El 12 de abril elegiremos a quienes integrarán el nuevo Congreso de la República. Serán ciento noventa representantes[1] distribuidos en dos cámaras —Diputados y Senadores—, encargados de funciones clave como aprobar nuevas leyes, modificar, interpretar y derogar las vigentes.[2]
En este contexto electoral, resulta fundamental revisar qué temas han impulsado los actuales grupos parlamentarios y cuáles han sido las iniciativas priorizadas en las comisiones legislativas. Este balance permite entender mejor las agendas en disputa y los énfasis que han marcado el trabajo del Congreso en los últimos años.
Se presenta a continuación una mirada general de dieciocho (18) proyectos de ley sobre reformas constitucionales[3] en dos áreas temáticas: derechos de pueblos indígenas, y empresas y derechos humanos. No se trata de un análisis técnico sobre la viabilidad de estas propuestas, sino de un repaso de tendencias para identificar qué temas han sido promovidos y qué prioridades han marcado la actuación de los grupos parlamentarios en el periodo 2021–2026.
Derechos de los Pueblos indígenas y originarios, y comunidades campesinas y nativas
La mitad de los proyectos de ley identificados (9) estuvo orientada a promover reformas constitucionales vinculadas con los derechos de los pueblos indígenas y originarios, así como de las comunidades campesinas y nativas.[4]
Durante el periodo 2021–2026, el grupo parlamentario Perú Libre presentó cuatro (4) proyectos de ley orientados a modificar la Constitución. Estas iniciativas buscaron, entre otros puntos, reconocer la función jurisdiccional de las comunidades campesinas y nativas (1424/2021-CR), fortalecer el derecho a la consulta previa (1661/2021-CR y 8579/2024-CR), y establecer un conjunto de once derechos para las comunidades campesinas y nativas, como la consulta previa, la libre determinación de su desarrollo, la titulación y uso de sus tierras (3531/2022-CR).
Por su parte, el grupo parlamentario Cambio Democrático – Juntos por el Perú propuso la incorporación de un artículo en la Constitución para reforzar el reconocimiento del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios (8485/2023-CR).
El Bloque Magisterial de Concertación Nacional planteó la modificación del artículo 90 de la Constitución relativo a la composición del Congreso con el objetivo de incorporar la representación de los pueblos indígenas u originarios y de la población afroperuana (4238/2022-CR).
En la misma línea, Acción Popular también propuso la modificación del mismo artículo constitucional (4625/2022-CR), planteando el establecimiento de cuotas electorales mínimas de representación, entre ellas, la asignación de cinco (5) escaños para la población indígena u originaria, entre otras disposiciones.
Mientras tanto, el grupo parlamentario Somos Perú impulsó un proyecto de ley que proponía modificar los artículos 88 y 89 de la Constitución (6536/2023-CR). La iniciativa buscaba, por un lado, limitar el alcance de las tierras comunales y nativas, así como precisar que las tierras costeras eriazas o en abandono —entre otras— son de dominio del Estado. Por otro lado, planteaba restringir ciertos derechos vinculados a las tierras de las comunidades campesinas y nativas.
Finalmente, un conjunto de congresistas no agrupados[5] presentó otra iniciativa sobre la misma materia (7684/2023-CR), orientada a reconocer el derecho de propiedad de las referidas comunidades no solo respecto del suelo, sino también sobre el subsuelo de sus tierras, así como su participación en los beneficios derivados de los recursos naturales
Estado de los proyectos
Todos los proyectos fueron enviados principalmente a la Comisión de Constitución y Reglamento[6], excepto el presentado por Somos Perú, que también fue derivado a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología[7].
Hasta ahora, ninguno de los nueve (9) proyectos ha avanzado más allá de esta etapa: todos siguen en estudio en las comisiones.[8] Según el Reglamento del Congreso, las comisiones tienen un máximo de sesenta días útiles para emitir un dictamen (artículo 77), plazo que ya se ha cumplido en todos los casos.
