A cinco semanas de las elecciones presidenciales, una importante pregunta emerge en el debate diario: ¿se desactivará lo avanzando en la lucha contra la corrupción o habrá cambios significativos en esa materia? Para analizar ese y otros temas conversamos con Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, quien también alertó sobre un grave problema para el próximo gobierno: la dificultad de no contar con toda la información integrada para la lucha contra la pandemia.
Sea quien gane las elecciones presidenciales, ¿cuáles son los peligros inmediatos que detecta?
Hay un riesgo de inestabilidad política, de retroceder en lo avanzado en temas de institucionalidad. Aunque los candidatos han negado que vayan a interferir en entidades de control, particularmente en la fiscalía, esto, ciertamente, es más complicado en el caso de Keiko Fujimori. Estamos hablando de una persona que tiene una acusación fiscal y que involucra al partido mismo. Podríamos llegar, en un tiempo, a una situación en la cual sus coimputados sean sentenciados y el partido sea disuelto por el cargo de ser un medio de lavado de activos y la única no sentenciada sea Fujimori por ser presidenta de la República. Hay que estar vigilantes ante estos escenarios desde todos los rincones, tanto desde la sociedad civil como desde la academia.
¿Corre peligro lo avanzando en las investigaciones del caso Lavajato, el financiamiento de partidos, club de la construcción y otros casos?
La amenaza más directa está del lado de Fujimori. Aunque formalmente no hay manera de influir sobre la Fiscalía, hay muchos otros medios a través de los cuales puede lograrlo. Puede, como se dice, «cortar el caño», es decir, bloquear los recursos económicos de la entidad, o puede utilizar el Parlamento para colocar personas afines a ella en el Poder Judicial, que hostiguen a los fiscales a cargo de las investigaciones. La gama de herramientas con las que cuentan para amenazar e intentar obstaculizar las investigaciones son muchas. Estamos hablando de casos enormes que involucran a Fuerza Popular, pero también a muchos otros partidos y empresarios que estarían felices de que se cayera la colaboración eficaz. Hay que estar alertas a cualquier decisión que pueda generar un impacto negativo en el avance de los casos.
«El hecho de que haya una cuarentena no debería significar una excusa para negar acceso a la información, pero en la práctica ha habido limitaciones».
Hay también miedo de que se capture o se elimine el Tribunal Constitucional. ¿Por qué el interés especial en controlarlo?
Varios constitucionalistas señalan que en la práctica nuestro Tribunal Constitucional funciona como un Senado, que termina colocando la cuota de reflexión sobre las leyes que se aprueban en el Parlamento. Sería como un freno para impulsos populistas. En este caso, ambas candidaturas poseen propuestas bastante populistas. Lo que observamos es que hay una agenda de derechos que se ha ido ganando poco a poco en estos últimos años y cuyas batallas podrían en última línea librarse en el Tribunal Constitucional. Este podría ser uno de los factores que alimenten el interés de capturar o desaparecerlo.
Por otro lado, se señala la necesidad de que el próximo gobierno difunda mejor la información pública, en especial, las cifras relacionadas con la pandemia. ¿Qué problemas encuentran hasta ahora?
Sobre esto ya se pronunció oportunamente, casi al inicio de la emergencia sanitaria, la Autoridad Nacional de Transparencia al decir: «el derecho de trasparencia y acceso a la información no se ha suspendido», el hecho de que haya una cuarentena no debería significar una excusa para negar acceso a la información, pero en la práctica ha habido limitaciones. Hay un problema material. Mucha información o no está digitalizada o los funcionarios han estado durante semanas o meses lejos de sus oficinas. Lo que se requiere – y es algo que actualmente no se viene discutiendo – es ver cómo se va a facilitar el acceso a la documentación pública en plena pandemia. Ninguno de los candidatos ha dado mayor detalle. Es cierto que Fujimori dijo que habrá un gobierno abierto, pero más allá de ese titular no hay mayor explicación efectiva.
En este tema, ¿cuáles serían las dificultades que el próximo gobierno debería enfrentar con prioridad?
El abandono es a todo nivel y eso incluye la gestión de información. En los últimos meses se ha reclamado al Estado ser más oportuno en la presentación de cifras de fallecidos, causas de muerte o en resolver las incoherencias de los repertorios de datos. Pero el problema no solo es producir la información sino saber gestionarla. No dudo que hayan tenido problemas para identificar los datos porque se producen en formatos y soportes distintos y que no interactúan entre ellos. Un nuevo gobierno debería priorizar este problema para gerenciar el combate a la pandemia. Sin datos ciertos ni información verosímil siempre estarás en problemas.
Más bien, casi todo el cruce de información se ha desarrollado y expuesto gracias a especialistas, grupos de apoyo y organizaciones civiles. ¿Cómo han observado este involucramiento de la sociedad?
En general, las propias personas y familias se han juntado para organizarse. Todo esto al margen de la ayuda que el Estado debió brindar. Por ejemplo, en actividades como las ollas comunes. Esto sucede porque ha habido demoras en aprobar la transferencia de partidas a los municipios, porque han existido municipios muy corruptos que compraban menos de lo que debían adquirir en las canastas. En la sociedad hay fuerzas que se activan y sería ilógico que en un plan futuro no los tomaran en cuenta. En los últimos meses hemos visto algunos avances. Por ejemplo, se ha convocado a un grupo de especialistas para restablecer criterios y darles coherencia a las incongruencias en la cifra de los fallecidos. Esto debería de institucionalizarse en el próximo plan político de julio 2021 a diciembre 2022. Estos esfuerzos de la sociedad civil deben identificarse y potenciarse.
Eso sería también una forma de buscar salidas a esta polarización en que nos encontramos.
Claro, actualmente vemos una serie de taras en ambos partidos. Fuerza Popular ve al ciudadano o ciudadana como agente pasivo, alguien que está ahí para recibir apoyo en vez de potenciar sus propuestas. Y, por el lado de Castillo, su propuesta es que todo debe pasar primero por una Asamblea Constituyente y que sea el pueblo quien decida. No hay que esperar a que esto suceda. Se puede trabajar ya mismo con procesos y propuestas ciudadanas que vienen ocurriendo en distintos niveles, pero están pasando desapercibidas. Espero que se superen esta polarización y que veamos cómo incorporar una respuesta organizada para la lucha contra la pandemia.
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