Por: Juan Takehara Mori
Tras filtraciones de audios, llamadas a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y un intento de vacancia por parte del Congreso, conversamos con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, para comprender hasta qué punto hemos estado cerca de una situación de inestabilidad democrática y qué podemos hacer desde la sociedad civil.
¿Cuál ha sido la lectura de Transparencia sobre la situación política en estas semanas?
A pocas horas de conocerse los audios, Transparencia hizo un pronunciamiento público señalando tres cuestiones. En primer lugar, reconociendo la gravedad de los hechos revelados opinamos que era indispensable una profunda investigación a cargo de las autoridades competentes que determine las responsabilidades y las posibles sanciones, en el marco del debido proceso. En segundo lugar, señalamos la necesidad de que el presidente Vizcarra culmine su mandato, no obstante, lo cual debía dar cuenta a la ciudadanía de lo ocurrido. Finalmente, enfatizamos sobre la necesidad de impulsar las reformas institucionales pendientes. Lamentablemente, el Congreso optó por iniciar un proceso de vacancia, impulsado más por intereses particulares que por la legítima preocupación a favor de la integridad pública. La opinión pública detectó esto y fue muy crítica con el proceso, lo cual finalmente tuvo un impacto sobre la votación, de manera que prevaleció la posición contraria a la vacancia. No obstante, la imagen del presidente está debilitada y deberá tomar medidas para evitar un deterioro mayor.
¿Han detectado que actividades pueden considerarse como desestabilizadores al régimen democrático?
Al menos ha sido claro que durante la crisis hubo momentos muy preocupantes. Es claro que la manera en que se manejó la divulgación de los audios no fue la más responsable. De ahí que uno de los argumentos de la defensa presidencial ha sido la vulneración del derecho fundamental al debido proceso. El apuro con que se actuó es un indicio de las reales motivaciones que estuvieron detrás de esta crisis.
En medio de una pandemia y posibilidad de vacancia, se identificaron llamadas telefónicas a altos oficiales de las fuerzas armadas. ¿Cómo observa la respuesta de la población?
Fue penoso tener que recordar a los políticos que las fuerzas armadas no son deliberantes. No hemos aprendido de nuestra historia reciente. La ciudadanía peruana es muy recelosa y desconfiada con la política y los políticos. Lo ocurrido puede profundizar esta situación. Ante ello, lamentablemente, se abre un espacio para discursos antiestablishment que, a su vez, prometan la solución de las justas demandas sociales pendientes de atención. Esto es peligroso, pues otorgar poder de esta manera puede legitimar el debilitamiento de las instituciones democráticas.
Además de emitir comunicados, ¿qué otras acciones deberían tener las organizaciones parte de la sociedad civil para evitar este nivel de confrontación?
Es muy importante mostrar a los políticos que sus decisiones tienen costos más aun cuando las elecciones generales están muy cerca. Ese es el único factor inmediato que puede moderar su comportamiento. De otro lado, nos toca estar alertas ante cualquier otra acción que pueda debilitar el régimen democrático y visibilizarla. Finalmente, hay que seguir impulsando las reformas políticas, única manera de salir en el mediano plazo de esta dinámica perversa, generando condiciones para construir una relación más sana entre la ciudadanía y la política.
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