Por Iris Jave (*)
¿Qué ha cambiado en las formas de participar políticamente? Esta pregunta no tiene sentido normativo, sino analítico; es decir, no se refiere a qué debería cambiar sino a qué estrategias se han transformado, cuáles persisten y qué nos dicen esas continuidades y rupturas sobre cómo se construye la actoría política hoy. Esta interrogante aparentemente sencilla abre un campo interpretativo complejo cuando se la formula desde los márgenes del sistema político, es decir, desde las comunidades que han sido históricamente excluidas de sus circuitos formales.
Para responder esta pregunta apelo a investigaciones realizadas en los últimos años que se nutren del acompañamiento, la observación y el aprendizaje de organizaciones indígenas y de víctimas del conflicto armado interno en el Perú. Desde ese anclaje histórico busco extender la mirada hacia formas contemporáneas de participación -como activismos de datos, colectivos ambientales, redes de incidencia digital- no para equipararlos de forma mecánica sino para comprender qué ha cambiado, qué persiste y qué nos enseña esa comparación sobre las condiciones de una participación política sostenida.
Una doble exclusión estructural
En doscientos años de vida republicana, sólo una líder indígena ha sido elegida al Congreso de la República, pese a que el 26% de la población del país se autoidentifica como indígena. Esta cifra no constituye un dato aislado; es la expresión contemporánea de lo que Cotler (1978) denominó una herencia colonial de la subordinación, que naturaliza jerarquías étnico-raciales y limita estructuralmente el acceso al poder político de amplios sectores de la población.
A esta exclusión estructural se superpone una segunda capa de violencia histórica. El conflicto armado interno (1980-2000) vino a agudizar esa situación: más de 69.000 víctimas, de las cuales el 75% tenía el quechua como lengua materna, procedía de áreas rurales y se encontraba en situación de pobreza. Ayacucho concentró el 40% del total nacional de víctimas. El caso del pueblo asháninka ilustra con particular crudeza la magnitud del daño: más de 6.000 personas asesinadas o desaparecidas y casi la mitad del pueblo sometida a desplazamiento forzado o cautiverio (CVR 2003). Lo que interesa subrayar aquí no es únicamente la magnitud del daño, sino la forma en que se construyó el relato del posconflicto. Estas comunidades fueron identificadas como víctimas: una categoría necesaria para el reconocimiento jurídico y las políticas de reparación, pero insuficiente para contener lo que estas mujeres y comunidades hicieron en pleno conflicto armado y continúan hasta hoy, mediante otras formas de participación e incidencia: organizándose, decidiendo, resistiendo. Fueron nombradas víctimas, pero asumieron roles de organizadoras, negociadoras o productoras de memoria mucho antes de que nadie les reconociera esa capacidad.
La emergencia de nuevos sujetos políticos
Durante el periodo posconflicto surgieron nuevos sujetos colectivos que, desde la memoria del daño y la experiencia de la exclusión, comenzaron a disputar espacios de reconocimiento y participación, politizando el dolor y la memoria. Varias organizaciones resultan paradigmáticas en este proceso, como la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), fundada en 1983 por mujeres en Ayacucho, y la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados y Torturados del Perú (ANFADET), fundada en 1987 en Lima.
Estas organizaciones no se limitaron a reclamar derechos. Además, buscaron reconfigurar su lugar en la esfera pública disputando los sentidos de cómo hacer política desde sus propios afectos y afectaciones; participaron activamente en la formulación de la Ley de Reparaciones de 2004 y la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas de 2016; presentaron casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; impulsaron espacios de memoria como el Museo Para que no se repita y la Casa de la Memoria Viva, respectivamente, articulando marchas, acciones de incidencia y estrategias de litigio en un repertorio de acción sostenido durante décadas.
Una ecología política desde la vulnerabilidad
Para analizar estos procesos, resulta productivo pensar en términos de lo que podría denominarse una ecología política del posconflicto. Este concepto, adoptado y reelaborado desde la tradición de la ecología política (Escobar, 2006), permite examinar cómo se distribuyen el poder y los recursos en contextos de transformación, atendiendo a las configuraciones relacionales entre actantes humanos y no humanos que producen formas situadas de agencia y poder político. En estos entramados, siguiendo a Latour (2005), la agencia no emerge exclusivamente de sujetos racionales individuales, sino de redes donde materialidades, ritualidades, territorialidades y prácticas comunitarias operan como actantes que median la construcción de sentido político.
