Por: Juan Takehara (*)
Esta semana tuvimos la visita en Lima del abogado e investigador Felipe Franco, coordinador de proyectos de la fundación Konrad Adenauer Stiftung en Colombia, con quien conversamos sobre la situación del Estado de Derecho en la región, así como sobre los diferentes retos que se enfrentan en América Latina, y dentro de ella en el Perú, para garantizar la gobernabilidad en democracia.
¿Por qué los discursos contra los derechos humanos están conquistando mayor audiencia en la región?
Los discursos llamados antiderechos parten de un contexto de desigualdad que ha existido en la región por largo tiempo, donde muchos sienten que sus derechos han sido excluidos frente a los favorecidos. Esta clave binaria, de dividir a las personas que tienen derechos versus los que no los tienen, favorecen este discurso, pues el Estado no ha logrado garantizar a todos derechos plenos. Estos nuevos sistemas autoritarios han evidenciado que somos una región inequitativa. Desde el punto de vista netamente democrático, lo ideal sería que todos tuviéramos lo mismo o el Estado fuera el que proveyera las mismas cantidades de derechos sin ningún tipo de clasificación o denominación particular.
En pandemia la mayoría de los Estados en Latinoamérica fallaron en cuanto a garantizar a sus ciudadanos derechos básicos como una atención digna en salud.
La pandemia resaltó las falencias que en materia políticas y públicas tenían todos los Estados, no solo en Latinoamérica. Este factor sirvió para aprender esas lecciones y tomar en consideración que, independientemente del discurso que promuevas, lo que es clave es saber que es el Estado quien sostiene la mayor responsabilidad frente a sus ciudadanos. Uno puede ser anti o pro derechos humanos, pero al final el Estado será garante de los mismos. Bajo un contexto de pandemia se ha logrado fortalecer la idea de que el Estado no nos ha cumplido o sigue sin responder y llega un nuevo discurso que dice si no ha habido una garantía desde el Estado, nosotros como ciudadanos debemos exigir esas garantías. Esto es algo que ya se ha visto antes, como el estallido social en Chile o las manifestaciones en Colombia.
Para muchos países hay avances respecto al reconocimiento de derechos en los últimos años ¿Qué logros destacaría en la región?
Primero, una clara afirmación en la representación y protección a los derechos de la mujer. En cuanto a la representación, se ha visto mayor paridad e igualdad en el acceso no solo en sectores de servicios sino en puestos de toma de decisiones y de poder. No significa que estemos en completa y total equidad, pero los estados latinoamericanos han reconocido que existe un grave problema y por lo tanto hay medidas que deben adoptarse.
¿Usted diría que un primer paso ha sido el reconocer que la falta de paridad es un problema?
Exactamente. Ese reconocimiento ha llevado a los Estados a adoptar una mejor legislación o estándares internacionales que permitan atender los problemas de la mujer latinoamericana pero también a la mujer en contextos diferenciados: la mujer rural, la mujer afro, la mujer perteneciente a la población LGTBIQ+, etc. Ese tipo de aproximaciones diferenciadas también son consideradas un segundo logro: reconocer la existencia de una diversidad en distintas condiciones.
Encontramos ahora mayor paridad en espacios clave como el parlamento.
El aumento no solo se ha observado en los parlamentos sino también en los poderes judiciales. Por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana tiene por primera vez mayoría femenina, con una presidenta y vicepresidenta, y lo mismo ocurre en Chile donde ya hay una paridad completa en el poder judicial. Destacaría también un tercer logro, que es el fenómeno de la migración. Si bien en América Latina la migración es un fenómeno constante, no solo debemos enfocarnos en la migración venezolana o haitiana sino también en la de República Dominicana o la reciente migración ecuatoriana. Todos estos movimientos han permitido reconceptualizar el derecho de la nacionalidad, conjuntamente con el fenómeno de la apatridia y observar si de alguna forma estos derechos colisionan con los elementos clásicos del Derecho Internacional sobre el respeto de la soberanía frente a los derechos humanos.