Medio ambiente en la agenda legislativa
Seis (6) proyectos de ley promovieron la protección del medio ambiente y el agua, incluidas las cabeceras de cuenca por ser zonas ambientalmente vulnerables.[9]
El grupo parlamentario de Perú Libre presentó dos iniciativas. La primera (7968/2023-CR), buscó reconocer e incorporar el derecho al agua potable y al saneamiento como derechos fundamentales. Además, propuso un artículo sobre los recursos hídricos que establecía que el agua no puede ser objeto de concesión ni privatización. También planteó la modificación de otros artículos constitucionales relacionados con el manejo sostenible del agua, su dominio y la protección de fuentes, manantiales, espejos y aguas subterráneas, incluyendo una garantía expresa para el río Amazonas como reserva hídrica nacional. La segunda iniciativa (2221/2021-CR), propuso modificaciones a varios artículos constitucionales sobre recursos naturales, incluyendo su utilización y concesión a instituciones públicas, privadas y mixtas.
Por otro lado, el grupo parlamentario Cambio Democrático – Juntos por el Perú planteó, a través del proyecto 2305/2021-CR, precisar la protección efectiva de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación del Estado de garantizar la conservación de los ecosistemas dentro del territorio nacional.
Por su parte, Alianza para el Progreso propuso la modificación del artículo 2 de la Constitución para precisar el derecho fundamental a gozar de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (4050/2022-CR). En un sentido similar, el Bloque Magisterial de Concertación Nacional planteó la obligación estatal de garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (7556/2023-CR).
Finalmente, el grupo parlamentario Juntos por el Perú – Voces del Pueblo presentó el proyecto 11494/2024-CR, orientado a declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenta y del agua potable. La iniciativa buscó limitar la expropiación o privatización del recurso hídrico a los Centros Poblados, Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y población afroperuana, y prohibir la concesión de estos bienes.
Estado de los proyectos
Al igual que los proyectos mencionados en el apartado anterior, todos fueron derivados únicamente a la Comisión de Constitución y Reglamento[10], excepto el proyecto de Alianza para el Progreso, que también se remitió a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. [11]
Hasta la fecha, cinco (5) de los seis (6) proyectos[12] no han registrado actividad adicional desde su presentación, permaneciendo todos en la etapa de estudio en comisiones.[13] En todos los casos, la Comisión de Constitución y Reglamento no cumplió con el plazo máximo establecido por el Reglamento del Congreso para emitir dictamen, que es de sesenta días útiles (artículo 77).
Derechos de la naturaleza en la agenda parlamentaria
Un (1) proyecto de ley propuso el reconocimiento de derechos a la naturaleza, los ecosistemas y las especies.[14]
El grupo parlamentario Perú Libre promovió la reforma constitucional de un conjunto de artículos. Entre ellos, planteó el reconocimiento de un medio ambiente sostenible, saludable y adecuado al desarrollo de todas las personas y seres vivos. El proyecto también planteó la obligación del Estado de proteger la naturaleza, los ecosistemas y todas las especies que los habitan, así como el reconocimiento de sus derechos a desarrollo, restauración y regeneración (10999/2024-CR).
Estado del proyecto
De la misma manera que otros proyectos, fue remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento[15], y hasta la fecha, no ha registrado actividad adicional desde su presentación en mayo de 2025. En este caso, la comisión también excedió el plazo máximo establecido por el Reglamento del Congreso para emitir dictamen.
El Congreso y las reglas del juego económico: empresas y actividades productivas
Dos (2) proyectos de ley plantearon modificaciones al sistema económico y establecieron limitaciones a la libertad de empresa, comercio e industria.[16]
Por un lado, Cambio Democrático – Juntos por el Perú propuso la modificación total de título III sobre el régimen económico de la Constitución (2861/2022-CR). Entre otras medidas, planteó nuevos principios rectores del sistema, como eficiencia, solidaridad, sustentabilidad, calidad y respeto a los derechos fundamentales. Además, incluyó limitaciones expresas a la libertad de empresa, comercio e industria, como la prohibición de vulnerar el medio ambiente y la seguridad de las comunidades nativas y campesinas. El proyecto también planteó que el Estado puede desarrollar actividad empresarial cuando exista interés general y lo habilitó a incentivar la mejora de los salarios considerando la productividad.
Por otro lado, el grupo parlamentario Alianza para el Progreso buscó la modificación constitucional del artículo 88, orientada a aprobar políticas nacionales que permitan al Estado promover la actividad agropecuaria (12146/2025-CR).
Estado de los proyectos
El proyecto de Cambio Democrático – Juntos por el Perú fue remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento y a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera[17], mientras que el proyecto de Alianza para el Progreso fue derivado únicamente a la Comisión de Constitución y Reglamento.
