Mujeres y migrantes: cuando la pandemia afecta doblemente

Escribe: Gabriela Ramos (*)

La crisis sanitaria y social producida por el coronavirus ha afectado profundamente a todas las personas. Sin embargo, los impactos de las medidas adoptadas por los Estados a nivel mundial -como el aislamiento social, la cuarentena, el cierre de fronteras, entre otras- han causado efectos diferenciados y, sobre todo, más extremos en grupos vulnerables. Para confirmarlo, basta ver cómo las denuncias por violencia de género en contra de mujeres se han incrementado en algunos países o dar una mirada a los casos en los que las personas migrantes han sido desalojadas de sus viviendas de forma violenta. Pero ¿cuál es la situación cuando ambas categorías se interrelacionan en medio de esta pandemia?

Si se quiere dar una respuesta a la interrogante, se debe observar cómo los múltiples factores de discriminación producen una afectación y un grado de vulnerabilidad particular en las distintas fases que puede atravesar una mujer o niña en un proceso de movilidad. Para empezar, en muchas ocasiones son factores de género los que obligan a las mujeres a salir de sus países^[1]. La violencia sexual o basada en género, así como la feminización de la pobreza, son motores que impulsan una migración cuasi forzada.

Lamentablemente, estos problemas pueden, y suelen, reiterarse en el tránsito migratorio, donde las mujeres y niñas están expuestas a violencia sexual o incluso a ser víctimas de trata o tráfico de personas. Y en contextos como el actual, dicha exposición se ha incrementado a causa del cierre de fronteras^[2], una medida que lejos de detener la movilización de migrantes, las obliga a usar pasos irregulares o clandestinos para ingresar o salir del país, colocándolas fuera de la visibilidad estatal y, con ello, fuera de la protección contra algún tipo de abuso.

Pero los riesgos no solo están en el trayecto. Una migrante ya instalada en el sitio de destino no está exenta de sufrir violencia de género o sexual dentro de su propio hogar, un riesgo evidente del aislamiento social sobre el que diversas organizaciones ya han alertado^[3].  Y, si bien la violencia no discrimina y es un problema estructural que afecta a las mujeres en general, puede tener mayores repercusiones en el caso de las mujeres y niñas migrantes por dos motivos.

En primer lugar, este grupo poblacional no suele contar con redes de apoyo en los países o ciudades de destino, lo que dificulta aún más su proceso de integración y las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero además y, especialmente si su condición migratoria es irregular o tienen en curso algún trámite migratorio que depende del estatus de su agresor, tendrán una mayor desconfianza o miedo cuando necesiten acercarse a las autoridades a denunciar.

A todo lo ya mencionado, debe añadirse una continua exposición a tratos discriminatorios y xenófobos que limitan su acceso a recursos y derechos como salud, educación, trabajo y vivienda^[4].

Las peculiaridades y riesgos de la feminización de la migración son graves y tienen sus raíces en la violencia y discriminación estructural que lamentablemente caracterizan a la región.^[5] Para combatir esta situación, los Estados están llamados a garantizar el ejercicio efectivo de derechos de todas las personas dentro de su territorio en condiciones de igualdad y, en mayor o menor medida, dentro de la región, se han adoptado acciones para cumplir con esta obligación. El problema es que a esa vocación de igualdad se le debe sumar una visión interseccional, es decir, un enfoque que contemple las distintas aristas o categorías sociales que, interrelacionadas, pueden generar situaciones de opresión particulares. De lo contrario, cualquier medida tomada, sea referida a la política migratoria del país o a la atención a la pandemia, puede exacerbar la vulnerabilidad de mujeres y niñas.

Es así que resulta urgente y necesario que, en sus planes de respuesta frente al COVID-19, los Estados adopten medidas especiales de protección que atiendan los retos que pueden enfrentar las mujeres migrantes. Algunas de las acciones propuestas^[6] implican reforzar capacidades y activar protocolos de investigación y atención a mujeres víctimas de trata, especialmente en fronteras donde se han adoptado medidas de cierre o reducción del paso fronterizo.

Asimismo, teniendo en cuenta que las medidas de aislamiento social han reducido la actividad de proyectos y organizaciones que atendían a poblaciones migrantes y refugiadas^[7], también resulta vital asegurar la continuidad del trabajo de los operadores humanitarios en terreno, en particular aquellos relacionados con la atención a violencias basadas en género y prestación de servicios esenciales de salud y sexual reproductiva.

Por otro lado, es preciso garantizar el acceso a instalaciones seguras, sobre todo en zonas fronterizas y estaciones migratorias, con las condiciones sanitarias y de distanciamiento sugeridas por la OMS para disminuir el riesgo de contagio y de situaciones de violencia contra las mujeres. Finalmente, es importante resaltar que el acceso a prestaciones o bonos extraordinarios que brindan los Estados debe alcanzar también a las mujeres migrantes, independientemente de su condición migratoria, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellas se ha insertado en sectores económicos informales, con lo que sus ingresos se han visto reducidos o desaparecidos.

Sin lugar a dudas, superar la pandemia es un reto pendiente en la agenda latinoamericana que necesita de medidas rápidas y urgentes. Pero estas acciones deben ser efectivas no solo contra el COVID-2019, sino también contra otras enfermedades que aquejan a la región, como la marginalización y precarización que atraviesan las mujeres migrantes. Si no emprendemos esta lucha asegurando los derechos de todas las personas, no podremos cantar victoria.