Por Katherine Subirana (*)
Dos informes en torno a la situación de los derechos humanos en el Perú han sido publicados durante la última semana y ambos dan una imagen de cuánto y cómo hemos retrocedido en dicha materia.
El primero fue elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y da cuenta de “asesinatos arbitrarios cometidos por las fuerzas de seguridad; torturas o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, incluida la violencia o amenazas de violencia contra periodistas; grave corrupción gubernamental; y violencia de género, incluida la violencia doméstica, la violencia sexual y el feminicidio”.
Algunos hechos que resalta dicho reporte son la muerte de 49 personas durante las protestas sociales de los primeros meses del 2023; el hacinamiento en las prisiones; el asesinato de líderes y defensores medioambientales; las 193 detenciones arbitrarias realizadas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; los ataques a la prensa registrados por organizaciones nacionales e internacionales; y el alto índice de denuncias por corrupción gubernamental, además de otros casos.
El segundo, elaborado por Amnistía Internacional, coincide en gran medida con lo planteado por el Departamento de Estado de EE.UU. y añade “que en un contexto de crisis social y política, las autoridades debilitaron instituciones públicas, como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, lo cual ha puesto en peligro el acceso de toda la población a la justicia y al ejercicio de sus derechos humanos”. Este informe destaca como evidentes violaciones a los derechos humanos casos como los de la liberación de Alberto Fujimori, que ha sentado un peligroso precedente contrario al acceso de las víctimas a la justicia; los alarmantes niveles de violencia contra las mujeres y niñas; el retroceso en las políticas para promover la igualdad de género y se debilitaron los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: la impunidad y el crecimiento de discursos antiderechos que refuerzan la violencia y discriminación que enfrenta la comunidad LGTBIQ+; entre otros.
Sonia Paredes, directora de Campañas e Incidencia de Amnistía Internacional Perú, considera que la defensa de los derechos humanos en el Perú se ha convertido en una batalla contra la impunidad y por la memoria, al referirse a casos entrampados en la investigación judicial que dejan a las víctimas directas y a la ciudadanía en general una percepción de ausencia de justicia.
Sobre la liberación de Alberto Fujimori, Paredes enfatizó que es necesario tener presente que el estar libre no lo hace inocente. “A pesar de estar en libertad, sigue siendo un condenado por crímenes de lesa humanidad, y eso es algo que debemos tener presente. A él se le declaró culpable, y lo que le corresponde a la sociedad civil es defender la memoria de lo que sucedió y de los delitos que cometió Alberto Fujimori”, dijo.
La representante de Amnistía Internacional también considera importante destacar el problema que supone los retrocesos en cuanto a inclusión e igualdad de género, pues esto supone un alto riesgo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo de las niñas y adolescentes. “Que el aborto terapéutico se convierta en una odisea, especialmente para las niñas y adolescentes, es una clara muestra de la poca preocupación política por su salud y por el desarrollo de su proyecto de vida. Que se haya aprobado que la educación sexual sea optativa y que se haya dejado sin efecto el lenguaje inclusivo son acciones que suponen un retroceso de muchos años en materia de igualdad de género. Lo que estamos haciendo es crear las condiciones no solo para que se valide la subordinación de las mujeres, sino también para que la violencia y la exclusión contra ellas siga aumentando”, advirtió.
Ambos informes coinciden en que la impunidad sigue avanzando y en que las instituciones gubernamentales no hacen lo suficiente para detenerla. Al contrario, dentro de ellas se multiplica la corrupción y, junto con ello, la búsqueda de eludir todo tipo de sanción. Corresponde a la sociedad civil trabajar por mantener vivas la verdad y la memoria.
(*) Prensa IDEHPUCP
