Por Erika Solis (*)
Uno de los principales problemas en el país, desde la vuelta a las actividades después del COVID 19, es el aumento de delitos con uso de violencia como la extorsión ‘gota a gota’, una práctica recurrente en la actualidad. Si bien existen datos estadísticos que permiten comprobar el aumento de este tipo de criminalidad[1], también es importante abordar otras aristas de este problema como su fuerte implantación en sectores económicos y territoriales especialmente periféricos. Este tipo de criminalidad refuerza la percepción de inseguridad latente en las personas, incluso a cambio de medidas que impliquen ceder sus derechos fundamentales como las medidas populistas de mano dura implementadas por el gobierno central. Un tipo de acción poco estratégica y con nula eficacia a mediano y largo plazo.
Generalmente, la extorsión no es en nuestros días una actividad delictiva dirigida a sectores de gran capacidad económica, pues estas organizaciones cuentan con herramientas para prevenir y contrarrestar este tipo de actividades con seguridad privada, por ejemplo. Ello hace que las dinámicas de extorsión se focalicen en sectores donde se asegure su operatividad, así como también su rentabilidad. Así, la extorsión a pequeños negocios y a mercados informales es una constante, aunque en muchos casos no se refleja en denuncias, debido a la profunda desconfianza en las instituciones del sistema de justicia.
Así, ante la falta de presencia del Estado y la desconfianza sobre la eficacia de su labor, se va normalizando el pago de cuotas a los grupos criminales relacionados con la extorsión. En muchos casos, los pagos son incluso contabilizados en el rubro de gastos del negocio o actividad ejercida. Por ejemplo, en El Salvador este tipo de cobros eran denominados ‘renta’[2]. Por otra parte, en algunos casos esto ha llevado al cierre de negocios y al cambio de rubro de actividad de otras personas, lo cual impacta profundamente en la economía familiar e individual de cada trabajador (a). Si bien esta actividad no es novedosa en el país, pues ya se presentaba con bastante intensidad en Madre de Dios, La Libertad, Tumbes, San Martin y Callao[3], sí cabe advertir un nivel creciente de violencia en su desarrollo. En la actualidad, la negativa a pagar o la denuncia ante las autoridades puede desembocar fácilmente en represalias contra la vida e integridad de las personas amenazadas, lo cual se extiende a sus familias.
Esta alza de violencia en la criminalidad se debe a múltiples factores, tanto a elementos estructurales como a factores más tangibles y directos como la facilidad para portar armas de fuego y/o explosivos, lo cual pone en evidencia la existencia de un mercado ilegal de armas que hace accesible estas herramientas para su uso ilegal. También se observa como otro elemento el control territorial, pues estas dinámicas se concentran en zonas periféricas de las regiones. Por ejemplo, en Lima ocurre con mayor frecuencia en distritos como Los Olivos, San Martin de Porres, San Juan de Lurigancho y otros. Esto es posible especialmente porque los espacios geográficos mencionados carecen de una adecuada presencia de agentes de seguridad estatal. A la carencia de efectivos policiales para su despliegue por todo el territorio se añade la poca confianza de la ciudadanía en su labor, situación que priva de una acción rápida y efectiva en casos de extorsión. Cabe considerar, además, al grupo de personas con labores informales también extorsionadas, para las cuales la denuncia no es una opción, especialmente en el caso de migrantes en situación de irregularidad.
