28/02/2018

La naturalización de los derrames, por Gustavo Zambrano

Alguien está haciendo mal su trabajo, y eso está generando que se naturalice la violencia contra los pueblos indígenas. Nuevamente, otro derrame de petróleo. Nuevamente las comunidades nativas en Loreto denuncian que sus aguas están contaminadas. Esta última vez, el derrame se registró en el oleoducto Shiviyacu Capahuari sur del Lote 192, ubicado en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto, alcanzando a afectar a mil personas de las comunidades de Nuevo Nazareth y Nuevo Jerusalén, ubicadas en territorio del pueblo Achuar en la cuenca del río Corrientes. Más allá de esta serie de eventos desafortunados ya conocidos, me pregunto ¿tantos derrames están generando que la opinión pública ya no se sorprenda?

Cuando se dan varios derrames, fugas, sin sanciones claras, en las mismas zonas, o cercanas, deja de ser una eventualidad para convertirse en algo cotidiano.  Y eso es preocupante. ¿A qué se debe que hayan derrames tan seguidos? Hay quienes quieren resaltar que son la consecuencia de ataques, robos de terceros. De ser así, exigimos a las autoridades puedan indicar si es cierto y si hay detenidos. Pero, entonces, ¿el problema es la inseguridad? ¿la poca vigilancia? Resulta que estas roturas también estarían vinculadas a insuficiente mantenimiento, a no hacer las inversiones necesarias para mejorar tuberías y ductos gastados por la corrosión. ¿El problema es que no se han hecho los cambios que se requieren? La antigüedad aquí se convierte en el eje del problema y la solución entonces es invertir para renovar. Pero, ¿se están haciendo estos cambios? El peor escenario es que tenemos un ducto viejo fácil de romper para robar petróleo. Entonces, si ya se sabe que el ducto está viejo y deteriorado y que es fácil de romper por cualquiera que pase por ahí con una galonera, ¿qué se está haciendo para contra restar esto? ¿Se va a cambiar el tubo o solo se le está parchando? ¿el mantenimiento es el adecuado? ¿cómo se garantiza que se está haciendo bien el mantenimiento? ¿cuál es el plan de vigilancia para evitar estos robos? Da la impresión de que alguien no está haciendo bien su trabajo, o al menos no lo suficiente.

Consecuencia de lo anterior, y quizás lo más preocupante, es que estos derrames se están volviendo en algo cotidiano. Lo señalo así porque quiero resaltar el hecho de que siguen sucediendo. ¿Se han sancionado a los causantes? ¿Qué tipo de responsabilidades son las que se establecen aparte de aclarar porqué se dieron los hechos? Si bien el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha sancionado a Petroperú con 12,283.90 UIT (equivalente a S/49’749,795), en enero de este año, fue por los derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto Norperuano en las zonas de Imaza (Amazonas) y Morona (Loreto), del 25 de enero y 2 de febrero del 2016, respectivamente. Dos años después de ocurridos los hechos. Pero a partir de información del OEFA, el Observatorio Petrolero señala que desde setiembre del 2015 a la fecha han ocurrido 44 derrames de petróleo.  A parte de hacerse evaluaciones, ¿cuáles han sido las sanciones efectivas a la empresa administradora del ducto y del lote?

La imagen pública es que los derrames ocurren y no pasa nada. Y como no pasa nada, es que siguen sucediendo. ¿Estamos frente a inacción tras inacción? Los informes existen, los técnicos han hablado. Y la atmósfera es de casi una violencia aceptada, naturalizada: se está volviendo normal que los derrames ocurran y que pasen en la selva. Esto asusta. A pesar de las actas firmadas, los compromisos asumidos, los viajes a la zona, y todo lo que podemos encontrar en distintos medios de comunicación, se siguen dando los derrames. Las sanciones demoran, pero nadie habla de cerrar esta empresa. Y este es parte del problema: ¿las cosas se resuelven con plata? ¿con sanciones dinerarias que o no llegan o llegan muy tarde? Si una empresa es acusada de 40 derrames de petróleo y sigue operando sin sanciones fuertes, da la impresión de que lo que pase en esta zona del país se rige por la ley del más fuerte, y no en el marco de un Estado que garantiza derechos de ciudadanos y ciudadanas indígenas. Cada derrame afecta la vida de hombres y mujeres, niños y personas adulto mayores, que ven sus días contaminados y sin un mensaje claro de sanción, o siquiera de remediar los impactos o evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Y eso es violencia, agresión tanto al medio ambiente como a la vida de cientos de personas que ven como su entorno se va degradando.

Esperamos que nuestras autoridades, entiendan que no es normal que haya derrames y que no está bien mantener un ducto viejo y fácil de romper. Esperamos que entiendan que mantener una empresa así demuestra que se puede seguir derramando y aquí no pasa nada. Esperamos que alguien haga bien su chamba. Esperamos que se deje de generar esta idea de que es normal contaminar y no recibir sanción por ello.

*Escribe Gustavo Zambrano, coordinador del área Académica y de Investigaciones.