En junio del presente año, fue aprobado el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 (PNAT) para “dar continuidad y fortalecer la política pública contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes , precisando las responsabilidades de las instituciones del Estado involucradas para promover y ejecutar medidas de prevención, persecución, asistencia, protección y reintegración para las víctimas”. El PNAT establece sus objetivos según las obligaciones de prevención, persecución y protección de acuerdo al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. A vísperas del Día Nacional contra la Trata de Personas es esencial preguntarnos: ¿qué hay de las víctimas?
El PNAT establece un diagnóstico sumamente preocupante: 1) La atención no tiene como centro la persona, las víctimas son objeto de atención. 2) No existen servicios especializados para víctimas de trata de personas. 3) Solamente un pequeño grupo de víctimas recibe servicios de atención. 4) No existen servicios de reintegración. A ello podemos agregar que la falta de datos sobre la trata de personas genera una invisibilización de distintos grupos de víctimas (hombres, personas extranjeras, LGTBI, entre otros), así como a las distintas finalidades de la trata de personas (mendicidad y explotación laboral entre otras) . Esta invisibilización se traduce en la ausencia de servicios de atención para víctimas hombres, personas extranjeras y personas LGTBI y para las víctimas de otras finalidades distintas a la sexual.
Frente a ello, el PNAT propone como objetivo estratégico que se garanticen “los servicios y espacios de atención, protección integral, integración y reintegración de calidad, según las necesidades de las víctimas, así como las su entorno familiar y comunitario, transversalizando los enfoques de derechos humanos, género, niño, niña y adolescente, y adolescencia, discapacidad, interculturalidad e interseccionalidad.” Si bien es importante señalar los distintos enfoques, es preciso notar que a la hora de plantear las acciones concretas los enfoques no se ven transversalizados, es decir, las acciones propuestas no toman en cuenta estos enfoques. Como acciones concretas planteadas por el PNAT se plantea, entre otros, las siguientes: 1) Elaboración de planes individuales de integración y reintegración, 2) Creación de espacios de acogida transitoria y albergues, 3) Medidas sociales (principalmente, trabajo y educación) vinculadas a la reintegración de las víctimas.
Adicionalmente, se ha incluido en una acción concreta la entrega de documentos de identidad a las víctimas extranjeras. Sobre este punto, es necesario vincular el PNAT con el nuevo Decreto Legislativo 1350 de Migraciones que ha establecido la calidad migratoria humanitaria para las víctimas de trata, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad. Por falta de reglamentación esta calidad no se aplica en la actualidad. Es necesario promover un enfoque de derechos humanos para que esta calidad sea implementada sin que sea necesaria la participación de las víctimas de trata extranjeras en el proceso penal.
En conclusión, respecto a la pregunta planteada al inicio, queda claro que existe una serie de desafíos para la atención y reintegración que han sido en parte identificados por las mismas instituciones públicas en el PNAT. Y estos desafíos son aún más grandes si tomamos en cuenta que el PNAT no tiene presupuesto propio, sino que cada institución responsable debe financiar las acciones con su presupuesto institucional autorizado. Es necesario que todos los actores involucrados, incluida la sociedad civil y la academia, puedan incidir en la creación de un presupuesto propio del PNAT que esperemos repercuta en lo más central: la protección y atención a víctimas de trata de personas.
Escribe: Cécile Blouin, especialista en movilidad humana e investigadora del Idehpucp.
