Refugiados rohingyas. Fuente: UNICEF/Brown
Escribe: Egle Boniglia (*)
El 21 marzo de 2022, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, finalmente reconoció las atrocidades cometidas por parte de la junta militar de Myanmar hacia los rohingya como delito de genocidio y crimen de lesa humanidad (HRW, 2022).
Contexto histórico
Los rohingya son un grupo minoritario étnico musulmán de Myanmar; más específicamente, del estado de Rakáin, en el oeste de ese país. De acuerdo con Naciones Unidas, son considerados como “la minoría más perseguida en el mundo” (Kiragu, Rosi & Morris, 2011). Esto debido a que, en Myanmar, un país donde la religión mayoritaria es la budista, se ha discriminado, por más de medio siglo, a la minoría rohingya a través de violencia y persecución (Hamid, 2021) por diferencias religiosas -los rohingya son musulmanes- y sociales. Las diferencias empezaron en la Segunda Guerra Mundial: mientras los rohingya unieron fuerzas con los británicos, los budistas lucharon al lado de los japoneses. Para que los rohingya tomasen partido por los británicos, les prometieron un Estado musulmán, un estado que nunca obtuvieron (Milton, et al, 2017).
En el periodo 1940-1947, con la subida de los budistas extremistas de la antigua Birmania, los sentimientos de odio contra este grupo minoritario se intensificaron y se inició una campaña política antirohingya que todavía se mantiene en el país (Faye, 2021). La situación se intensificó a partir de 1962, tras el golpe del general Ne Win y el inicio de una dictadura militar represiva. En 1982, con la promulgación de la Ley de Ciudadanía, se excluyó a los rohingya de ser ciudadanos de Myanmar. (Milton, et al, 2017). Por tanto, desde esa fecha, los rohingya no están reconocidos como grupo étnico oficial; lo que los convierte en una población apátrida. Constituyen la población apátrida más grande del mundo. A esta vulneración se añaden otras formas de violencia como la apropiación de sus tierras sin ningún tipo de compensación. De este modo, los rohingya se convirtieron en una población sin hogar y sin patria (MacLean, 2019).
Hoy en día, la violencia sectaria entre los dos grupos persiste en Myanmar y la represión militar contra los rohingya por parte de las fuerzas de seguridad del país se sigue intensificando, especialmente luego del golpe de Estado en febrero de 2021, que, otra vez, llevó al poder la junta militar (Han, et al, 2021).
Refugio en países cercanos
Por su condición de apátridas los rohingya no pueden ejercer derechos humanos básicos. Las familias rohingya en Myanmar no tienen acceso a atención médica, educación, empleo, propiedad y libertad de movimiento (Faye, 2021). Estas condiciones y las violaciones sistemáticas de otros derechos humanos obligaron a miles de rohingya a dejar sus casas en el Estado de Rakaín para buscar refugio en países cercanos, principalmente en Bangladesh, Malasia, Singapur y Medio Oriente (Hamid, 2021).
Hoy en día, alrededor de un millón de rohingya viven en campos de refugiados en la región de Cox’s Bazar de Bangladesh, como Kutupalong y Nayapara: los campos de refugiados más grandes del mundo (UNHCR, 2021). Sin embargo, las condiciones de vida de esta población desplazada en Bangladesh son miserables, en tanto no tienen acceso adecuado a las necesidades básicas y, a menudo, enfrentan escasez de recursos (Faye, 2021). Por su parte, Bangladesh tiene un nivel elevado de pobreza y no tiene los recursos necesarios para enfrentar esta crisis de refugiados (Lewis, 2019). De hecho, en muchas ocasiones el gobierno de Bangladesh fue acusado de realizar acciones de repatriación forzosa. Además, por la falta de una política específica en favor de los refugiados en Bangladesh, no todas las personas rohingya que buscan refugio son aceptadas en los campos; a algunos migrantes se les niega el acceso y para ellos la única posibilidad es vivir en extrema pobreza en barrios marginales cerca de Cox’s Bazar y Teknaf (Faye, 2021).
Respuesta de la República de Gambia
El 11 noviembre 2019, Gambia, impulsada por la Organización de Cooperación Islámica, inició una acción legal contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Hamid, 2021). Gambia busca protección para todas las personas que pertenecen al grupo de rohingya que están en el territorio de Myanmar. Además, acusa a los militares y las fuerzas de seguridad de Myanmar de llevar a cabo en 2017 “operaciones de limpieza” sistemáticas contra los rohingya en las que se cometieron varias violaciones de derechos humanos como asesinatos en masa, violaciones y la destrucción de las aldeas rohingya (Rael, 2021).
Myanmar impugnó las acusaciones con una lista de objeciones contra la acción legal de Gambia, principalmente sobre la cuestión de la jurisdicción de la Corte (Rael, 2021). El 28 febrero de 2022, la CIJ concluyó las audiencias públicas sobre la lista de objeciones planteadas por Myanmar. Queda por verse si las objeciones serán refutadas para que el caso pueda proceder. Si la CIJ decide que las objeciones de Myanmar resultan infundadas, dicho Estado tendrá que responder a las acusaciones de Gambia y las víctimas y familias podrán ejercer su derecho a la verdad y justicia (HRW, 2021). Sin embargo, la decisión final tomaría aún varios años, en los cuales los rohingya seguirán viviendo en un estado de pobreza e incertidumbre (Rael, 2021).
Además de la acción legal de Gambia, los actos criminales de los militares ya han provocado muchas condenas internacionales sobre el gobierno de Myanmar; la junta militar birmana ya se ve afectada por un paquete de sanciones masivas de EE. UU. tras el golpe de estado de febrero del año pasado. En 2018, la Unión Europea ha impuesto sanciones a 11 soldados de alto rango culpables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la limpieza étnica de la población rohingya en el norte del estado de Rakáin (Zreick, 2021). A la espera de que las sanciones y las condenas internacionales sean efectivas y que el tribunal dicte sentencia, se necesitan otras soluciones para aliviar la miserable condición de los rohingya. Para garantizar los derechos de los rohingya, por ejemplo, Bangladesh necesita políticas de asilo específicas dirigidas a la aceptación e integración de refugiados de Myanmar. Al mismo tiempo otros países cercanos como Malasia, Singapur y Medio Oriente también necesitan facilitar la integración de los rohingya en sus propios países para liberar a Bangladesh de la enorme presión de los flujos migratorios.
(*) Master en Derecho Europeo. Estudios de Posgrado en la Universidad de Amsterdam (Holanda). Colaboradora en la línea Memoria de Idehpucp.
