El día lunes 20, en el marco del XVII Encuentro de Derechos Humanos: Caminemos Juntos por la Integración, se desarrolló la conferencia “Protección social de personas en movilidad durante la pandemia en Latinoamérica”.
En esta oportunidad, los ponentes del evento fueron: Marcia Vera, investigadora principal del Institute for Global Health and Development; Camila Montiel, miembro del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay; Irene Palla, investigadora del IDEHPUCP; Gisela Zapata, investigadora del Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil; y Gioconda Herrera, profesora titular del Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Facultad Latinoamericana en Ecuador. Claudia Lovón, investigadora del IDEHPUCP, fue la moderadora del evento.
La investigadora Marcia Vera inició su exposición recordando que las ponencias de este evento se enmarcan en la publicación del grupo CAMINAR “Movilidades y COVID-19 en América Latina: Inclusiones y exclusiones en tiempo de crisis”. De esta manera, a partir de un análisis comparativo entre siete países de la región, se busca dar un panorama general pero no exhaustivo sobre las consecuencias del impacto de la pandemia en las poblaciones migrantes desplazadas y refugiadas.
Particularmente, en relación al contexto chileno, Vera evidenció que antes de la pandemia no existía una política de inclusión a nivel nacional debido a que solo resultan identificables esfuerzos sectoriales para la integración de las personas migrantes y refugiadas. Con relación a ello, mencionó que tanto los gobiernos y medios de comunicación hegemónicos instalan en la agenda pública una asociación directa con la pandemia y la presencia de migrantes irregulares, así como campañas orientadas a hostilidades y expulsiones masivas. Sin embargo, Vera resaltó que, desde la misma población migrante, sociedad civil y actores no gubernamentales, se vienen desarrollando campañas de sensibilización y asistencia de emergencia.
Por su parte, Camila Montiel, refiriéndose a una investigación suya elaborada junto a Víctor Prieto y Julieta Bengochea, indicó que en Uruguay existe una “estratificación cívica o documental” que genera demoras en la regularización de documentos migratorios y los modos mediante los cuales las personas migrantes pueden ser incorporada al mercado laboral y a los sistemas de protección social. Conjuntamente, Montiel mencionó que, incluso entre las personas migrantes que consiguen la “inclusión documental en el plano técnico” y cuentan con las condiciones para acceder al esquema contributivo de la protección social, la alta prevalencia de inestabilidad laboral atenta contra la posibilidad de materializar el derecho al seguro de desempleo.
En tercer lugar, Irene Palla indicó, a partir de su investigación realizada junto a Cécile Blouin y Cristina Zamora, que, durante la pandemia, el Estado peruano “delegó sus funciones de soberanía” a otros actores privados humanitarios como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). En efecto, precisó que los expresidentes Martin Vizcarra y Francisco Sagasti llamaron a que las organizaciones internacionales atiendan la emergencia de la migración venezolana, omitiendo su responsabilidad principal en materia de protección de derechos humanos. Frente a esta situación, Palla destacó que la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) han criticado estos discursos como discriminatorios debido a que las personas migrantes son vistas como objetos de control y no se encuentran dentro del marco de protección que el Estado brinda a las personas nacionales.
Por otro lado, Gisela Zapata destacó el Programa Bolsa Familia (PBF), el principal proyecto de asistencia hacia personas migrantes, y el Programa de Auxilio de Emergencia (AE) como medidas positivas implementadas por el gobierno brasileño. De igual manera, resaltó la suspensión de plazos procesales en los procesos migratorios y de solicitudes de refugio, así como la prorrogación automática de los documentos migratorios. No obstante, a partir de las entrevistas realizadas, evidenció la existencia de un trato discriminatorio indirecto hacia la población en tránsito migratorio que afectaba en la protección efectiva de sus derechos.
Siguiendo esta línea, Zapata afirmó que se crean “desventajas sociales” sometiendo a las personas migrantes a un régimen igual a las personas nacionales, pese a ser un grupo vulnerable distinto. Esta situación se ve agravada por la falta de políticas nacionales y recursos financieros destinados a su implementación, así como la ausencia de claridad en el rol de las entidades estatales migratorias, lo que implica, a su vez, mayor responsabilidad a las organizaciones de sociedad civil.
La última ponente, Gioconda Herrera, mencionó que la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha exacerbado las desigualdades sociales y visibilizado las debilidades de los sistemas de protección social en Ecuador. En este sentido, resaltó que hubo un cambio en la adopción de políticas disuasivas a políticas de inmovilidad y control fronterizo; así como decretos ejecutivos que contrastan con la normativa nacional al excluir a las personas migrantes y refugiados de las transferencias monetarias de emergencia. Además, Herrera indicó que, a diferencia del contexto peruano, Ecuador tiene una experiencia previa con la migración de la población colombiana hace más de 25 años.
Finalmente, como parte de las reflexiones, las ponentes concluyeron la necesidad de seguir impulsando el análisis teórico comparativo de las trayectorias migratorias a partir de las particularidades de cada país en Latinoamérica.
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