Las prendas de los desaparecidos que custodian las mujeres de la ANFASEP, las banderolas de las primeras marchas, la cruz instalada en demanda del Santuario de la memoria: ninguno de estos objetos es un símbolo pasivo, sino que intervienen activamente en la configuración de identidades, en el mantenimiento de la memoria colectiva y en la producción de demandas políticas. En esta misma dirección, siguiendo a Ahmed (2004), las emociones y las memorias no son expresiones de subjetividades individuales, sino fuerzas constitutivas que reconfiguran las posibilidades de justicia y democracia en sociedades posconflicto. Lo afectivo no es lo opuesto a lo político: es su infraestructura. Y estas organizaciones lo saben y lo practican, aunque no siempre lo formulen en esos términos teóricos.
Nuevos activismos: continuidades y rupturas
Si se dirige la mirada hacia formas más recientes de participación, colectivos socioambientales, las redes de incidencia digital o los activismos de datos, se encuentra un paisaje que en algunos aspectos es radicalmente distinto y en otros resulta familiar. Lo que ha cambiado son, principalmente, las herramientas y los tiempos: los activistas de datos producen evidencia propia para disputar narrativas oficiales; los colectivos ambientales articulan demandas locales con agendas globales en tiempo real. Pero algo permanece: los movimientos socioambientales que hoy disputan el modelo extractivista articulan identidades territoriales y memorias de despojo con raíces mucho más largas. El boom del caucho en la Amazonía a fines del siglo XIX forma parte del mismo continuo histórico que el conflicto armado de 1980 al 2000. No son fenómenos separados: son capítulos de la misma historia sobre la cual se construyen, también, las formas contemporáneas de resistencia.Tanto las mujeres de la ANFASEP que reivindican una memoria reciente por la violencia del conflicto armado, como el colectivo Tsiuni, formado por jóvenes indígenas que hoy demandan investigar los crímenes durante la explotación del caucho, a principios del siglo XX, están haciendo política desde sus propias identidades, sus luchas no acaban en el presente, viajan al pasado y se sitúan en el territorio, en las materialidades y en las afectaciones, no solo pasa por la política institucional sino que busca anclarse en lo colectivo.
En ese sentido, es posible identificar al menos tres diferencias entre las organizaciones históricas de víctimas y los nuevos activismos. La primera es temporal: las organizaciones de víctimas operan en tiempos largos, con décadas de acumulación de legitimidad; los nuevos activismos responden más rápidamente, con menos experiencia organizativa pero con voluntad de anclarse en nuevos formatos. La segunda es territorial, para las mujeres de la ANFASEP, la presencia física ha sido parte central de su estrategia política; los activismos digitales amplían el alcance, pero pueden diluir ese anclaje corporal y espacial. La tercera es identitaria: estas organizaciones han convertido su condición -indígenas, víctimas- en el argumento central de su participación, una identidad encarnada e incontestable que los nuevos activismos, con identidades más difusas y fluidas, no siempre pueden invocar con la misma fuerza.
No intento proponer una jerarquía entre las formas de participación política, pero sí señalar que los activismos contemporáneos tienen mucho que aprender -y dialogar- de la acumulación histórica de organizaciones como la ANFASEP. La participación sostenida requiere algo más que visibilidad. Requiere organización, anclaje territorial y una identidad colectiva para resistir el desgaste del tiempo. Y sobre todo implica reconocer que los afectos, las memorias y los objetos no son el complemento emocional de la política: son su sustrato. Desde uno de los márgenes más extremos del sistema político peruano, cargando prendas de sus desaparecidos, tejiendo memorias colectivas y disputando palmo a palmo su lugar como actoras políticas legítimas, las mujeres de la ANFASEP llevan más de cuarenta años demostrando que eso es posible.
(*) Investigadora IDEHPUCP.
Referencias
Ahmed, S. (2004). The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh University Press.
Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) (2003). Informe Final. Lima: CVR.
Cotler, J. (1978). Clases, Estado y nación en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos.
Escobar, A. (2006). Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes. Duke University Press.
Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford University Press.
