Por Analourdes Román Carrillo (*)
En los últimos años, hemos sido testigos de un declive progresivo de la democracia en el Perú, tanto que hoy en día varios indicadores categorizan al país como un régimen híbrido o un país parcialmente libre[1]. Como si no fuera suficiente, ahora nos enfrentamos a un presidencialismo tambaleante, que se ha visto ampliamente debilitado a expensas del crecimiento del poder del Congreso.
Para comprender la situación actual, es imperativo remontarse a los eventos que dieron inicio a esta cadena de acontecimientos que ha ido cobrando fuerza con el tiempo. Previamente a las Elecciones Generales del año 2016, se podía afirmar con seguridad que existía un equilibrio entre los poderes del Estado. No obstante, fue esa coyuntura electoral la que detonó un proceso de cambios significativos en el sistema político. En aquel entonces, Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia con un Congreso mayoritariamente fujimorista, cuya naturaleza se caracterizaba por ser obstruccionista y confrontativo. En este contexto, se generalizó el uso de procesos parlamentarios de control horizontal antes poco utilizados[2] como la censura ministerial y la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente. Estos elementos del sistema político comenzaron a ser empleados de manera regular y perniciosa. Por ejemplo, en el caso de la vacancia por incapacidad moral, se empezó a utilizar de forma arbitraria, convirtiéndose en un instrumento común de disputa política en lugar de ser una medida excepcional. Este patrón se originó con los dos intentos de vacancia contra Kuczynski y se ha repetido en los casos de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte.
Sin embargo, la moción de vacancia por incapacidad moral es una figura que, por sí sola, es poco representativa del creciente poder del Congreso. El Legislativo actual ha rebasado sus límites al no solo incidir sobre las competencias de la presidencia, sino también en el sistema judicial y otras instituciones, comenzando por el Tribunal Constitucional. Cabe recordar que, a comienzos de 2022, el Congreso designó a seis miembros del Tribunal Constitucional en un proceso que se caracterizó por falta de transparencia. Esta situación no solo se debió a la decisión de las bancadas de eludir el debate y proceder directamente al voto, sino que también hubo preocupaciones significativas sobre la idoneidad de algunos de los seleccionados. Estas preocupaciones surgieron a raíz de sus antecedentes judiciales y administrativos, así como de su supuesta falta de imparcialidad debido a los vínculos con los mismos partidos que formaron parte de la selección.
Un caso similar fue la designación de Josué Gutiérrez Cóndor como Defensor del Pueblo. Este abogado, propuesto por Perú Libre y respaldado por Fuerza Popular, ha sido objeto de numerosos cuestionamientos debido a su historial de transfuguismo, su relacionamiento con algunos congresistas, y a su lista de clientes cuestionables, entre los que se encuentra Vladimir Cerrón.
Asimismo, este año, el Congreso, tras varios intentos de destituir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), inhabilitó a dos de sus miembros por un periodo de 10 años de ejercer funciones públicas, Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez. El principal argumento fue que los miembros de la JNJ habían violado la Constitución al mantener a Tello de Ñecco en el cargo a pesar de superar los 75 años de edad. Sin embargo, esta votación fue controvertida, ya que, en el caso de Vásquez, al no alcanzar los votos necesarios en un primer intento, se pidió reconsideración para una segunda votación, en la que se permitió que José Luna, integrante de la Comisión Permanente, emitiera su voto, con lo cual se alcanzó el número requerido. Esto suscitó críticas pues, de acuerdo al reglamento del Congreso, los miembros de la Comisión permanente no pueden votar en el pleno. A pesar de ello, el Congreso justificó los votos bajo una interpretación ambigua, señalando que el parlamentario no había ejercido su voto en la comisión permanente. Situaciones como estas se definen en la literatura anglosajona como un constitutional hardball[3]. Este término designa una maniobra en el cual un actor busca operar dentro de los límites de las reglas, pero empujando tales límites.
De igual manera, hace unos días, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó la reforma que permitirá someter a jefes de JNE, ONPE y Reniec a procesos de juicio político. Esto otorgaría al Congreso la facultad de sancionarlos por «infracción a la Constitución», un término que no está claramente delimitado en la Carta Magna y, por ende, podría ser objeto de interpretaciones laxas, siempre y cuando cuenten con los votos necesarios. Aunque esta medida aún debe ser aprobada en el Pleno, considerando el historial de decisiones del Congreso no sorprendería que esta modificación obtuviera el respaldo necesario.
A esto se suma, la reciente aprobación del retorno a la bicameralidad. El problema no está en el sistema, sino en los detalles. Se ha aprobado un modelo bicameral a favor del parlamento, y del próximo Senado, en el que el que este tiene poder para modificar las leyes sin que los diputados puedan responder o evaluar los cambios. Sin olvidar, los requisitos mínimos establecidos para ser senador.
Todo lo señalado anteriormente, evidencia que se está generando un desequilibrio de poderes preocupante. Al día de hoy, el Congreso ha intervenido con éxito en algunos de los organismos independientes, entre ellos está el Tribunal Constitucional -el órgano máximo de control de la Constitución, y la Defensoría del Pueblo -que asume la defensa de los derechos humanos- cuya imparcialidad debería ser incuestionable. Existe también una aparente intención de influir en los organismos electorales. Es un congreso que modifica la Constitución a diestra y siniestra pensando a corto plazo y en sus intereses personales. Esta situación nos enfrenta a un escenario complejo en el que el sistema presidencialista vigente se encuentra ante un poder Parlamentario expansivo.
(*) Politóloga por la PUCP, investigadora del IDEHPUCP
[1] The Economist. Índice de Democracia (2024).
[2] Dargent, E. y Rousseau, E. (2021). Perú 2020: ¿El quiebre de la continuidad? Revista de Ciencia Política, volumen 41, n° 2, p. 377-400.
[3] Tushnet, M. (2004). Constitutional Hardball. Georgetown Law Faculty Publications and Other Works. 555.