La herramienta utilizada es el terror, la constante amenaza a la vida e integridad de las personas, por lo cual en muchos casos muchos pequeños negocios deciden cesar sus actividades con perjuicio para ellos y sus familias, y también para la economía del país. Por ello, se hace urgente en la agenda del gobierno afrontar esta problemática. Pero esta no se va a resolver con medidas punitivas y securitarias que no aborden los elementos estructurales detrás de las dinámicas de extorsión. Por ejemplo, en los pocos casos que se logra acreditar ante el sistema de justicia el delito, el internamiento no garantiza el cese de las acciones de coacción, pues en las cárceles del país también se han evidenciado mercados ilícitos de bienes prohibidos como celulares[4] y drogas[5], entre otros[6]. Esto responde a un precario control estatal en las cárceles, tanto para impedir el ingreso ilícito de estos bienes como para suprimir el comercio y uso ilegal de los mismos en los interiores de la prisión. Esto genera dudas sobre la política de extrema seguridad en las cárceles, pues de un lado se prohíbe el uso de teléfonos celulares por razones de seguridad –dando preferencia a este factor por encima de la necesidad de la población penitenciario de mantener comunicación con sus familias y/o seres queridos fuera del espacio carcelario—pero, de otro lado, no se asegura el control total del ingreso de los celulares para perpetrar acciones delictivas como la extorsión.
Por otro lado, un recurso habitual contra la alta inseguridad ciudadana es la declaración de estados de emergencia. Es una herramienta poco útil y eficaz, ya que si no es acompañada de estrategias claras y especializadas contra la criminalidad solamente incide sobre la percepción de la comunidad: las personas se sienten más cuidadas, pero ello no necesariamente es cierto. El estado de emergencia es una suerte de placebo, un recurso que no aborda las causas estructúrales de la criminalidad y la violencia incluida en la misma; incluso a largo plazo, la sola aplicación de medidas de estado de emergencia sin un plan de trabajo claro podría agravar la situación al no actuar directamente sobre este tipo de dinámicas. Y el resultado es que se deja sobre todo a las personas con menos recursos económicos en situaciones potenciales de vulnerabilidad ante la inacción estatal frente a los actos de extorsión.
La inseguridad ciudadana no es un problema nuevo, aunque generalmente se encontraba relacionado con la privación de bienes, pero la tendencia está variando a una criminalidad cada vez más violenta. Si bien nuestros niveles de violencia no pueden compararse con los de países como México y Ecuador, esto no justifica minimizar la problemática ni hace menos necesario aplicar desde hoy propuestas integrales y estructuradas que lleven a soluciones de mediano y largo plazo.
(*) Investigadora del Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP.
[1] Revisar a los datos que pudo acceder El Comercio en el siguiente link: https://elcomercio.pe/peru/extorsiones-en-todo-el-pais-aumentaron-en-un-50-un-analisis-del-problema-sjl-smp-estado-de-emergencia-inseguridad-ciudadana-san-juan-de-lurigancho-san-martin-de-porres-lima-la-libertad-trujillo-piura-tren-de-aragua-crimen-bandas-criminales-noticia/
[2] Insight Crime (Diciembre 2023). Informe ‘El regimen de excepción (perpetuo) de El Salvador: Cómo el gobierno de Bukele sometió a las pandillas, p. 42. Consultado: https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/08/El-regimen-de-excepcion-perpetuo-de-El-Salvador-Como-el-gobierno-de-Bukele-sometio-a-las-pandillas-InSight-Crime-Dec-2023.pdf
[3]Ministerio del Interior del Perú (2018). Reporte N° 2 Cifras de la extorsión en Perú, p. 10. Consultado: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4041860/Cifras%20de%20Extorsión%20en%20el%20Perú.pdf?v=1673625571
[4] Loureiro, R. (2017). Capacidad estatal en el control de actividades criminales: las dinámicas de corrupción en el control de los teléfonos móviles en establecimientos penitenciarios de Lima Metropolitana. Consultado: https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9375/LOUREIRO_REVILLA_ROSA_ESTHER_CAPACIDAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[5] Solis, E. (2021). La corrupción como elemento facilitador de la dinámica ilegal de drogas en las cárceles: Un estudio exploratorio del establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro. Consultado: https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/18416
[6] Las requisas de bienes prohibidos evidencian el ingreso y comercio de estos dentro de los establecimientos penitenciarios. Un ejemplo de ello se evidencia en la siguiente nota periodística del 2023: https://canaln.pe/actualidad/penal-lurigancho-incautan-celulares-durante-requisa-n467098
