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Ya es generalizada la alarma mundial sobre una inminente crisis alimentaria que podría alcanzar ribetes de hambruna. Los factores que producen esta situación son conocidos. La causa más inmediata es la guerra desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania. Esta no solamente ha interrumpido la cadena de suministros desde dos países que tienen una participación decisiva en la producción global de cereales, aceite de girasol y fertilizantes. Además, ha llevado a que otros países gravitantes en el comercio global de alimentos básicos e insumos para la producción agropecuaria limiten, o anuncien que limitarán, sus exportaciones. Un factor anterior, que la guerra solamente ha agravado, es, evidentemente, la pandemia de Covid 19, así como también un sostenido incremento de los combustibles. Todo ello ha determinado un encarecimiento en toda la cadena de producción de alimentos. Finalmente, no se debe desconocer el factor estructural, que es el cambio climático.
En el Perú, esta crisis en desarrollo se viene experimentando desde hace meses a través de un constante encarecimiento de los alimentos básicos. El fenómeno se viene profundizando sin que se vea todavía una respuesta efectiva del gobierno.
Una aproximación seria a esta cuestión, en la cual está en juego la seguridad alimentaria, es decir, el derecho humano a la alimentación, demanda identificar responsablemente los factores causantes e identificar aquellos sobre los cuales se puede y se debe actuar con políticas públicas adecuadas. Sería, en efecto, un gran equívoco ignorar que la crisis en el Perú se enmarca dentro de una crisis mundial. Eso significa que hay dimensiones de la crisis sobre las cuales el Perú no puede actuar efectivamente de manera individual. Corresponde sumarse a la búsqueda de respuestas internacionales. Pero es igualmente erróneo asumir que la crisis de alimentos en el Perú es puramente exógena y que no hay responsabilidades que reconocer y graves negligencias que corregir.
Es evidente que ha habido varios errores en la gestión gubernamental de una crisis que se anunciaba desde meses atrás. El aspecto más conocido y concreto de ello es el no haber asegurado la provisión de fertilizantes para la próxima campaña agrícola. Pero, en realidad, ese es solo uno entre varios errores. Otro es el intento de mitigar el alza de precios mediante una inefectiva exoneración del impuesto general a las ventas. Estos errores, por lo demás, se explican por el profundo descuido o abandono de criterios básicos de gestión pública, suplantados por un criterio puramente politizado o de reparto de poder por cuotas. Los sucesivos nombramientos de funcionarios y ministros son idoneidad en el sector clave, el Ministerio de Agricultura, relevan de mayor comentario. El resultado es una paulatina erosión de las capacidades de respuesta del Estado ante las necesidades de la población
Difícilmente se podrá hablar de una necesidad más radical que la del acceso a la alimentación. El Estado, el gobierno y el Congreso enfrentan, aquí, la más alta responsabilidad.
