Escrito por Andrea Luque Armestar (*) y Connie Pérez Baca (**)
Recientemente se conoció la emisión de una decisión judicial en lengua awajún. El referido fallo del Juzgado de Yutupis, en Condorcanqui (Amazonas), incluyó la transcripción de la parte resolutiva que dispuso la prisión preventiva contra Wilde Jempe Nugkum (33), acusado de violación sexual de una menor de edad, así como medidas de protección orientadas a evitar represalias o estigmatización contra la víctima dentro de su comunidad.[1] La utilización de dicha transcripción respondió al hecho de que tanto el padre de la víctima como el abogado del inculpado tienen como lengua materna el awajún.
Desde la perspectiva de la justicia intercultural, es posible afirmar que nos encontramos ante un avance mínimo, en tanto toda persona involucrada en cualquier tipo de proceso tiene derecho a que este se desarrolle en su propia lengua.[2] Sin embargo, el objetivo de la presente nota es recordar el trasfondo de la decisión de prisión preventiva, el cual debe interpelar a nuestra sociedad: la persistencia de casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en Condorcanqui (Amazonas).
Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), durante el 2024 el Centro Emergencia Mujer (CEM) de Condorcanqui atendió 362 casos[3], de los cuales 196 correspondieron a NNA entre 0 y 17 años. Asimismo, del total de atenciones registradas en ese periodo, 235 estuvieron referidas a NNA víctimas de violencia sexual (165) y violación sexual (70). El MIMP agrega que, según los casos registrados entre el CEM y Servicio de Atención Rural de Condorcanqui, en 64 casos de violencia sexual en agravio de NNA el presunto agresor fue un docente.[4]
Si bien las denuncias sobre violencia sexual a niñas y adolescentes en Amazonas no son recientes, resulta importante recordar también las cuestionadas declaraciones de los entonces ministros de Educación, Morgan Quero, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, quienes atribuyeron esta problemática a supuestas “prácticas culturales”, frente a las denuncias formuladas por lideresas wampís y awajún en 2024.[5]
En el marco de la elección del 7 de junio, la presente nota analiza preliminarmente los planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú para identificar cuáles son sus propuestas frente a situaciones como la antes descrita.
Valores y principios en los planes de gobierno
Fuerza Popular recoge un decálogo que incluye los valores y principios que orientan su ideario y acción política. En este documento reconoce expresamente el respeto a las comunidades nativas e indígenas. Asimismo, sostiene que la educación constituye un derecho y una obligación de los padres, mientras que el Estado cumple un rol subsidiario.[6] Por su parte, Juntos por el Perú incorpora el enfoque de interculturalidad en relación con dos derechos fundamentales: la salud y la educación.[7]
Propuestas frente a la violencia sexual contra NNA
Ambas propuestas reconocen la gravedad de la violencia sexual y física contra NNA, así como la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención y protección. Sin embargo, difieren en los enfoques y principios.
Fuerza Popular propone:
- el fortalecimiento de las familias mediante la promoción de una crianza positiva orientada a prevenir la violencia contra niños y adolescentes, incluida la violencia sexual[8];
- el establecimiento de un sistema especializado de protección y justicia para la atención de niñas y adolescentes víctimas y sobrevivientes de violencia sexual[9]; y
- la implementación del programa “Familia y Colegio Protegen” en el marco de la Educación Básica Regular, con el objetivo de crear un sistema nacional de alerta temprana en los colegios que detecte riesgos de violencia sexual, embarazo adolescente, entre otros. La propuesta incluye la obligación de coordinación inmediata entre distintas entidades estatales, bajo sanción por omisión.[10]
Por su parte, Juntos por el Perú propone:
- la ampliación de los servicios de protección para mujeres víctimas de violencia, adolescentes en riesgo y personas vulnerables. Asimismo, considera prioritarias la prevención desde la escuela, la atención a la salud mental y el fortalecimiento de redes de apoyo comunitarias[11];
- el incremento del porcentaje del PBI destinado a la protección infantil, con la finalidad de reducir los casos de violencia sexual y física contra NNA[12]; y
- el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI), especialmente en zonas rurales, con el objetivo de disminuir los casos de embarazo adolescente.[13]
De acuerdo con lo anterior, se advierte que Fuerza Popular no hace referencia a las causas estructurales de la violencia ni menciona expresamente la ESI. Por el contrario, enfatiza el rol subsidiario del Estado en la educación y refuerza el papel de los padres en la crianza positiva.
