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30 de mayo de 2023

Imagen: Infobae.

Por Claudia Villena Tagle (*)

El 17 de abril del 2019, el diario The New York Times publicó una nota titulada “Odebrecht en Perú; un expresidente fallecido, uno internado, uno prófugo y otro sin poder salir del país” [1]. El artículo resumía los últimos 20 años de gobiernos elegidos democráticamente en el Perú y su vinculación con la corrupción transnacional del caso Odebrecht. Se aludía al fallecimiento del expresidente Alan García, tras el pedido de detención preliminar por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos en el caso Odebrecht. A este se sumaban las investigaciones de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo (2001- 2006) y Ollanta Humana (2011-2016). Por su parte, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) también se encontraba investigado por los delitos de lavado de activos y colusión por el presunto recibimiento de aportes a su campaña electoral del 2011 y los presuntos pagos realizados por Odebrecht a empresas vinculadas al exmandatario.

Este recuento de casos permite describir el efecto de la corrupción en la calidad de la democracia peruana y la consecuente crisis de representación política. La representación se puede entender como el procurar actuar en defensa de los intereses de la sociedad. A su vez, una aproximación a la definición de representación sustantiva permite reconocer su importancia para la promoción de intereses y demandas sociales de los grupos [2]. Por ello, se espera que el ejercicio del poder al interior de las instituciones públicas sea congruente con el interés público. La corrupción, contraria a esta dinámica solo provoca externalidades negativas, primando los intereses particulares por sobre el bienestar social. Un ejemplo claro de esta relación se mide en las pérdidas por corrupción e inconducta funcional en el 2020 que equivalen a 22,059 millones de soles que pudieron direccionarse para la construcción de 2 carreteras centrales, 6 líneas del Metro de Lima, 50 centros de salud o incluso para comprar 724 plantas de oxígeno [3]. A ello se suma la naturaleza regresiva de la corrupción, en tanto los peruanos con menores recursos deben invertir ingresos en el pago de coimas para acceder a servicios básicos [4].

A su vez, en los últimos años, la corrupción también generó gran inestabilidad política tras ser empleada como herramienta que justifica iniciar procedimientos de incapacidad moral contra los presidentes corruptos, elegidos democráticamente. Más allá de reflexionar sobre la existencia de casos de corrupción protagonizados por los exmandatarios como Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), los procedimientos de vacancia se convirtieron ejemplo de cómo es que la corrupción puede instrumentalizarse en un contexto de conflicto entre poderes del Estado. En dos de estos casos, el Perú se enfrentó a sucesivos cambios de gobierno que llevarían a cuestionar el origen democrático de presidentes como Manuel Merino, quien gobernó por 5 días; o Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo. En consecuencia, el Perú viviría graves crisis políticas caracterizadas por violencia social y policial, entre marchas multitudinarias y muertes registradas a nivel nacional. El caso de Dina Boluarte es característico de esta pérdida de representatividad, en tanto fue rechazada por la población desde el inicio de su gobierno y, en respuesta, se organizaron manifestaciones y movilizaciones que serían reprimidas violentamente en el 83% de los casos, ocasionando 67 muertes [5]. A pesar de la violencia y el rechazo, la presidenta Boluarte se mantiene en el gobierno. 

Una consecuencia esperada de esta crisis de representatividad es una reducción en la confianza que se tiene en los poderes del Estado. Al respecto, los últimos resultados de la XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú (2022) permiten identificar que para el 32%, la corrupción reduce la confianza en los políticos y en la prestación de servicios públicos como salud, educación y seguridad (31%) [6]. Al explorar la confianza en los poderes del Estado, se identifica que el Congreso de la República es considerada la institución más corrupta del Perú por un 60% de los encuestados. Por su parte, el gobierno de turno sería la segunda institución más corrupta para un 42%, sobrepasando a las Municipalidades y Gobiernos Regionales. Estos resultados contrastan con el reporte del 2019 en el que solo 1 de cada 10 encuestados identificaba al gobierno como una de las instituciones más corruptas. Por su parte, la percepción negativa con respecto al Poder Judicial se redujo en un 13%, convirtiéndose, ante la percepción de los ciudadanos, en la tercera institución más corrupta del país.

No cabe duda de que la corrupción se ha convertido en una constante en el Perú y su impacto en los poderes del Estado ha reducido su capacidad para impulsar políticas justas e inclusivas. El Perú vive un vacío de representación sustantiva en las instituciones públicas que son gobernadas en función a intereses particulares, alejándose así de la naturaleza de un país democrático.

(*) Asistente Académica de la Coordinación de Ciencia Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales PUCP.


[1]  Salazar, D. (2019). Odebrecht en Perú: un expresidente fallecido, uno internado, uno prófugo y otro sin poder salir del país. New York Times. Encontrado en: https://www.nytimes.com/es/2019/04/17/espanol/america-latina/peru-expresidentes-corrupcion-odebrecht.html

[2] Pitkin, H. (1985). El concepto de representación. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

[3]  El Peruano (2021). El país perdió S/ 22,059 millones por corrupción. Encontrado en: https://www.elperuano.pe/noticia/126672-el-pais-perdio-s-22059-millones-por-corrupcion

[4] Sergi Pérez y Livia M. Benavides (2013). Perú: la corrupción golpea más a los pobres y frena el desarrollo. Encontrado en: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/la-corrupcion-golpea-mas-a-los-pobres-y-frena-el-desarrollo

[5] Escuela de Gobierno y Políticas Públicas (2023). Observatorio de Democracia y Gobernabilidad. Encontrado en: https://democracia-gobernabilidad.pucp.edu.pe/participaci%C3%B3n/estallido-social/tablero-de-datos

[6] Proética (2022). XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2022. Encontrado en: https://www.proetica.org.pe/noticias/grave-deterioro-de-las-expectativas-de-la-ciudadania-frente-a-la-corrupcion-segun-encuesta-proetica-2022/