[Editorial] Ante la corrosión del sistema de justicia del Perú

Las grabaciones de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y de magistrados del Poder Judicial reveladas este fin de semana dan cuenta, por lo menos, de una situación grave de intercambio de favores y actos que implican manifiesto conflicto de interés. Pero, además de ello, se podría estar ante actos delictivos, lo cual debe ser determinado por el ministerio público.

El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional de transcendental importancia en todo el sistema de justicia del Perú. Selecciona y nombra magistrados determina ascensos, conduce procesos disciplinarios y evalúa la ratificación de todos los jueces y fiscales del país. Por ello, la existencia de consejeros sin calidad ética y sin un probado compromiso con el Estado de Derecho es una seria amenaza para nuestra democracia. Desde hace un tiempo las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (Idehpucp), han demandado la remoción de miembros del CNM sobre los cuales existen graves y fundados cuestionamientos éticos. En este caso, hay que enfatizar que, al margen de que estos hechos configuren un delito tipificado o no, resulta intolerable que los consejeros que protagonizan las grabaciones se mantengan en sus funciones. Su permanencia agudizaría el desprestigio del sistema de administración de justicia, perjudicaría al ejercicio regular de sus funciones y, ciertamente, ahondaría la ya profunda desconfianza ciudadana en dicho sistema. Por esas razones consideramos pertinente la iniciativa del Presidente de la República de exhortar al Congreso a que, respetando el debido proceso, aplique el artículo 157 de la Constitución, el cual permite la remoción de los miembros del CNM por falta grave.

Las grabaciones mencionadas también involucran a magistrados del Poder Judicial en posibles situaciones de grave interferencia. Una de ellas se refiere a un proceso de ascenso de magistrados que involucra al juez Walter Ríos; y, otra, a un arreglo de un caso de violación sexual de menores en el que se beneficiaría al agresor, que involucra al juez supremo, César Hinostroza. En cuanto al primer caso, consideramos que no basta con que la OCMA haya iniciado investigación contra el juez Ríos y, por tanto, exigimos que se determine su suspensión preventiva mientras duran las investigaciones. En relación a las imputaciones contra Hinostroza y el anuncio del CNM de haber iniciado investigación contra él, consideramos que este órgano ha perdido la legitimidad para llevar a cabo dicho proceso disciplinario, por ello, exhortamos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a tomar las medidas necesarias a fin de evitar que el referido magistrado continúe en el ejercicio de sus funciones hasta que el CNM, previa reestructuración de sus miembros, determine las sanciones disciplinarias que correspondan.

Como ya se ha mencionado, los hechos revelados no solamente nos hablan de un colapso moral y de posibles delitos pasibles de sanción penal, sino también de una corrosión de esa pieza esencial de toda democracia, como es la administración de la justicia, es decir, de la institucionalidad responsable de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.