Por Alexander Benites (*) y Nicolás Silva (**)
Más de medio centenar de ciudadanos fallecidos, informes alarmantes sobre la situación de los derechos humanos en el país, conflictos diplomáticos con países vecinos, y, a pesar de todo ello, lo que lleva en la muñeca Dina Boluarte es lo que más parece hacer tambalear su presidencia. El “préstamo” de relojes de lujo del gobernador regional de Ayacucho a la presidenta es hoy un asunto de interés público. Y más allá de si el hecho calza o no en un tipo penal específico, lo cierto es que aparece como un eslabón más en una larga cadena de casos de corrupción en los que se han visto involucrados quienes han ocupado la presidencia de Perú en los últimos veinte años.
Las contradicciones y respuestas evasivas de Boluarte frente al caso no hacen sino exacerbar una percepción ampliamente difundida en la ciudadanía: el entrelazamiento entre política y corrupción. Según los datos reportados por la encuesta del Barómetro de las Américas, en el año 2023, al menos 8 de cada 10 peruanos considera que los políticos se encuentran involucrados en casos de corrupción. Comparativamente, Perú ocupa los primeros lugares a nivel regional en lo que respecta a este indicador, siendo una percepción compartida entre distintos grupos etarios, niveles educativos y zonas territoriales del país. El Gráfico 1 muestra cómo más de la mitad de los ciudadanos, independientemente del nivel educativo declarado, consideran que los políticos en el Perú se encuentran involucrados en casos de corrupción.
Gráfico 1. Percepción de corrupción y nivel educativo
Elaboración propia. Fuente: Barómetro de las Américas (2023).
Esta percepción aumenta con el paso de los años, al punto de que, sin tomar en cuenta la delincuencia, la corrupción en la política es considerada el principal problema que enfrenta el país por la ciudadanía. El comportamiento errático del gobierno en torno al caso “Rolexgate”, además, no se condice con un discurso en campaña en el que Perú Libre, a través de Pedro Castillo, afirmaba ser una candidatura honesta, que iba a poner fin al uso maniqueo de las instituciones para la consecución de los intereses particulares de una élite vinculada a la corrupción. En palabras de Castillo, este sería el gobierno que daría “muerte civil a todos los corruptos”.
Pero tal vez lo más lamentable de este caso no es solo que refuerza la idea de que no se puede hacer una política transparente, sino que aparece también como un episodio más en el que los partidos y representantes políticos traicionan las motivaciones ciudadanas de quienes los llevaron al poder. Perú Libre no solo se dijo una candidatura honesta, también se comprometió a garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades para los más vulnerables, pretendiendo, así, mejorar la calidad de la representatividad y la rendición de cuentas. Bajo una retórica populista, sólo un “gobierno del pueblo” podría hacer frente a la clase política tradicional y reducir la distancia entre el Estado y los sectores más vulnerables. Este es un discurso que, más allá de sus reales intenciones, caló en un sector de la ciudadanía, como los muestran los resultados de la última contienda electoral.
En la segunda vuelta de las últimas Elecciones Generales, Perú Libre obtuvo un apoyo contundente de los sectores más empobrecidos del país. Al dividir los más de 1800 distritos en quintiles sobre la base de su Índice de Desarrollo Humano (IDH), se encuentra que la plataforma política que llevó a Dina Boluarte al poder ganó en el 78% del total de distritos en el quintil más pobre. El compromiso asumido, y la contraposición a Keiko Fujimori, le brindaron a Perú Libre un respaldo por la memoria y la justicia social. De igual manera, los distritos más pobres y con mayor población indígena votaron mayoritariamente por un cambio, expresado en la propuesta del profesor y rondero, Pedro Castillo, quien prometió equilibrar la cancha del juego político. El desgaste de la confianza de los más vulnerables producto de gobiernos indiferentes, que no solo han desatendido sus demandas, sino que los han coaccionado en distintas ocasiones cuando han manifestado su rechazo, se ha traducido en mayores virajes respecto a sus preferencias políticas y mayores expectativas por un cambio.
Gráfico 2. Voto por Perú Libre a nivel distrital e indicadores sociodemográficos en la Elecciones Generales 2021
Elaboración propia. Fuente: ONPE (2021).
A casi tres años de la victoria de Perú Libre, los compromisos asumidos por el gobierno se han visto torcidos por la corrupción y la represión estatal, ambos elementos llevando a que hoy Perú sea considerado un régimen político híbrido o un país parcialmente libre según algunos indicadores. El interés de mantenerse en el poder por parte de la coalición autoritaria en el gobierno, conformada por Boluarte y sectores conservadores del Legislativo, han conducido a que aquellos ciudadanos que más apoyo le otorgaron a la plataforma de Perú Libre en la contienda electoral hayan sido no solo decepcionados, sino tratados con profunda violencia. Regiones como Puno, Apurímac y Ayacucho, que votaron mayoritariamente por Perú Libre (82.3% ,81.5% y 82.6% de votos, respectivamente),[1] fueron los principales puntos de protesta y represión durante el estallido social a finales del 2022, evento del cual la impunidad se mantiene por el avance deficiente de las investigaciones.
La evidencia comparada ha mostrado cómo la principal amenaza al sistema político peruano es el vaciamiento de su régimen democrático. El poder que ostentan los actores políticos no proviene de su habilidad para organizar los intereses y demandas de distintos sectores de la sociedad, sino de las prerrogativas que la ley y los cargos que ocupan les otorgan. En ese escenario, la consecuencia más inmediata es la facilidad con la que se les da la espalda a quienes los llevaron a esos espacios de representación. Sin embargo, la tendencia autoritaria del régimen político muestra que, frente a su incapacidad para gobernar, los elementos liberales de la democracia se ven amenazados, al punto de que no se responde solo indiferencia, sino también con arbitrariedad y violencia.
[1] Ver resultados electorales en: https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/SEP2021/EleccionesPresidenciales/RePres/P/200000
(*) Politólogo. Coordinador del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP.
(**) Miembro del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
