Por Kathy Subirana Abanto (*)
El 9 de octubre de 2026, durante el acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental organizado por la Confederación Salud Mental España, la reina Letizia reclamó que los tratamientos y la atención especializada sean de “acceso universal y real”, tanto para quienes tienen patologías mentales severas como para quienes experimentan sufrimiento emocional. Ese día recordó el caso de una mujer que perdió a su hija y a su marido en las inundaciones de Valencia y describió cómo el trauma puede manifestarse en insomnio, ansiedad, estrés y miedo. También advirtió que el malestar no siempre tiene un origen evidente: alguien puede sufrir un ataque de pánico camino al trabajo sin que su entorno comprenda lo que le ocurre. Su mensaje apunta a que el sufrimiento psicológico no siempre es visible, pero merece atención.
Cuidar la salud mental no depende solo de la voluntad individual. Tampoco es un tema que se resuelva únicamente en un consultorio. Hablar de salud mental supone hablar de servicios de salud accesibles, condiciones de vida dignas y entornos libres de violencia y discriminación. Pero ¿cómo garantizarla en una sociedad donde las oportunidades para cuidar el bienestar emocional siguen siendo profundamente desiguales?
En 1992 la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH, por sus siglas en inglés), promovió la proclamación del 10 de octubre como el Día Mundial de Salud Mental. Posteriormente fue adoptado y promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas entidades sanitarias internacionales, al reconocer la importancia de concientizar a la población sobre los problemas de salud mental, reducir el estigma social y fomentar políticas públicas para el bienestar psicológico.
En esta edición del Día Mundial de la Salud Mental, la OMS propone que pasemos de una actitud de escucha a la acción, y construyamos los sistemas de salud mental junto con las personas con experiencia vivida, no solo para ellos. Por ello, se eligió el lema “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real”.
Una crisis que atraviesa el mundo
La magnitud del problema es considerable. La ficha informativa Mental disorders, publicada por la OMS el 11 de septiembre de 2026, estima que en 2023 alrededor de 1.200 millones de personas vivían con algún trastorno mental: casi una de cada siete en el mundo. Los trastornos de ansiedad y depresión se encuentran entre los más frecuentes. La organización advierte, además, que la mayoría de las personas afectadas no acceden a una atención eficaz.
En América Latina y el Caribe, la brecha de atención es especialmente preocupante. La web temática Salud mental, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que más del 77,9 % de las personas que necesitan atención por trastornos mentales en esta subregión no la reciben. Asimismo, el Atlas de Salud Mental 2024, publicado por la OMS en 2025, indica que los países de la Región de las Américas destinan en promedio apenas el 2,1% de sus presupuestos sanitarios a la salud mental; de ese gasto, el 42% se dirige a hospitales psiquiátricos. Estas cifras muestran que el desafío no consiste solamente en reconocer el problema, sino en financiar y organizar servicios capaces de responder a él.
En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que los establecimientos del sector atendieron 1.862.186 casos relacionados con la salud mental durante 2024. De ellos, 386.158 fueron atendidos en los 291 centros de salud mental comunitaria que funcionan en el país. Las cifras corresponden a atenciones registradas, no al número total de personas afectadas, pero permiten dimensionar la demanda sobre los servicios públicos.
No existe una sola causa
Para comprender la salud mental es necesario considerar tanto los factores individuales como las condiciones sociales. El Informe mundial sobre salud mental: transformar la salud mental para todos (OMS, 2022), plantea que el bienestar psicológico se encuentra determinado por la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Algunas condiciones presentan componentes genéticos y neurobiológicos como en la esquizofrenia, por ejemplo, aunque ninguno determina por sí solo que una persona desarrollará el trastorno. También existe una contribución genética al riesgo de desarrollar trastorno bipolar y depresión. Esto no significa que sean enfermedades exclusivamente hereditarias ni que tengan una única causa. La historia personal, las experiencias de vida y el entorno también importan.
