06/10/2020

[Editorial] Día mundial de la salud mental

Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, instituido por la Federación Mundial para la Salud Mental y por la Organización Mundial de la Salud. El tema central de este año es la necesidad de que todos los países del mundo se comprometan a incrementar su inversión en la atención de salud mental, campo que se mantiene en notoria desventaja respecto de otras áreas de la salud.

Por otro lado, la fecha se encuentra rodeada, evidentemente, por una circunstancia particular como es la crisis sanitaria mundial determinada por la pandemia de COVID 19. Todavía es temprano para tener una apreciación clara de cuáles serán los principales daños psicosociales que esta situación generará en la población mundial. Pero sí existe la convicción de que todas las limitaciones y penurias generadas por la crisis –la pérdida de seres queridos y próximos por una amenaza inédita, la sensación general de precariedad y vulnerabilidad, la experiencia de encierro y aislamiento—dejarán secuelas considerables en diversos grupos humanos. Y también sabemos, desde ya, que esas secuelas no impactarán del mismo modo a todos. Todo ello quiere decir, obviamente, que, si ya teníamos mundialmente un déficit de atención en el campo psicosocial, este se verá ampliado en los próximos años si no se emprende acciones con prontitud.

“Esta fecha debe servir para recordarnos que todavía tenemos muchas tareas pendientes para la implementación efectiva de un plan nacional de salud mental”

En el caso del Perú esta fecha debe servir para recordarnos que todavía tenemos muchas tareas pendientes para la implementación efectiva de un plan nacional de salud mental, la cual debe ser entendida, además, como una necesidad importante para la protección y garantía de los derechos humanos. Más allá de la normativa y los protocolos hace falta invertir en los recursos humanos, en los profesionales que interactúan cotidianamente con la población, y, como parte de eso, en estrategias de acceso y cercanía a la ciudadanía. Esto, que es cierto en general sobre las políticas de Estado, lo es más en el ámbito de la salud mental, una forma de intervención sobre problemas que, de algún modo, no son visibles públicamente, pero que afectan de múltiples formas a la población.

Ha ido ganando terreno en la política del Estado el reconocimiento del enfoque comunitario en salud mental como algo distinto del enfoque exclusivamente clínico, pero que no necesariamente implica descartar a este último. Así, el Ministerio de Salud ha ido multiplicando en los últimos años los centros de atención comunitaria en salud mental. Ese giro ha de garantizar una mayor cobertura territorial, además de evitar una errónea (y muchas veces estigmatizante) caracterización patológica de la población con algún problema de salud mental.

También entre nosotros será indispensable tomar pronto la medida de las afectaciones dejadas por la pandemia. Pero, además, es importante recordar que este tema, a pesar de toda su urgencia, será uno más en una lista de deudas en este campo. Esa lista incluye a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno, para quienes no ha habido hasta ahora un plan de atención en salud mental comprehensivo. Es un dato elocuente sobre el olvido histórico del problema de la salud mental, y de las víctimas, el que durante años estas hayan tenido que improvisar sus propias formas de sanación, a veces acompañadas por organizaciones no gubernamentales o iglesias, pero otras veces de manera solitaria.

Por otro lado, además de las víctimas del conflicto armado, hay que recordar diversos episodios traumáticos sufridos por el país en los últimos años, como, por ejemplo, los desastres causados por el Fenómeno del Niño en el año 2017, o, antes, el terremoto del año 2007, o las recurrentes víctimas de conflictos locales violentos. A esto se suman las personas afectadas por las diversas formas de violencia existentes en nuestra sociedad como aquella que se ejerce contra niños y niñas, mujeres o población LGBTI. Las secuelas de todo ello sobre las víctimas y personas afectadas constituyen daños tan graves como los materiales, y se expresan en pérdida de oportunidades y severas limitaciones de los proyectos de vida además de perjuicios profundos, pero en el fondo evitables, en las vidas cotidianas –personales, familiares, comunales—de las personas.

En suma, esta será una fecha de toma de conciencia y, es de esperarse, de compromisos. En el Perú debe servir para recordar que la atención en salud mental es un importante tema pendiente en la agenda de los derechos humanos.

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