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Editorial 30 de noviembre de 2021

Este viernes se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1992. La finalidad es que mediante ella se genere una conciencia mundial sobre esta realidad y que ello, a su vez, conduzca a promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades y su pleno desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad.

El tema de la conmemoración de este año es «Participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: Agenda de Desarrollo 2030«. Ello apunta a un aspecto particularmente importante, aunque rara vez mencionado, que es el de la presencia activa en la vida pública, es decir, en la toma de decisiones, la elaboración de propuestas, la fiscalización, la presencia en cargos oficiales y otros diversos aspectos de la participación política. Se trata, así, de optimizar la condición de ciudadanía plena de las personas con discapacidades, y ello nos coloca, positivamente, muy lejos de aquellas miradas iniciales al tema, que se centraban exclusivamente en los aspectos médicos o terapéuticos, y también nos pone más allá de los enfoques de “inclusión” en un sentido limitado.

En efecto, la aproximación a la problemática de las personas con discapacidad ha experimentado una evolución y ha sido materia de un desarrollo jurídico y de políticas públicas considerables en las últimas décadas. Se podría decir que en el núcleo de ese desarrollo se encuentra la adopción de un enfoque de derechos humanos, pues esta demanda y promueve siempre una mirada de integralidad.

Ese desarrollo, por lo demás, siendo positivo y alentador está lejos de haber rendido resultados satisfactorios. En el Perú, como en muchas partes del mundo, los retos que enfrentan las personas con discapacidad no están adecuadamente registrados. Su atención demanda un gran esfuerzo de parte de instituciones públicas y privadas, no solo en materia de adecuación y habilitación material, y de marcos de protección y de fiscalización, sino también, sobre todo, en un sentido cultural. Las sociedades y Estados necesitan reajustar sus estándares morales, e incluso su concepción del desarrollo humano pleno, para hacerse sensibles a las necesidades de las personas con capacidad.

Por ello, un día como el que se conmemorará este 3 de diciembre, además de demandar compromisos concretos, se dirige a generar o promover una conciencia clara sobre esta difícil realidad.

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