Por otro lado, desde la KAS vienen trabajando un proyecto en Brasil donde analizan los discursos populistas desde las redes sociales.
Sí, estamos trabajando un proyecto sobre el populismo digital, analizando cómo los medios digitales han logrado modificar las ideas y las opiniones en Brasil en un periodo de transición democrática y cómo estos discursos en las redes inciden en la opinión pública durante una elección. Ha sido una lectura de posturas y cómo realmente el rol de la tecnología en el ámbito político es determinante.
Las fake news pueden ser determinantes en periodos tales como elecciones presidenciales, así como en procesos complejos como es la aprobación de una nueva constitución.
Así es, y es algo que hemos observado recientemente en Chile en el proceso del referendo constituyente en donde todos los analistas han determinado de manera muy contundente que el proceso constituyente tuvo una influencia de fake news inmensa lo cual obviamente pudo llevar a favorecer la opción de rechazo.
Se han dado desinformaciones por ambos lados.
Sí, ambos bandos difundieron muchísimas noticias falsas, por ejemplo, afirmar que ciertos derechos eran limitados por la nueva constitución limitaba, cuando en realidad no existían. También encontramos muchas interpretaciones completamente erradas. (www.enlightenedwomen.org) Además, fue evidente los problemas de acceso para difundir la información oficial. Muchas personas en regiones rurales, incluso miembros de poblaciones originarias en Chile, no tuvieron acceso a suficiente información acerca del proyecto o de lo que estaba buscando la Convención Constitucional, lo cual llevó a un sesgo muy amplio de opiniones. El proyecto era realmente admirable. Era bastante garantista, pero creo que las personas se dejaron influenciar. Es evidente que los medios digitales y redes tienen un impacto muy grande en la estabilidad democrática de nuestra sociedad.
¿Cuál es el diagnóstico que vienen realizando sobre el Perú?
Tener tantos presidentes en tan poco tiempo denota no tanto una crisis democrática, sino una crisis de institucionalidad. Las instituciones en el Perú no son lo suficientemente reconocidas y por lo tanto lo suficientemente respetadas, y en esa medida la ciudadanía peruana ha registrado que existe una problemática, pero no considera necesariamente que el aparato institucional sea el principal causante. No se reconoce la necesidad de buscar los focos de la problemática institucional, que existen no solo en la rama ejecutiva sino también en la legislativa e incluso en la rama judicial. En este momento si bien es todavía temprano para saber qué puede ocurrir en los próximos meses, es muy interesante ver cómo se ha buscado la asistencia internacional para determinar la dimensión del problema en el país, es decir, que se haya aceptado una misión de la OEA accionando a la vez la Carta Democrática, que es un instrumento supremamente importante. Este tipo de visitas no deberían ser consideradas de vigilancia o de control, pero sí de una cooperación mucho más estrecha entre los Estados americanos. Es importante que un ojo externo sea capaz de generar recomendaciones que pueden llegar a enfrentar algunas de las problemáticas que han existido.
Una lista de recomendaciones es importante pero tampoco es la receta completa.
Claro, no es que sea la medicina perfecta. Se necesita una ciudadanía que se empodere no solo hacia un proceso de protesta social, sino además que identifique la problemática institucional y que sea la misma ciudadanía la que exija reformas. Aunque se ha llegado a creer que la crisis democrática en el Perú es permanente, eso puede repensarse si la ciudadanía toma un rol más activo: más que la denuncia o la investigación, ir a la identificación de las problemáticas.
Pensar que la protesta en las calles es la salida es también dejar de lado el papel que deberían tener ciertas instituciones que defienden la democracia.
Sí, hay que entender que el activismo no se hace solo desde las calles; se hace desde la creación de propuestas ciudadanas que no requieran una represión. Obviamente es un ejercicio bilateral. Debe haber apertura del Estado y de la ciudadanía a escuchar ideas. Accionar los mecanismos de protesta debe ser, como indicas, la última opción. El mejor camino es agotar un proceso democrático de consulta o de participación ciudadana.
(*) Integrante del área de Comunicaciones.
