Foto: Elconfidencial.com
Escribe: Mattia Comoglio (*)
La invasión de Ucrania por Rusia es una clara violación al derecho internacional que, además, está causando gran sufrimiento a la población civil por las tácticas de guerra empleadas por el gobierno de Vladimir Putin. Esa invasión ha encontrado una férrea resistencia del gobierno ucraniano y de la población, lo cual, a su vez, plantea desafíos para la posterior consolidación de la paz y la reconstrucción del país. En este artículo nos enfocamos en particular en este ángulo de un conflicto donde la responsabilidad primera y principal es del agresor.
Lejos de ser un conflicto territorial con implicaciones locales, la guerra entre Rusia y Ucrania se coloca en un contexto geopolítico complejo que involucra directamente a la UE y la OTAN. La agresión rusa del 24 de febrero, concreta una acción que Vladimir Putin estuvo preparando desde 2014, cuando ocupó y anexó la península de Crimea y contribuyó al fortalecimiento de grupos separatistas y filorrusos en el Donbass, cuya insurrección terminó con la autoproclamación de las repúblicas autónomas de Doneck y Lugansk[1].
El objetivo geopolítico de Rusia, entonces como ahora, era responder a la estrategia de presión de la OTAN, que ha proporcionado a Ucrania armas, equipaje y provisiones militares desde 2014, además de apoyar su adhesión al Pacto Atlántico, lo cual, de concretarse, significaría un cerco de las fronteras occidentales de Rusia por parte de la OTAN.
«Los países miembros de la OTAN y la UE no están vendiendo armas a Ucrania, sino que las están entregando de forma gratuita, destacando un involucramiento en el conflicto que está al borde de la participación activa. Esto podría escalar la reacción de Rusia de una forma difícil de prever».
Con el inicio de la invasión rusa, varios países miembros de la OTAN y la UE han intensificado sus suministros de material bélico y de equipaje táctico a Ucrania. Una auténtica catarata de armas, principalmente personales: es decir que pueden ser utilizadas fácilmente por una o dos personas con entrenamiento militar básico[2].
Este repentino y enorme flujo de armas, sin embargo, tiene implicancias preocupantes con respeto a la logística y las modalidades de entrega, el destino de las armas y el desarme posconflicto. En primer lugar, los países miembros de la OTAN y la UE no están vendiendo armas a Ucrania, sino que las están entregando de forma gratuita, destacando un involucramiento en el conflicto que está al borde de la participación activa. Esto podría escalar la reacción de Rusia de una forma difícil de prever.
La logística y las modalidades de entrega de las armas en territorio ucraniano son otro tema que plantea perplejidad: las fuerzas armadas de un país tercero no pueden entrar en territorio ucraniano sin el riesgo de causar una reacción rusa. Entonces ¿quién será el intermediario que realizará las entregas? Una posibilidad es que del transporte se encarguen los civiles o las UDTs[3], con evidentes riesgos para su seguridad y posibles afectaciones a la posibilidad de rastrear las armas y la capacidad de control sobre su uso durante y después del conflicto.
Otro posible intermediario serían las empresas de seguridad privada como Academi (antes llamada Blackwaters), que ya ha demostrado su interés en Ucrania desde hace varios años[4] y que brinda este tipo de servicio. Estas empresas de contractors operan en teatros de guerra en todo el mundo con modalidades cuestionables, y son frecuentemente procesadas por violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. La falta de accountability y de un marco normativo internacional para los operadores de seguridad privada, genera preocupaciones sobre su confiabilidad como intermediarios.
Ambas posibilidades pueden hacer más compleja una tarea generada por la misma provisión masiva: el desarme posconflicto. En el marco de guerra híbrida[5] que caracteriza este conflicto, donde la propaganda y las tácticas comunicativas están integradas en la estrategia de guerra de ambas partes, un flujo descontrolado de armas puede fortalecer a grupos extremistas, nacionalistas o paramilitares, los que siempre florecen durante los conflictos.
«Si los mismos estados en conflicto arman a civiles y los involucran en los combates, o permiten la circulación masiva y descontrolada de armas, la reconstrucción puede resultar un desafío aún más grande que la guerra.»
En una sociedad ya polarizada como la de Ucrania estas ideologías extremistas pueden encontrar terreno fértil: la creación de divisiones y grupos armados patrocinados por el estado, pero formados por civiles como las Unidades de Defensa Territorial y la Legión Internacional de Defensa Territorial, les ofrece la ocasión para obtener armas, experiencia de combate, expandir sus redes y difundir sus peligrosas ideologías[6]. Sin mecanismos de rastreo y control sobre la distribución de armas, el fortalecimiento de estos grupos y la presencia de contractors, se sumarán a la incertidumbre y el caos posconflicto, complicando los esfuerzos de desarme, estabilización y reconstrucción.
En el peligroso panorama resultante destaca la coexistencia en Ucrania de un flujo enorme de equipo militar con escasa trazabilidad, y un llamado del estado a la población civil (nacional e internacional) a participar activamente en el conflicto. De esta manera, se va difuminando el límite entre lo que es guerra y lo que no lo es, ese límite que debería ser infranqueable entre lo militar y lo civil.
Si bien es justo e importante condenar las acciones de Rusia deliberadamente dirigidas contra la población civil así como sus violaciones del ius in bello[7], se debe recordar que la protección de los y las civiles es responsabilidad directa de todas las partes en guerra. Si los mismos estados en conflicto arman a civiles y los involucran en los combates, o permiten la circulación masiva y descontrolada de armas, la reconstrucción puede resultar un desafío aún más grande que la guerra. No quedarán en escombros sólo los edificios, sino la misma sociedad, las mismas fundaciones de esa vida digna y segura que es un derecho inalienable de la población civil.
(*) Magíster sobre Conflictos, Seguridad y Desarrollo Universidad de Sussex (Reino Unido) Colaborador en Idehpucp.
