Por Facundo Ceballos (*)
La República Argentina posee una larga y rica historia de educación universitaria pública. Entre sus principales hitos encontramos la Reforma Universitaria de 1918, durante el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen, en la cual el movimiento estudiantil logró importantes conquistas como la democratización de la universidad, la autonomía universitaria, el cogobierno (que estableció la participación de los estudiantes en la gestión de las universidades), la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición. Al día de hoy, las universidades argentinas mantienen su autonomía, siendo éste un rasgo decisivo que define su funcionamiento cotidiano.
Posteriormente, durante el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, el gobierno decretó el desarancelamiento y la gratuidad universitaria. A partir de dicho momento, la universidad pública pasó a ser también gratuita. Esto generó un aumento exponencial de la matrícula de estudiantes universitarios, lo que significó el acceso a la educación superior de cientos de miles de estudiantes provenientes de familias de trabajadores, donde antes estaban solamente admitidas las clases acomodadas que podían pagar un arancel para cursar sus estudios superiores.[1]
De tal forma, la Argentina ha destacado internacionalmente por la calidad de su enseñanza universitaria, pero también por la masividad de los estudiantes que acceden a la misma. Esto impactó en una cultura universitaria muy extendida, a la vez que dio forma a un movimiento estudiantil mucho más masivo y popular del que existía en la época de la Reforma de 1918.
En las últimas décadas, la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad había logrado un importante consenso político, ya que fue respaldada por los dos partidos políticos más importantes del último siglo en Argentina: la Unión Cívica Radical, de tendencia democrático-liberal, y el Partido Justicialista o peronista, de tendencia nacionalista-popular. Así, encontramos que numerosos presidentes de la Argentina de distintos signos políticos fueron formados en la Universidad Pública. La universidad pública argentina también ha formado a numerosos profesionales e intelectuales, entre los que se encuentran cinco premios Nobel.
Sin embargo, este consenso democrático entró en crisis con la asunción del actual presidente de la Argentina, el libertario Javier Milei. Desde sus primeras irrupciones en la escena pública, Milei y sus seguidores han sostenido una retórica antiestatal y han puesto en duda la eficiencia y eficacia de prácticamente todas las instituciones públicas. Este nuevo gobierno, en cabeza de Milei y de su partido La Libertad Avanza, recoge tendencias políticas del movimiento libertario estadounidense, con una clara orientación derechista, neoliberal en lo económico y neoconservadora en lo político y social. Su prédica antiestatal se ha enfocado especialmente en contra de las universidades públicas, a las cuales ha calificado de “aparatos de adoctrinamiento izquierdista”. Quienes habitamos las universidades públicas en nuestros roles de estudiantes, graduados, docentes o investigadores sabemos que esto no es cierto. Por el contrario, la universidad pública se caracteriza por su autonomía, su libertad de cátedra y su pluralismo político ideológico. De tal forma, en su seno coexisten numerosas tendencias políticas como el radicalismo, el peronismo, la izquierda, el socialismo y el liberalismo, entre otros.
El enfrentamiento de Milei con las universidades públicas no ha sido sólo discursivo. Por el contrario, el gobierno de Milei ha avanzado en el desfinanciamiento del presupuesto universitario. Como se sabe, la economía argentina atraviesa hace muchos años una crisis inflacionaria, la cual se ha disparado luego de la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. En este contexto, el gobierno no ha aumentado el presupuesto universitario, sino que ha prorrogado el presupuesto del año anterior. En una situación de fuerte inflación, prorrogar el presupuesto universitario del año anterior equivale, en la práctica, a desfinanciar las universidades.[2]
Sin embargo, la reacción no se hizo esperar. Luego de meses de reclamos universitarios, y ante la falta de respuesta de un gobierno que insiste en desprestigiar la educación superior pública, el movimiento universitario ha comenzado un plan de lucha para poner en agenda el problema presupuestario. Así, las universidades públicas nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional[3], junto al movimiento estudiantil, autoridades, graduados, docentes e investigadores universitarios convocaron a la Marcha Federal Universitaria que tuvo lugar en todo el país el día 23 de abril. Esta movilización realmente masiva superó ampliamente las expectativas de sus organizadores y también del gobierno.[4]
Luego de esta gran movilización el gobierno decidió aumentar el presupuesto universitario como forma de calmar las fuertes demandas de la población. No obstante, esto resulta insuficiente, y al día de hoy no existe ninguna garantía de que las universidades obtengan los fondos necesarios para funcionar. Así llegamos a la situación actual, caracterizada por el malestar y la incertidumbre respecto del futuro de la universidad pública en la Argentina.
(*) Abogado, docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Maestrando en Criminología en la Universidad Nacional del Litoral
[1]https://www.unq.edu.ar/noticias/22-de-noviembre-dia-nacional-de-la-gratuidad-universitaria/#:~:text=El%2022%20de%20noviembre%20de,privilegio%20a%20ser%20un%20derecho.
