Hace menos de medio año, en octubre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió en una audiencia denuncias sobre los asesinatos que se cometen en número creciente contra líderes indígenas en el Perú. Solo hace unas semanas, a fines de febrero, se informó del asesinato de Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano, líderes de la etnia cacataibo. Se trata de líderes que precisamente habían denunciado hacía poco tiempo el incremento de la violencia en sus regiones, las zonas amazónicas de Huánuco y Ucayali. Estos crímenes son los más recientes de una repudiable tendencia que se remonta ya a años atrás.
El incremento de la violencia contra líderes indígenas se ha agravado, además, por las circunstancias creadas por la pandemia de Covid-19. Pero no se observa todavía una acción decidida del Estado para enfrentar el problema. Por otro lado, algo similar está sucediendo en otros países de América Latina.
Esta violencia está asociada con la defensa del territorio y de los derechos colectivos, así como también del medio ambiente, emprendida por las colectividades de las zonas mencionadas y otras similares. Esa defensa se dirige contra la acción delictiva, rapaz y expoliadora de diversas industrias como el cultivo de hoja de coca para el narcotráfico, la tala ilegal de árboles y la minería ilegal.
«La vulnerabilidad que afecta a los líderes indígenas y a sus respectivas colectividades se agrava en términos generales por la falta de atención que los Estados dan al cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.»
Como se señala en una de las notas que presentamos en esta edición de nuestro Boletín IDEHPUCP, ya desde el año 2018 la Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU expresa preocupación por esta situación en diversas partes del mundo. La relatoría señala que esta situación está asociada por lo general, en efecto, con disputas por el control de recursos naturales y que la violencia consiguiente se encuentra rodeada por una gran impunidad. Además, la vulnerabilidad que afecta a los líderes indígenas y a sus respectivas colectividades se agrava en términos generales por la falta de atención que los Estados dan al cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Se trata, pues, de una combinación de factores, en los que también la corrupción –que lleva a la protección o la tolerancia a la presencia de industrias ilegales desde el Estado—desempeña un papel relevante.
Este es, pues, un grave problema de derechos humanos que reclama atención inmediata. Esa atención implica, a la vez, la acción de la justicia frente a los crímenes que se vienen cometiendo, y la puesta en marcha de urgentes medidas preventivas. Estas últimas demandan medidas de protección a los líderes indígenas y defensores ambientales o de derechos colectivos, pero también requieren una acción decidida contra las industrias ilegales referidas.
Lo señalado se condice con las diversas recomendaciones efectuadas por el relator de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, entre las que se destacan la creación de un entorno seguro para los líderes indígenas, la realización de investigaciones exhaustivas sobre la violencia, y el fortalecimiento de estrategias de protección. El Estado peruano tiene el deber de atender a ese llamado de atención.