La medicina ha ampliado las posibilidades de tratamiento. La esquizofrenia, que históricamente se abordó con frecuencia mediante internamientos prolongados y aislamiento, hoy puede tratarse con medicamentos antipsicóticos, psicoterapia, intervenciones familiares y rehabilitación psicosocial. La ficha informativa Schizophrenia, publicada por la OMS el 6 de octubre de 2025, señala que al menos una de cada tres personas con esquizofrenia puede recuperarse completamente y recomienda fortalecer la atención comunitaria. El tratamiento ya no debería entenderse como el simple control de síntomas, sino como un proceso que permite recuperar autonomía, vínculos y participación social.
Sin embargo, no todo sufrimiento se explica por un trastorno de origen biológico. La pobreza, la inseguridad, la violencia, la discriminación y la incertidumbre económica también afectan el bienestar. Las jornadas laborales excesivas, el acoso en el trabajo, la precariedad laboral, económica y habitacional y las responsabilidades de cuidado sin apoyo pueden provocar o agravar el malestar emocional. En sociedades atravesadas por la corrupción y la inestabilidad política, la desconfianza en las instituciones y la sensación de falta de control también pueden profundizar la incertidumbre. Esto no significa que todas las personas expuestas a esas condiciones desarrollen un trastorno. Significa que no podemos reducir la salud mental a la capacidad de cada individuo para adaptarse. Recomendar descanso a quien trabaja en condiciones abusivas no sustituye la obligación de garantizar un empleo digno, y pedir tranquilidad a una familia que no puede cubrir sus necesidades básicas tampoco resuelve las causas de su angustia.
Por otro lado, el estigma no es una preocupación abstracta. En 2009, un estudio publicado en la revista médica The Lancet, titulado “Global pattern of experienced and anticipated discrimination against people with schizophrenia”, examinó las experiencias de 732 personas con esquizofrenia en 27 países. El 47% declaró haber sufrido discriminación al hacer amistades o mantenerlas; el 43%, por parte de familiares; y el 29%, al buscar trabajo. Además, el 72% sentía que debía ocultar su diagnóstico. Los resultados muestran cómo el prejuicio puede convertirse en exclusión concreta. Si una persona teme que revelar su diagnóstico le impida conseguir empleo, quizá evite pedir ayuda o comunicar sus necesidades. Si su familia interpreta la depresión como falta de voluntad, puede minimizar sus síntomas. Y cuando los medios de comunicación asocian automáticamente los trastornos mentales con la violencia, contribuyen a reforzar temores y estereotipos.
La Comisión de The Lancet para acabar con el estigma y la discriminación en salud mental, publicada en octubre de 2022, concluyó que estas barreras afectan las oportunidades educativas, laborales y sociales de las personas. Por eso, no estigmatizar significa mucho más que emplear palabras respetuosas: implica no excluir, no ridiculizar y no utilizar un diagnóstico para desacreditar a alguien.
Dos sistemas, oportunidades desiguales
En el Perú, la Ley N.° 30947, Ley de Salud Mental, reconoce el derecho a acceder a servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Uno de sus avances es el impulso del modelo comunitario, que busca acercar la atención a los territorios y evitar que la respuesta se limite a los hospitales psiquiátricos.
La red pública cuenta con centros de salud mental comunitaria, servicios en hospitales generales y establecimientos de atención primaria. Su expansión es un avance importante, pero persisten desafíos: garantizar suficientes profesionales, reducir los tiempos de espera, asegurar la continuidad de los tratamientos y atender a las poblaciones que viven lejos de los servicios. El Minsa informó en mayo de 2025 que, además de los 291 centros comunitarios, el país contaba con 52 unidades de hospitalización especializadas en hospitales generales, 94 hogares protegidos y 1.764 establecimientos del primer nivel con profesionales de psicología. La cobertura institucional, sin embargo, no garantiza por sí sola que todas las personas puedan recibir atención oportuna y sostenida.
