Los principales problemas identificados por la Defensoría del Pueblo son los siguientes:
- Discriminación y exclusión social: Se indica que las personas LGTBI cuentan con dificultades para acceder a servicios de salud y educación, condiciones equitativas de trabajo, transito con tranquilidad y seguridad y para ingresar a lugares públicos.
- Afectaciones a la vida e integridad. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró 38 muertes de personas LGTBI. Sin embargo, no existe información suficiente ni estadísticas oficiales sobre la materia. Al mismo tiempo, se señala que existe desconfianza en denunciar estos delitos por la percepción de ineficiencia del Poder Judicial o sobre posibles esterotipos y prejuicios contra este grupo de ciudadanos. Todo ello configura un escenario de impunidad.
- Violencia en la escuela: Entre enero de 2014 y junio de 2016, el Ministerio de Educación registró 114 casos de bullying homofóbico en colegios a nivel nacional. La Secretaría Nacional de la Juventud registra porcentajes mayores al 35% de entrevistados como víctimas de violencia en Lima, Iquitos y Trujillo. Por ello, se requiere que el sistema educativo incluya en el currículo escolar contenidos sobre educación sexual, identidad de género y diversidad sexual, así como capacitaciones a profesores y a la comunidad educativa sobre estos aspectos.
- Derecho a la identidad de las personas trans: La Defensoría del Pueblo estima que la protección y plena vigencia del derecho a la identidad comprende la identidad sexual con todos sus componentes, por lo que el Estado debe protegerla y garantizarla. En esa medida, critica sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial que no contemplan esta variable. Remarca que la identidad de género es un tema que compete a la decisión exclusiva de la persona interesada. Por ello, esta decisión debería tramitarse en una vía administrativa y no en la judicial, por lo que se sugiere que el RENIEC cuente con un procedimiento administrativo en torno a esta importante materia.
- Problemas en el ejercicio del derecho a la salud: Se reporta que es frecuente que en los servicios de atención de salud se pregunte a una persona LGTBI si presenta alguna enfermedad de transmisión sexual o si tiene el Virus de Inmunodeficiencia Humana, así como se limita la donación de sangre a estas personas. Por ello, se requiere que los procedimientos sanitarios incorporen mecanismos que garanticen la confidencialidad y respeto de este grupo humano para la obtención de dicha información. Se reconoce los avances en las políticas sobre VIH y SIDA, política que deberá ser fortalecida y acompañada por atender otras necesidades sanitarias, prioritarias e importantes, vinculadas con la salud sexual, reproductiva y mental de ciudadanos LGTBI, contemplando que cada uno de los sectores que integran este colectivo humano tienen problemas de salud específicos, que requieren atención especial y protocolos. También se indica que el Estado deb hacer mayores esfuerzos para que los servicios de salud sean claros en no patologizar la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGTBI.
- Falta de reconocimiento de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo: La Defensoría del Pueblo recuerda que opinó a favor en esta materia, en base al principio de igualdad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Reitera la necesidad de aprobar una ley que reconozca las uniones de parejas del mismo sexo, dado que constituyen una familia.
- Ausencia de estadísticas oficiales: La entidad indica que el Estado no cuenta con cifras exactas que permitan conocer en forma específica la dimensión de dicha problemática. Por ello, consideró como prioritario que el Instituto Nacional de Estadística e Informática produzca información sobre este colectivo – garantizando la confidencialidad de los involucrados – y la ponga a disposición de las distintas instancias del Estado para la implementación de políticas públicas.
- Escasa participación del colectivo LGTBI en la elaboración de políticas públicas: Se indica que diversas organizaciones de la sociedad civil vienen aportando con investigaciones y estudios que muestran información sobre la problemática de este colectivo. Se requiere adoptar estrategias para que revierta la desconfianza existente hacia las entidades estatales y los colectivos LGTBI puedan participar en el diseño e implementación de políticas públicas.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo evaluó las acciones hechas por el Estado para garantizar los derechos de las personas LGTBI. Se destacan las ordenanzas regionales y locales emitidas contra la discriminación, así como las acciones contempladas en el Plan Nacional de Lucha contra la violencia de género 2016–2021. Se evalúa como un serio retroceso la no inclusión de este grupo vulnerable en el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por el gobierno anterior.
Finalmente, la Defensoría hace una serie de recomendaciones al Congreso de la República, el Poder Judicial, diversos ministerios, el RENIEC, la Policía Nacional del Perú y el INEI para atender las legítimas demandas y problemas que tiene la comunidad LGTBI en nuestro país. Dichas recomendaciones contemplan la aprobación de la Ley de Unión Civil para parejas del mismo sexo; contemplar a este colectivo en el Plan Nacional de Derechos Humanos; implementar un registro de procesos judiciales que involucren delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y discriminación en agravio de personas LGBTI; contar en las políticas del Sector Salud con servicios específicos referidos a la salud sexual y reproductiva; incrementar el presupuesto de la Estategia Nacional sobre VIH y SIDA; entre otras medidas.
(31.08.2016)
