Foto: Presidencia del Perú
Durante la semana pasada el gobierno ofreció un balance de sus acciones al cumplirse seis meses de gestión. Esto lo hizo la presidenta, Dina Boluarte, en un mensaje público. Pero también hubo declaraciones en esa línea del primer ministro, Alberto Otárola, durante su viaje a España.
No sorprende, pero sí impresiona, la desconexión entre esos balances y la dramática realidad del país. La afirmación de la presidenta de que en este periodo el gobierno «ha preservado el orden democrático y el Estado de Derecho» sintetiza esa desconexión. Esta se expresa también en la ausencia de un reconocimiento de las graves cuestiones sobre las que el gobierno tiene que responder, es decir, las decenas de muertes producidas durante las protestas. No una sino varias entidades internacionales, desde organizaciones de derechos humanos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que en ese contexto el Estado ha cometido abusos que deben ser investigados y aclarados. La ausencia de esa cuestión, o la minimización de su real importancia, en el discurso de gobierno es grave por dos razones, por lo menos: porque expresa una negativa a reconocer responsabilidades (aunque tendrá que enfrentarlas, a la larga) y porque manifiesta, también, una persistente negativa al aprendizaje y la enmienda.
Y esto último se conecta con otro mensaje del balance, aquel que sostiene que el país ya está en calma. Lo cierto es que el ciclo de protestas, temporalmente en receso, se va a reanudar. Esto implica dos cosas: que en todo este tiempo el gobierno no ha buscado formas de crear un clima de entendimiento (por ejemplo, admitiendo responsabilidades, pero también mediante otros aspectos del diálogo político), y que no parece tomar nota seriamente de que su estrategia de respuesta violenta no puede ser repetida.
Así, esta conjunción de expresiones justifica la preocupación sobre el respeto a los derechos humanos en las semanas y meses por venir. Pero además del tema apremiante de los derechos humanos en el contexto de la movilización social, hay otros aspectos de la turbia situación del país que no pueden ser omitidos. Uno de ellos es, obviamente, la crisis sanitaria por el brote epidémico del dengue, a la cual el gobierno ha dado hasta el momento respuestas insatisfactorias, por decir lo menos. Ya han muerto más de doscientas personas por esa causa y el número de contagios supera los 130 mil casos. Esta situación que afecta principalmente al norte del país se superpone además, no hay que olvidarlo, a las intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra desde inicios de este año. Los estragos de esa crisis no han sido todavía remediados.
Por último, y aunque esto no sea formalmente de competencia del gobierno, hay que poner en el balance la desbocada demolición institucional que lleva adelante el Congreso. En ese escenario, describir la realidad presente del país como una situación de orden democrático sin mayores matices ni reservas equivale a negar una profunda crisis y una inocultable involución democrática. Es decir, es una manera de expresar que no se está buscando salidas, soluciones ni enmiendas que lleven al país por un rumbo distinto de este en que se encuentra empantanado hoy.
