12/05/2015

La violencia sexual en el conflicto armado: lucha contra la impunidad

Julissa MantillaEn el año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó que la violencia sexual durante el conflicto peruano, cometida en determinados contextos, era una práctica generalizada, realizada mayoritariamente contra mujeres campesinas y en situación de vulnerabilidad. Hasta entonces se creía que solo se habían producido episodios aislados, ya que los informes nacionales no habían profundizado en el tema y tampoco existían procesos judiciales ni sentencias sobre violencia sexual. Sin embargo, la CVR identificó 538 casos de violación sexual, de los cuales 527 fueron contra mujeres. En el 2003, se iniciaron las investigaciones judiciales, que hasta el momento no han producido una sola sentencia. Segun la CEPAL, solo 16 casos de violación sexual se estaban investigando hacia el 2012, de los cuales 13 se encontraban en investigación preliminar a cargo del Ministerio Público y tres ante el Poder Judicial.

En el caso colombiano, la Corte Constitucional emitió el Auto 92 en el 2008, que señalaba que la violencia sexual en el conflicto armado era generalizada y constituía un riesgo de género que afectaba mayoritariamente a las mujeres. Sin embargo, según el informe de la Corte Penal Internacional de noviembre de 2012, solo 79 casos de violencia sexual habían sido confesados bajo los procedimientos de Justicia y Paz, sobre un total de 26,026 confesiones de exparamilitares.

Es, por tanto, claro que la impunidad rodea la investigación y judicialización de los casos de violencia sexual, sobre lo cual es necesario debatir y procurar soluciones. Problemas como la falta de tipificación penal de todas las formas de violencia sexual, que genera que los casos sean abordados como delitos comunes sujetos a prescripción; las diligencias que vulneran la dignidad de las víctimas como la solicitud del reconocimiento médico legal con el fin de obtener pruebas de la violación sexual, pese a la antigüedad de los hechos; la falta de una formación sostenida en género de los operadores jurídicos a cargo de la investigación; la inexistencia de registros oficiales y coordinados sobre los hechos; la ausencia de protocolos de investigación apropiados; el estigma que cae sobre las mujeres que deciden denunciar son algunos de los factores que impiden que las víctimas reciban un adecuado tratamiento y acompañamiento en el proceso judicial, y lleva a que, en muchos casos, desistan de denunciar o abandonen el proceso.

Por tanto, resulta de suma importancia el Seminario Violencia Sexual y Conflicto Armado: judicialización, reparaciones y experiencias comparadas, que el IDEHPUCP, la DARS y la Maestría en Estudios de Género realizarán el 12 y 13 de mayo. Este espacio es una oportunidad para el conocimiento, el debate y, sobre todo, el reconocimiento de la necesidad de luchar contra la impunidad, a partir de la discusión de los estándares internacionales para la judicialización de la violencia sexual, los aportes de la experiencia colombiana en la materia, el impacto de la violencia sexual en las víctimas y en la sociedad, así como las formas de reparación adecuadas.

Escribe: Julissa Mantilla, profesora del Departamento de Derecho y de la Maestría en Estudios de Género de la PUCP. Columna publicada originalmente en Punto Edu.