Foto: RPP.
Por: Cruz Silva (*)
Las detenciones por la policía u ordenadas por un juez tienen como finalidad, en tiempos de paz social, el mantenerla. Los requisitos son concretos: frenar al actor de un delito visible y en desarrollo, frenar al actor ineludiblemente relacionado a la investigación de un delito por medio de una acción o decisión que puede ser justificada y defendida en cualquier momento. Estos cuidados para que proceda una detención se extreman cuando el escenario socioeconómico y cultural corresponde a una crisis estructural que desdibuja el régimen democrático del país, y cuando la detención pretende ser (y es) dirigida a frenar el legítimo derecho de la protesta, única vía para la defensa del régimen democrático que se va perdiendo.
En esto reside la gravedad de muchas de las detenciones que se desarrollan con mayor intensidad desde diciembre del 2022. Muchas de ellas son arbitrarias, un abuso del poder policial y configuran un serio problema de impunidad que, a pesar de testigos y videos, no es atendido por los y las fiscales, quienes, por cierto, también tienen una gran cuota de responsabilidad en todo esto.
Que esto acontezca en un escenario de violaciones a los derechos humanos y varios pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haciendo eco de lo que las detenciones arbitrarias violentan derechos inalienables a la libertad de expresión, de asociación, de participación política, de libertad de tránsito, de integridad y dignidad, elimina uno de los pilares de todo régimen democrático. Si esto se suma a la separación de poderes quebrada, y al quiebre de la elección democrática (el plan que gobierna al país no es desde lejos el elegido en las urnas), bien se puede decir que no estamos en un régimen democrático desde hace varios meses ya. La detención arbitraria, en medio de ello, es el instrumento más eficaz para disuadir, mediante el miedo, a ciudadanos y ciudadanas que se deciden a salir a las calles.
Los graves problemas que se han identificado en las detenciones, que las convierten en arbitrarias, en corto tiempo se han transformado en un patrón de actuación que muy bien puede ser calificado como un “estado de cosas inconstitucional”.
De acuerdo con denuncias públicas, las detenciones se basan en mentiras. Por ejemplo, en la Universidad de San Marcos un policía afirmó con descarada falsedad que un periodista que tomaba una foto del traslado de un detenido era un residente de la Ciudad Universitaria que ya antes había estado en la comisaría, por lo que ordenó su detención. Los policías golpean a los detenidos sin ninguna justificación para ello, quitan banderloas y carteles, lo cual está prohibido, y no se identifican plenamente. Algunas detenciones son efectuadas por personas que no van uniformadas y que no informan a qué comisaría llevan a loa detenidos. Estos denuncian insultos y golpes durante sus traslados. Por otro lado, las detenciones son masivas, se impide el ingreso inmediato de abogados en las zonas de la vía pública acordonadas ni en los centros de detención, se hace que los detenidos firme documento sin la presencia de abogados o fiscales y se impide el contacto con familiares. No hay traductores de quechua o aimara en el momento de las diligencias, no se atienden las necesidades de alimentación ni siquiera médicas. Algunas mujeres han denunciado tocamientos indebidos y personas mayores de edad no reciben un trato digno. Algunos lugares de detención son inhabitables, demoran los procedimientos, algunos fiscales firman actas sin haber estado en el momento de las ocurrencias, no hay orden cronológico en los papeles, para los fiscales una madre que no es de Lima no puede protestar si tiene hijos menores, no hay pruebas objetivas que respalden las versiones policiales. En resumen, los detenidos son tratados como si no fueran ciudadanos sino enemigos. Es como si los definieran como terroristas a los que se rehúsa todo derecho. A pesar de todo ello, y el discurso estigmatizante del ejecutivo contra los protestantes, estos se siguen convocando. El derecho ofrece salidas (acciones de amparo y de hábeas corpus), pero si la justicia no ve estos casos con prioridad, terminará por convertirse definitivamente en el aval de la violación de derechos humanos.
(*)Abogada PUCP. Coordinadora en el Instituto de Defensa Legal – IDL, Perú.
