Desde el año 2014 se viene llevando en el país una laboriosa reforma del sistema universitario. El agente central de esa reforma es, como se sabe, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Con independencia e imparcialidad, y mediante la aplicación de criterios técnicos, la SUNEDU promueve, desde entonces, el saneamiento de un sistema profundamente distorsionado por varios factores. Se trata de mejorar la calidad de las universidades existentes a través de un proceso de licenciamiento, así como por otras vías complementarias. En ese difícil camino se han conseguido algunos avances importantes, todo esto, como se sabe, pese a la la hostilidad recurrente de diversos grupos interesados, para quienes la universidad de ínfima calidad es un negocio rentable o una oportunidad para el clientelismo y la corrupción.
Ese esfuerzo se encuentra hoy a punto de ser desbaratado por el Congreso de la República mediante la aprobación, en primera votación, de una norma que, bajo el pretexto de restablecer “la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, en realidad socava la independencia de la SUNEDU y amenaza someterla, precisamente, a los intereses contarios a la reforma. Esto se verificaría, de aprobarse el texto en segunda votación, mediante una adulteración de la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, cuyos miembros elegirían al Superintendente.
«La educación de calidad es un derecho y un sistema universitario idóneo es además una necesidad colectiva. Esta norma del Congreso es un atentado contra el futuro del país.»
Un comunicado suscrito por dieciocho universidades –entre ellas, la Pontificia Universidad Católica del Perú— ha hecho notar que de este modo se “consumaría un evidente retroceso en la reforma universitaria en curso. Gracias a la SUNEDU y a su labor regulatoria se ha ordenado el sistema universitario, se han detenido la informalidad, la ilegalidad y el despilfarro de recursos, imperantes mientras existió la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).”[1]
No existen, en realidad, muchas esperanzas de que el Congreso recapacite y retroceda respecto de esta destructiva intención, pues se sabe que esta iniciativa no es inopinada ni nace del solo desconocimiento, sino que expresa una constelación de intereses contrarios a la reforma. Tampoco es claro si el Presidente de la República observará la norma, como debería hacerlo. Nos encontramos, en rigor, ante un proceso de socavamiento institucional del país en varios frentes. Queda por delante, de aprobarse definitivamente esta norma, la acción ante el Tribunal Constitucional y, por cierto, la acción de la sociedad civil, que ya ha empezado a manifestarse. La educación de calidad es un derecho y un sistema universitario idóneo es además una necesidad colectiva. Esta norma del Congreso es un atentado contra el futuro del país.
