15/09/2020

[Editorial] Contra la toma ilegítima del poder

Se encuentra programada para este viernes, 18 de septiembre, la discusión en el Congreso de una moción de vacancia de la Presidencia de la República. Eso podría variar dependiendo de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional sobre la demanda de competencia y la solicitud de una medida cautelar, ambas planteadas por el Poder Ejecutivo. Enfrentamos, en cualquier caso, un serio riesgo de inestabilidad institucional y, aún más, de regresión antidemocrática. Ambas son posibilidades profundamente perturbadoras.

El origen inmediato de esta situación, como se sabe, está en algunas revelaciones sobre el amplio favorecimiento del Poder Ejecutivo a una persona particular, Richard Cisneros, quien disfruta de cuestionables contratos con el Estado y un inexplicable acceso a Palacio de Gobierno. Todo eso debe ser aclarado por el presidente Vizcarra ahora mismo sin perjuicio de tener que responder por los aspectos de relevancia judicial del asunto, si los hubiere, una vez que haya dejado el cargo.

Sin embargo, lo que el Congreso de la República intenta hacer al promover la vacancia de la Presidencia tiene enormes visos de arbitrariedad, desde el punto de vista jurídico, y de irresponsabilidad, desde el punto de vista político.

Se debe señalar que un proceso de vacancia por incapacidad moral, tal como lo ha planteado el Congreso, representa un serio atentado contra principios jurídicos básicos como el derecho al debido proceso. Un debido proceso exige que estén garantizados la imparcialidad de quien juzga y el derecho a la defensa del acusado. Pero, además, el proceso planteado por el Congreso es jurídicamente cuestionable por el mismo concepto en que se sostiene la acusación, el de incapacidad moral. Este es un concepto sumamente difuso, que conduce a que los argumentos y hechos para destituir a un presidente sean prácticamente indefinidos. Se trata de una noción que, empleada de esta forma, tiene más de excusa política para ejercer represalias, que de concepto jurídico.

Si hubiera que hablar de motivaciones políticas, bastaría con mencionar la recurrente negativa de esta representación parlamentaria a consolidar la reforma política o la franca hostilidad de varias agrupaciones al intento de mejorar la calidad de las universidades a través de SUNEDU.

Todo lo anterior no hace más que poner de relieve el contexto político en el que se produce este intento desestabilizador. Si hubiera que hablar de motivaciones políticas, bastaría con mencionar la recurrente negativa de esta representación parlamentaria a consolidar la reforma política o la franca hostilidad de varias agrupaciones al intento de mejorar la calidad de las universidades a través de SUNEDU. Se trata evidentemente de defensa de intereses personales y de grupo, y no de posturas vinculadas con alguna noción de interés público.

Pero si esas motivaciones no resultaran tan claras, las dudas al respecto quedan disipadas por la maniobra del presidente del Congreso, Manuel Merino, de Acción Popular, consistente en buscar a jefes militares aun antes, incluso, de que se hubiere presentado la moción de vacancia. Adicionalmente, un ministro del actual gabinete ha revelado que recibió llamadas del partido de Merino para ofrecerle la continuidad en el cargo en un hipotético gabinete de transición. Esas maniobras nos devuelven el recuerdo de tiempos que esperábamos ya superados, el de las conspiraciones para la toma ilegítima del poder por medio de la fuerza o respaldándose en la fuerza.

La situación es grave y preocupante, pues el plazo puesto por el Congreso para decapitar a la democracia (y someterla al arbitrio de grupos con intereses particulares) sigue corriendo. Es necesario expresar un rechazo claro a este propósito anticonstitucional y antidemocrático del Legislativo y demandar que este desista de su intención. Una enorme mayoría de la ciudadanía censura este ilegítimo empeño del Congreso. Es imprescindible que el Tribunal Constitucional ponga también una nota de razonabilidad de manera pronta y oportuna, y cumpla su obligación de hacer prevalecer el Estado de Derecho y la Constitución.

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