Al igual que en los casos anteriores, ninguno de los dos proyectos ha registrado actividad adicional desde su presentación. Nuevamente, las comisiones mencionadas excedieron el plazo reglamentario establecido para emitir sus dictámenes.
Cierre
En el periodo analizado, los proyectos de ley muestran las prioridades de seis (6) grupos parlamentarios[18] y de congresistas no agrupados, en temas centrales como derechos de los pueblos indígenas, medio ambiente, derecho de la naturaleza y regulación de la actividad empresarial.
Perú Libre se posiciona como el grupo más activo, promoviendo siete (7) de los dieciocho (18) proyectos, abordando todos los subtemas mencionados en esta nota. Por su parte, Acción Popular centró su interés en la representación política de la población indígena u originaria, mientras que Alianza para el Progreso presentó dos (2) proyectos enfocados en el derecho a un medio ambiente limpio y en la promoción de la actividad agropecuaria.
El Bloque Magisterial de Concertación Nacional también presentó dos (2) iniciativas, orientadas a garantizar la representación de los pueblos indígenas y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. En contraste, Somos Perú concentró su interés en limitar el alcance de las tierras comunales y nativas, así como ciertos derechos asociados a estas tierras. Por su parte, congresistas no agrupados propusieron reconocer la propiedad de las comunidades campesinas y nativas sobre sus tierras, así como su participación en los beneficios de los recursos naturales.
Finalmente, Cambio Democrático – Juntos por el Perú priorizó cuatro (4) proyectos centrados en la protección de un medio ambiente sano, la intangibilidad de cabeceras de cuenca y agua potable, el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y la modificación del régimen económico de la Constitución.
En síntesis, los proyectos de ley presentados durante el periodo analizado reflejan los temas prioritarios de los distintos grupos parlamentarios. Sin embargo, ninguna de las iniciativas avanzó más allá de la etapa de estudio en comisiones, y en todos los casos, las comisiones superaron los plazos establecidos por el Reglamento del Congreso, dejando en evidencia el desinterés de los grupos que presidieron las comisiones.
*Investigadora del Área académica y de investigaciones del IDEHPUCP y docente PUCP.
[1] Es decir, 60 personas más que el actual Congreso.
[2] Artículos 102, 102-A y 102-B de la Constitución. Artículos modificados e incorporados por la Ley Nº 31988, Ley de Reforma Constitucional publicada el 20 marzo 2024. Norma que entrará en vigor a partir de las próximas elecciones generales.
[3] Los dieciocho (18) proyectos de ley han sido seleccionados utilizando la base de datos elaborada por Daniela Alexandra Pulido Ramírez y Connie Ángeles Pérez Baca, integrantes del Área académica y de investigaciones del IDEHPUCP.
[4] Presentados entre marzo de 2022 y agosto de 2024.
[5] Bernardo Quito Sarmiento, Silvana Robles Araujo, Isabel Cortez Aguirre y Alfredo Pariona Sinche.
[6] En el periodo analizado, la comisión estuvo bajo la presidencia del grupo parlamentario Fuerza Popular.
[7] En el periodo analizado, la comisión estuvo bajo la presidencia de los grupos parlamentarios Perú Libre, Cambio democrático-Juntos por el Perú, y Juntos por el Perú-Voces del pueblo.
[8] Segunda etapa del procedimiento legislativo (de un total de seis). Artículo 73 del Reglamento del Congreso.
[9] Presentados entre junio del 2022 y junio del 2025.
[10] En el periodo analizado, la comisión estuvo bajo la presidencia del grupo parlamentario Fuerza Popular.
[11] En el periodo analizado, la comisión estuvo bajo la presidencia del grupo parlamentario Perú Libre.
[12] El proyecto de ley N° 4050/2022-CR cuenta con el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del 4 de marzo del 2025. Sin embargo, aún está pendiente el dictamen de la Constitución y Reglamento.
[13] Segunda etapa del procedimiento legislativo (de un total de seis). Artículo 73 del Reglamento del Congreso.
[14] Este proyecto fue presentado en mayo del 2025.
[15] En el periodo analizado, la comisión estuvo bajo la presidencia del grupo parlamentario Fuerza Popular.
[16] Los proyectos fueron presentados en agosto del 2022 y agosto del 2025, respectivamente.
[17] En el periodo analizado, ambas comisiones estuvieron bajo la presidencia del grupo parlamentario Fuerza Popular.
[18] Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Somos Perú y Cambio Democrático – Juntos por el Perú.
