estuvieron presentes en la reunión de Lima que se prioricen las acciones de garantía y protección de los territorios indígenas, se garanticen los derechos de participación política de los y las miembros de estos pueblos. De igual manera, que se realicen procesos de consulta previa, y se suspendan aquellos proyectos de inversión –sobre todo en Amazonía- cuando contravengan derechos indígenas.

Esta Declaración resulta de amplio interés para quienes trabajamos en materia de pueblos indígenas. Ello porque busca reflejar de qué manera aquellos hechos que afectan derechos de pueblos indígenas pueden ser resultado de actos de corrupción. Lo anterior exige visibilizar de qué manera los grupos vulnerables como los pueblos indígenas, por la situación en la que se encuentran, no solo viven dificultades para ejercer sus derechos, sino que ello se debería inclusive a situaciones rodeadas de corrupción, la que puede ser estructural y normalizada. Los pueblos indígenas demandan por ello que sus casos sean no solo reconocidos por los Estados, y se lleven a las instancias jurisdiccionales correspondientes, sino que además incorporen la necesidad de revisar si detrás de tales afectaciones existieron, y de qué manera, actos de corrupción.

Pero, es cierto que la corrupción afecta a todos y todas, y podría decirse que resulta redundante señalar los casos específicos. Sin embargo, cuando hacemos énfasis en que los casos de afectación de derechos humanos, por ejemplo, derechos de pueblos indígenas se siguen dando, nos permite revisar si es que ello se ha debido a la presencia de actos de corrupción. Y es quizás en este punto donde debemos de detenernos para profundizar más. La Declaración no acusa, solo quiere que revisemos.

Hay corrupción. Cada día aparecen más evidencia de su existencia, sobre todo en casos vinculados a grandes proyectos de inversión. Queda la duda. ¿Son los únicos casos? No lo sabemos. Queda la duda además de si detrás de proyectos de gran inversión que afectan derechos de pueblos indígenas como sus territorios, hay o no actos de corrupción. La Declaración resulta una alerta que no podemos esquivar. Pero no podemos acusar sin sustento, ni comenzar algún tipo de cacería de brujas. Por el momento, es solo eso: la luz roja que nos dice que debemos detenernos a ver con cuidado. Muchas de las demandas de pueblos indígenas relacionadas a afectación de sus territorios y las condiciones ambientales de estos, pueden ser acusadas de que presentan actos de corrupción detrás, pero no podemos seguir esa línea si es que no contamos con las pruebas suficientes. Lo que si podemos es estar alertas y ver con mayor cuidado situaciones que debido a que se pisó el acelerador, o se empezaron a hacerse luego de aprobaciones entre gallos y medianoche, no terminen acusados de corrupción.