En contraste, Juntos por el Perú desarrolla un enfoque más integral y preventivo, orientado a abordar las causas sociales de la violencia. Su propuesta incorpora elementos de protección social, salud mental, redes comunitarias y fortalecimiento de la ESI, particularmente en zonas rurales. Además, plantea explícitamente incrementar el presupuesto público destinado a la protección infantil.
A modo de conclusión
La reciente decisión judicial emitida parcialmente en lengua awajún constituye un avance relevante desde la perspectiva de la justicia intercultural. Sin embargo, este hecho no debe desviar la atención del problema estructural que subyace al caso: la persistencia y gravedad de la violencia sexual contra NNA en Condorcanqui y, en general, en la Amazonía peruana.
Las cifras del MIMP muestran que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática sistemática que afecta especialmente a NNA indígenas. La existencia de casos en los que los presuntos agresores son docentes evidencia, además, una profunda crisis de confianza respecto de espacios que deberían garantizar protección y cuidado.
En este contexto, el análisis preliminar de los planes de gobierno permite advertir diferencias importantes en la forma de comprender y enfrentar la violencia sexual contra NNA. Las diferencias no son menores, pues reflejan distintas concepciones sobre el rol del Estado, la educación y las causas estructurales de la violencia.
También resulta preocupante recordar que, frente a las denuncias formuladas en 2024, algunas autoridades del Ejecutivo atribuyeron esta problemática a supuestas “prácticas culturales”. Este tipo de afirmaciones reproduce estigmas hacia los pueblos indígenas y dificulta la construcción de respuestas interculturales adecuadas.
Por ello, el debate electoral no debe limitarse a propuestas generales de seguridad o protección, sino que tiene que incluir una discusión seria sobre las políticas públicas necesarias para enfrentar la violencia sexual contra NNA desde un enfoque de derechos, interculturalidad y género. Elegir a quienes conducirán la política general de gobierno implica también decidir qué tipo de respuesta estatal se dará frente a problemas tan urgentes y estructurales como la violencia sexual en la Amazonía peruana.
(*) Investigadora del Área académica y de investigaciones del IDEHPUCP y docente PUCP.
(**) Integrante del Área académica y de investigaciones del IDEHPUCP.
[1] Ver notas de la República y de Andina del 17 de mayo de 2026.
[2] Constitución Política del Perú (1993). Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. (…). Artículo 48.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.
[3] 320 de mujeres y 42 de varones.
[4] MIMP (2025). XVIII Informe de avances en el cumplimiento de la Ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Pág. 60.
[5] Ver, Boletín del IDEHPUCP, nota de M. Villasante del 25 de junio de 2024.
[6] Plan de Gobierno de Fuerza Popular. Decálogo, numeral 10 y 2. Pág. 10.
[7] Plan de Gobierno de Juntos por el Perú. Ideario, numeral 13. Pág. 6.
[8] Plan de Gobierno de Fuerza Popular. Pág. 82.
[9] Plan de Gobierno de Fuerza Popular. Pág. 82.
[10] Plan de Gobierno de Fuerza Popular. Pág. 92.
[11] Plan de Gobierno de Juntos por el Perú. Pág. 23.
[12] Plan de Gobierno de Juntos por el Perú. Pág. 52.
[13] Plan de Gobierno de Juntos por el Perú. Pág. 56.
