[Editorial] Empresas y derechos humanos

Desde junio de este año el país cuenta con un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, en el cual se incorpora los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre la materia. El plan fue aprobado en las postrimerías del anterior gobierno, con lo cual el Perú se convirtió en el tercer país de América Latina, y el número 25 en el mundo, en contar con un instrumento semejante.

La relación entre empresas y derechos humanos tiene algunas características visibles en el Perú de hoy. Estas se refieren, en su manifestación más conocida, a las relaciones entre industrias extractivas y las poblaciones locales, que en muchos casos son, además, pueblos indígenas. El Estado no ha aprendido todavía a ser un árbitro imparcial de los conflictos que se generan en ese ámbito ni a ser, como está obligado a serlo, un garante efectivo de los derechos de la población. El resultado de ello ha sido una historia de abusos y de violaciones de derechos de muy diverso tipo, a lo que se suma el crecimiento de la desconfianza de la ciudadanía afectada y el recurso a medidas de fuerza.

Un aspecto central de ese plan es la promoción del diálogo entre los sectores involucrados, es decir, el sector empresarial, los pueblos indígenas, los sindicatos y la sociedad civil organizada. El plan en sí mismo ya es resultado de un proceso de concertación, de manera que existe ya un camino avanzado.

Desde luego, cualquier plan de este tipo, por más que se apoye sobre las capacidades de acuerdos en la sociedad civil, depende en última instancia de la acción efectiva del Estado. Este es siempre el que tiene la obligación de ser garante de los derechos, y eso le confiere la responsabilidad de actuar siempre de manera decidida para asegurar el Estado de Derecho.

Por otro lado, si bien toda referencia a este tema evoca de inmediato los conflictos sociales arriba aludidos, se debería tener presente que las obligaciones empresariales en materia de derechos humanos van mucho más allá. Como se señala en una entrevista recogida en esta edición del Boletín de IDEHPUCP, el compromiso con los derechos humanos debe ser visto como algo transversal a todo el campo empresarial. Los temas de derechos humanos tienen validez en todos los sectores de la actividad privada: el respeto a la legislación que protege los derechos de los trabajadores en materia salarial, previsional, de seguridad, de libertad de asociación y otras más son, también, una tarea para una política de derechos humanos.

Un ejemplo dramático de la importancia de promover los derechos humanos en todo ámbito se encuentra en la reciente muerte de una persona a manos de agentes de seguridad privada en un local comercial en Lima. Como señala la directora de IDEHPUCP, Elizabeth Salmón, en un artículo también incluido en esta edición, es necesario desarrollar la normatividad sobre servicios de seguridad privada, más aún cuando las empresas de ese tipo proliferan en el país en los últimos años. Este es también, obviamente, un campo en el cual la incorporación de criterios de Derechos Humanos es imprescindible.

IDEHPUCP trabaja desde hace unos años en este tema, desarrollando investigación y participando de foros que impulsan la reflexión y la elaboración de propuestas, pero hay que reconocer que esta aproximación es todavía novedosa en el país. Por ello, además de desarrollar la normatividad e implementar los mecanismos de vigilancia requeridos, es esencial que se difunda la conciencia sobre esto. Las empresas tienen un considerable potencial para ayudar a que avance una cultura efectiva de derechos humanos en el país.