Por: Christian H. Huaylinos (*)
La Oroya (Perú) fue calificada en el año 2011 como la segunda ciudad más contaminada del mundo, solo por debajo de Chernobyl (Ucrania)[1], contaminación provocada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), el cual cumple en 2022 cien años de existencia. Esta situación tiene como principal responsable al Estado peruano, por no cumplir oportuna y adecuadamente sus deberes de regular, fiscalizar y remediar una contaminación que ha afectado a generaciones a lo largo de décadas y sus consecuencias no sólo se observan en los cerros calcinados que rodean al CMLO sino y sobretodo en las secuelas sobre la salud de quienes estuvieron expuestos incluso desde niños.
Ante ello y pensando precisamente en los niños y en el futuro de su ciudad, un valiente grupo de personas presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), iniciando un proceso que viene durando más de 15 años y que en la actualidad está siendo revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya audiencia fue recientemente realizada el 12 y 13 de octubre de 2022. Son 80 las víctimas involucradas en el caso, pero evidentemente son muchísimos más quienes sufrieron y sufren la prolongada exposición de metales pesados como el plomo, cadmio y arsénico entre otras sustancias tóxicas, además de carecer de una atención médica integral ya que en La Oroya el Centro de Salud no cuenta con personal médico suficiente ni con especialistas ni con la logística adecuada para atender a toda esta población.
El caso de La Oroya representa una oportunidad histórica para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte IDH por primera vez va a fallar sobre un caso de contaminación ambiental por actividades empresariales en una zona urbana. Será el primer caso que documenta una situación de contaminación ambiental que causó graves afectaciones a la vida y la salud de toda una población. Así la Corte IDH producirá jurisprudencia para promover y fortalecer estándares de protección a los derechos humanos en las obligaciones estatales para la protección de poblaciones que puedan estar en situación de vulnerabilidad como son los niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres; también, sobre las obligaciones derivadas del derecho al ambiente sano como un derecho autónomo, así como su interdependencia e indivisibilidad con otros derechos fundamentales para la existencia humana como la salud, la vida y la integridad personal; además de los derechos de una atención médica integral, acceso a la información, asociación y acceso a la justicia.
El objetivo principal es que se implementen políticas públicas dirigidas a lograr un oportuno diagnóstico y tratamiento médico adecuado a la exposición a metales pesados; el control de la contaminación a estándares internacionales que garanticen la salud, la vida y la integridad de las víctimas y demás pobladores de la ciudad, en particular de los grupos vulnerables; la total y urgente remediación de la contaminación en La Oroya que ha afectado y continúa afectado la salud, la vida y la integridad de las personas; así como adopción de medidas de no repetición.
La Oroya no puede esperar más. La contaminación es innegable y las consecuencias de ello son evidentes. Una sentencia de carácter internacional puede ayudar a revertir y remediar esta situación, y además sería un importante precedente para el Perú, la región y ciertamente el mundo.
[1] Instituto Blacksmith. Ver: http://www.blacksmithinstitute.org
(*)Co-Coordinador del Grupo Jurídico – CNDDHH
