La educación es un derecho humano y es, también, la condición para el disfrute de muchos otros derechos. A la vez, hablando en un plano colectivo, la educación es un factor indispensable para el desarrollo y, por lo tanto, para la procura del bienestar para la mayoría. En el Perú, no obstante, es una de las políticas de Estado más postergadas. Y si bien es evidente que el Perú necesita profundas reformas en ese campo, hasta ahora ningún gobierno las ha tomado realmente en serio; es decir, de manera sostenida, destinando los recursos (no solamente financieros) necesarios, y, sobre todo, invirtiendo toda su voluntad y su capacidad política en sacar adelante las medidas necesarias. Ha habido, ciertamente, el esfuerzo plausible de algunas autoridades, en algunos periodos, desde el Ministerio de Educación. Existe, por otro lado, el Consejo Nacional de Educación, que desde la década pasada propone interesantes rutas de acción para el sector. Pero la situación permanece inalterada en lo fundamental.
Hoy en día algunos incidentes vuelven a colocar el tema de la educación en la discusión pública. Por un lado, a fines de octubre el ministro de Educación, Carlos Gallardo, declaró su intención de dar nombramientos a docentes que venían siendo evaluados (sin éxito) durante años. Es decir, en la práctica, se proponía desconocer a las pruebas a docentes como un factor para decidir nombramientos. Por el otro lado, en estos días se habla de la filtración de las preguntas de la prueba para nombramientos que se acaba de aplicar a 250 mil docentes en todo el país, y, a consecuencia de eso, se discute sobre la anulación de la prueba en general, o sobre su anulación solamente en las zonas donde se ha presentado significativamente el problema. Como telón de fondo de este incidente están la oposición de un sector del gremio magisterial a las pruebas, las pugnas entre sindicatos del sector, y la aparente parcialidad del gobierno en favor de uno de los sectores, precisamente el más contrario a la aplicación de pruebas y al sistema denominado meritocrático.
Finalmente, se presenta como tema de decisión urgente el retorno de los estudiantes a las escuelas. Existe un amplio consenso en que ese retorno es indispensable, pues la modalidad de educación a distancia difícilmente satisface los requerimientos de una real experiencia educativa. El Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, ha señalado recientemente que “(a) la fecha, la gran mayoría de las y los estudiantes peruanos sigue recibiendo solo una educación remota de emergencia, con limitaciones que afectan a todos ellos y, en mucho mayor medida, a los pobres, rurales, indígenas y afroperuanos, y, en general, a las mujeres”.[1] Pero para un retorno a las clases presenciales se precisa una muy seria planificación, que implica además la dotación de recursos y la participación de diversos sectores del Estado para garantizar condiciones de seguridad sanitaria.
«Pero para un retorno a las clases presenciales se precisa una muy seria planificación, que implica además la dotación de recursos y la participación de diversos sectores del Estado para garantizar condiciones de seguridad sanitaria».
El clima político imperante en nuestro país plantea un serio riesgo a la hora de enfrentar todos estos problemas. Hoy en día los temas de la agenda nacional parecen ser absorbidos por las tensiones y las animosidades destructivas que prevalecen entre el gobierno y la oposición, e incluso entre grupos dentro del propio gobierno. Sería una calamidad que temas tan importantes como la solvencia profesional de los docentes –indispensable para una educación de calidad—y el retorno seguro a las aulas queden instrumentados políticamente como parte de esas pugnas. Se debe tener presente que al hablar de educación estamos hablando de un derecho humano, y que la vida futura de millones de personas, hoy niños, niñas y adolescentes, depende de que hoy el Ejecutivo y el Parlamento tomen en serio los dilemas que enfrenta el país.