El sistema privado puede ofrecer consultas especializadas, mayor flexibilidad horaria y continuidad con un mismo profesional, según el servicio contratado. Pero el acceso depende de la capacidad de pago, la cobertura del seguro y la disponibilidad de especialistas. Una consulta semanal puede resultar inviable para una familia que debe priorizar alimentación, alquiler y transporte.
La desigualdad va más allá del dinero. Quien tiene un empleo flexible, tiempo libre, una vivienda segura y una red de apoyo dispone de mejores condiciones para sostener un tratamiento. En cambio, quien trabaja jornadas extensas, cuida a familiares sin remuneración o vive lejos de los servicios puede encontrar barreras incluso cuando existe atención disponible. Así, el cuidado de la salud mental se convierte en un privilegio no solo económico, sino también social.
La atención no termina con una receta
La medicación es importante y puede ser indispensable para determinadas condiciones. Sin embargo, no constituye la única respuesta. El informe conjunto “Salud mental, derechos humanos y legislación: orientación y práctica”, publicado por la OMS y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de octubre de 2023, recomienda servicios centrados en la persona, atención comunitaria y medidas que promuevan la autonomía y la recuperación. La atención puede combinar medicamentos, psicoterapia, psicoeducación, rehabilitación psicosocial y acompañamiento familiar, según las necesidades de cada persona.
También es necesario revisar prácticas que vulneran derechos. El mismo informe documenta problemas como los internamientos involuntarios, los tratamientos forzados, el aislamiento en habitaciones cerradas, las sujeciones físicas y los abusos físicos, psicológicos o emocionales. Estas medidas pueden restringir la libertad, agravar el sufrimiento y separar a las personas de sus redes de apoyo. La guía insta a transformar los servicios para que el consentimiento libre e informado sea la base de las intervenciones y para que las restricciones coercitivas dejen de ser la respuesta habitual.
Esto no significa negar que existan situaciones de crisis que requieran atención urgente, sino que la respuesta debe respetar la dignidad, la integridad y los derechos de la persona, empleando alternativas menos restrictivas y salvaguardas adecuadas. La discapacidad psicosocial o un diagnóstico psiquiátrico no justifican automáticamente quitarle a alguien la posibilidad de decidir sobre su vida.
La prevención también es fundamental. Las escuelas pueden enseñar a reconocer emociones y pedir ayuda; los centros laborales pueden prevenir el acoso y las jornadas abusivas; y las comunidades pueden fortalecer las redes de acompañamiento. Estas medidas no sustituyen la atención profesional cuando se necesita, pero ayudan a construir entornos que protejan el bienestar.
Un derecho que debemos sostener colectivamente
El derecho a la salud mental comprende el acceso a una atención disponible, accesible, aceptable y de calidad, así como la libertad, la autonomía y la inclusión en la comunidad. La OMS y el ACNUDH subrayan que las personas con problemas de salud mental deben participar en las decisiones sobre su tratamiento y no ser excluidas de la educación, el empleo, la vida familiar o la participación política.
Garantizar este derecho exige compromisos concretos. El Gobierno debe financiar servicios públicos suficientes y coordinar políticas de salud, educación, vivienda, empleo y protección social. Los gobiernos regionales y locales pueden fortalecer las redes comunitarias; las escuelas, prevenir el acoso; los empleadores, garantizar condiciones laborales dignas; y los medios de comunicación, informar sin reproducir prejuicios. Las familias y comunidades pueden escuchar y acompañar sin juzgar, pero no deben cargar solas con una responsabilidad que también corresponde a las instituciones.
Cuidar la salud mental es reconocer que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad y recibir apoyo cuando lo necesitan. No basta con pedir resiliencia frente a la adversidad, también hay que transformar las condiciones que producen sufrimiento y eliminar las barreras que impiden acceder a la atención. Si la salud mental es un derecho humano, garantizarlo no puede depender del dinero, del tiempo disponible ni de la comprensión que una persona encuentre en su entorno.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP.
