Conferencia Magistral de Clausura: Protesta Social y Constitución

El jueves 24 de junio se realizó la conferencia magistral “Protesta Social y Constitución” a cargo del jurista y sociólogo Roberto Gargarella, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Con este evento, se dio por clausurada la décimo sexta edición del Encuentro de Derechos Humanos. Asimismo, la conferencia contó con la participación de Eduardo Dargent, politólogo del departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, quien comentó la presentación del doctor Gargarella, y Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del IDEHPUCP, quien moderó la conferencia.

Roberto Gargarella inició su exposición afirmando que el primer derecho que se debe reclamar es el derecho a la protesta pues lo consideró como “el derecho de los derechos”.

“El derecho a la protesta sirve como vehículo de la ciudadanía para reclamar a sus instituciones el reconocimiento de otros derechos garantizados constitucionalmente”, precisó. Por ello, enfatizó la necesidad de una protección especial.

Para el jurista argentino, existe un vínculo entre las protestas actuales y el mal funcionamiento de las instituciones que derivan de la Constitución. Ello se explica en un problema de sociología política: las constituciones fueron escritas “en un momento elitista donde muy pocas personas formaban parte de la vida política”, afirmó.

De este modo, explicó que la Constitución fue inicialmente escrita por pequeños grupos homogéneos, lo que generó la ilusión de que toda la sociedad podía verse representada. Contrario a ello, Gargarella señaló que hoy la sociedad es mucho más heterogénea y multicultural, por lo que esta ilusión “ya murió”. Por ende, en la actualidad,existe una incapacidad para representar adecuadamente a toda la población en las instituciones gubernamentales.

Sobre el derecho a la protesta, la justificó por dos razones constitucionales: la primera está basada en la teoría constitucional, la cual reconoce a la protesta como una herramienta que posee la ciudadanía para reclamar sus intereses y que éstos sean reconocidos ; la segunda encuentra la justificación en el mal funcionamiento de nuestras instituciones constitucionales  , las cuales impiden desarrollar otros derechos.

Sobre el sistema actual de elecciones, el jurista valoró que el voto periódico, a pesar de que antes tenía sentido al permitir a la ciudadanía mantener cierto control sobre sus funcionarios públicos, es en nuestro contexto un instrumento muy pobre para garantizar los derechos. Por ello, este resulta, aunque necesario, insuficiente.

De esta manera, concluyó que la solución de estos problemas no tiene como respuesta la vía constitucional. “No es necesario reformar la Constitución para lograr espacios de discusión colectiva, para hacer posible una conversación plural y democrática”.

Por su parte, Eduardo Dargent consideró importante que el Estado destine recursos para investigar las razones que originan las protestas. Ya que resulta fundamental distinguirlas de “aquellos actos violentos o intereses ocultos que no promueven los valores democráticos”, consideró.

Ambos coincidieron en que es el mismo Estado quien debe garantizar el derecho a la protesta por grupos cada vez más diversos, buscando reducir la represión y los derechos de la ciudadanía.

“Existe una gran pérdida de memoria institucional en la discusión del derecho a la protesta, porque resurgen siempre los mismos argumentos cada vez que se cuestiona la legitimidad del acto de protesta”, concluyó.

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