Por Francisco Aguilar Cisneros (*)
Mientras los pueblos indígenas del Perú buscan superar los estragos sociales y económicos de la pandemia, se viene exacerbando la situación de violencia que acompaña a la depredación ilegal de los recursos en distintos territorios indígenas.
Basta con revisar los medios y redes sociales afines al movimiento indígena para evidenciar la amenaza a la vida e integridad de las comunidades que buscan defender sus territorios de la invasión de las actividades ilegales como la tala ilegal y el narcotráfico. Esta situación afecta a pueblos como el Kakataibo que habita principalmente en la Amazonia de los departamentos de Ucayali y Huánuco, y sitúa a Perú en el contexto regional de desprotección de líderes ambientalistas e indígenas que diversos organismos internacionales apuntan como urgentes de ser abordados por los Estados latinoamericanos.
Es importante considerar que, para que los problemas de una sociedad sean abordados por los poderes públicos, deben ser interpretados como relevantes, es decir, susceptibles de formar parte del programa o agenda de esos mismos poderes públicos[1]. En tal sentido, es evidente que la ausencia de la problemática indígena en la agenda pública nacional imposibilita la movilización de esfuerzos para ejecutar una atención integral al tema. En esa línea, es de suma importancia que las instituciones públicas y la sociedad civil organizada reconozcan que la falta de condiciones para el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas es un problema relevante.
Esta falta de condiciones se expresa principalmente en la perenne e irresuelta brecha de titulación de los territorios indígenas, generando inestabilidad e inseguridad jurídica. Según información de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura, a la fecha, el 33% de comunidades nativas en los que viven de manera colectiva más de 50 pueblos indígenas amazónicos[2] se encuentra pendiente de titulación. De manera conexa, se encuentran otros problemas en el proceso de saneamiento físico legal, como la falta de inscripción oportuna de los títulos de propiedad en registros públicos, así como la falta de georreferenciación de los territorios que, en su conjunto, obstaculizan la toma de decisiones públicas que garanticen la integridad territorial de los pueblos.
Asimismo, la falta de condiciones para el ejercicio efectivo del derecho colectivo a la tierra y al territorio obstaculiza el ejercicio del resto de derechos colectivos. Es indicador de esta alarmante situación el significativo número de comunidades que carecen de mecanismos para conservar y proteger sus tierras y territorios, con los que guardan una estrecha relación de índole espiritual, cultural y económica[3]. De no ser abordada esta situación, en los próximos tiempos podríamos evidenciar el aumento de casos de abandono de territorios ancestrales, sobre los cuales los pueblos dejarían de ejercer el derecho de conservar costumbres e instituciones con arraigo histórico. Por ello, es importante considerar al derecho a la tierra y el territorio como un requisito para el ejercicio del resto de los derechos colectivos.
Sin embargo, la protección de estos derechos no solo demanda una politización de la agenda indígena sino también de un proceso de fortalecimiento institucional. No solo se trata de hacer visible el problema, sino de desarrollar los mecanismos para resolverlo. Por eso, la agenda indígena también debe incorporar la necesidad de fortalecer al Estado, que históricamente ha carecido de capacidad homogénea a lo largo y ancho del territorio.
Ante la dramática situación que viven los pueblos, debe ser prioridad fortalecer el engranaje institucional para el reconocimiento y titulación de las comunidades. Al cerrar la brecha de titulación, el derecho a la tierra y territorio se hace legible para gatillar el accionar de las entidades encargadas de garantizar la seguridad y paz social. Un punto de partida deberá ser resolver el aislamiento y carencia de recursos en el que se encuentran las Direcciones Regionales de Agricultura, lo cual las vuelve vulnerables ante la presión de la violencia y la ilegalidad.
(*) Coordinador de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura.
