24/03/2020

[EDITORIAL] Carrera contra el tiempo

(Foto: Andina)

A nueve días de iniciado el estado de emergencia en el Perú nuestra primera urgencia sigue siendo aminorar el ritmo de propagación del coronavirus entre la población. Se trata de una carrera contra el tiempo sabiendo que nuestro sistema de salud no cuenta con los medios para atender apropiadamente a un número elevado de pacientes en estado crítico.

Pero la lucha contra la pandemia, siendo lo más urgente, tiene consecuencias sociales que tampoco deben ser ignoradas. Las medidas de distanciamiento social, y el consiguiente estado de confinamiento, trastorna la vida cotidiana de toda la sociedad y afecta de diversas maneras a millones de peruanos. Así, la responsabilidad del Estado, y de la sociedad, es también prevenir y mitigar esas consecuencias. Tres elementos son indispensables para ello: cumplimiento de la ley, sentido de responsabilidad y espíritu de solidaridad.

Como se sabe, muchas personas han perdido su fuente de ingresos, algunas porque están imposibilitadas de desempeñar sus actividades particulares, otras porque han sido despedidas (ilegalmente) de las empresas para las que trabajaban. Esa es solamente una, quizá la más visible, de las consecuencias de las medidas de emergencia. Pero hay varias más como, por ejemplo, los perjuicios a la población migrante tras el cierre de fronteras. A eso se suman brotes de acaparamiento y de especulación, así como el incremento desmedido de precios de ciertos bienes como, por ejemplo, en el sector de transporte.

El reto que plantea la pandemia demanda, también, la activación de ciertas normas de comportamiento, valores y actitudes sociales, que son las de la lealtad y la solidaridad hacia los demás. 

Para muchos de esos problemas, y en particular para la cuestión laboral, existe legislación y existen tratados internacionales de los que el Perú es suscriptor. El Estado tiene la obligación de fiscalizar y de hacer cumplir la ley, así como también tiene la potestad de introducir las regulaciones necesarias para evitar abusos en un momento de crisis social.

Pero no todos los problemas y disfunciones que afrontaremos en lo inmediato pueden ser resueltos por el derecho o por las políticas públicas del Estado. El reto que plantea la pandemia demanda, también, la activación de ciertas normas de comportamiento, valores y actitudes sociales, que son las de la lealtad y la solidaridad hacia los demás. No sacar provecho indebido de la situación, no abusar de las necesidades ajenas, no invocar privilegios inexistentes para evadir las instrucciones básicas de distanciamiento social, no acaparar bienes, todo ello forma parte de normas fundamentales de civilidad y se basa en un reconocimiento de los demás como iguales, como ciudadanos. Atravesar juntos esta crisis implica, también, un aprendizaje democrático.

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