El 6 de mayo se llevó a cabo el tercer conversatorio del ciclo Crisis política, violencia y polarización en el Perú en el auditorio Zolezzi de la Facultad de Derecho PUCP. Este evento fue el último de un ciclo de tres encuentros dedicados a analizar diversos aspectos de la grave crisis por la que atraviesa el país.
Los expositores fueron el historiador y docente PUCP Antonio Zapata; la presidenta de la Asociación Civil Transparencia en el Perú, Adriana Urrutia; y el coordinador de proyectos en el Programa Estado de Derecho para Latinoamerica en Bogotá de Konrad Adenauer Stiftung, Miguel Barboza. La directora ejecutiva de IDEHPUCP, Elizabeth Salmón, estuvo encargada de la moderación de la mesa.
La moderadora inicia la conversación refiriéndose a la polarización como un concepto que apunta a la prevalencia de posiciones extremas y narrativas binarias. Esto se opone al pluralismo, donde las opiniones son escuchadas y respetadas, lo cual hace posible una discusión a fondo. Frente a ello, la polarización evita la discusión de temas complejos como, por ejemplo, cómo enfrentar la pobreza y la discriminación estructural, cómo llevar a cabo políticas inclusivas, u otros.
Antonio Zapata inicia su exposición mencionando que, con este grado de polarización, es difícil discutir temas sustanciales y es preferible iniciar con temas procedimentales. Pone como ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones y los intentos del Congreso de socavar su autonomía. Frente a ello, señala que las autoridades electorales tienen que ser neutrales y autónomas para que los resultados sean aceptados, para que la democracia tenga estabilidad y se recupere la gobernabilidad. Por ello, los intentos de cambiar las reglas que rigen a organismos como el JNE y la ONPE implicarían un retroceso hacia el Perú anterior a la reforma de 1931. Señaló que en el diseño actual el JNE y otros organismos como la ONPE y el BCR cuentan con autonomía constitucional, la cual es importante resguardar en un país con baja confianza en las instituciones, como el nuestro. Afirmó que el primer punto del diálogo es establecer la neutralidad de “árbitro”.
Un segundo punto que discute el profesor es el de la Asamblea Constituyente. Si bien desconfía de la posibilidad de que un documento haga cambios estructurales, como sucedió con las 12 Constituciones anteriores que hubo en el Perú, afirma que lo mejor es convenir en que se consulte y discuta para saber la voluntad de la ciudadanía, aceptando que hay un buen porcentaje de la población que la cree necesaria. Por otro lado, es verdad que la Constitución de 1993 requiere arreglos, como esclarecer cuándo se puede cerrar el congreso o cuando se puede vacar a un presidente, temas que han alimentado la lucha de poderes que se ha visto en los últimos años.
El último punto mencionado por Zapata fue el de cómo dialogar en un país fragmentado, donde no hay comunidades políticas estructuradas, orgánicas con intelectuales. Cada corriente política tiene partidos que compiten mutuamente y sin relaciones entre sí; no hay bloques o frentes únicos. Frente a ello, lo mejor es una conversación sustantiva sobre un programa nacional que pueda ser llevado a cabo por medio de profesionales que tengan influencia en diversas corrientes políticas, con personalidades sin posicionamiento muy ideologizado, sino más bien profesional. A este respecto, el expositor recordó el esfuerzo de Francisco Sagasti.
A continuación, Adriana Urrutia se remite al proceso electoral del 2021 como momento donde inicia la polarización y se genera un momento estructurante de las formas como nos vinculamos. Señala como factor crítico el cuestionamiento a las autoridades electorales, aun siendo el componente más sólido de nuestra democracia. Afirma que según un reporte de The Economist que evalúa cómo pasamos de ser una democracia a un régimen híbrido, el componente más débil que tenemos es el diálogo o cultura política. Lo que ahora estaríamos viviendo es “el fin del ciclo democrático” que se inició con las elecciones del 2001 y terminaría con las del 2021.
Para entender cómo se manifiesta la polarización en el fin de ciclo democrático trae a colación una herramienta empleada por la Asociación civil Transparencia, que evalúa los discursos de odio y de violencia de género en las redes sociales. Entre los hallazgos, resalta, en primer lugar, el ataque a las instituciones, incluyendo las electorales, lo cual pone en peligro nuestros derechos políticos y socava el sistema democrático. En segundo lugar, se evidencia el ataque a grupos específicos como los grupos étnicos, la comunidad LGTBIQ+ y las mujeres, lo cual pone en peligro los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Por último, resaltan los discursos basados en odio y violencia basada en género. Estas formas de violencia van acompañadas no solo de una caracterización de quienes piensan diferente, sino también de una denigración. Se descalifica la opinión ajena, lo cual dificulta el funcionamiento la democracia, que es la gestión de lo plural, la política de la diferencia, según el pensamiento de Iris M. Young.
Para finalizar, analiza las narrativas polarizantes, formas de interpretar los eventos que se construyen colectivamente y donde se invalidan algunas posturas. Esto fue visto en tres momentos recientes: el estallido social de los últimos meses, los hechos del 8 de marzo y el cierre del LUM. El problema de fondo, afirma, ha sido la ausencia de representación y representatividad; las dinámicas de intercambios entre la sociedad se reflejan en cómo los políticos ejercen liderazgo y gestionan su poder político. Al no existir dinámicas partidarias consolidadas, los líderes aprovechan y fomentan la polarización. Se suma que no ha habido procesos de diálogo exitosos similares a otros casos de la región, dados de manera institucionalizada y donde los partidos han canalizado demandas de algunos movimientos sociales. Lo necesario para detener la polarización es el fortalecimiento de la representación, es decir la renovación de los partidos políticos como plataformas de canalización de diálogo, en conjunto con otros canales de participación de la sociedad civil..
Por último, Miguel Barboza comparte la posible ruta de acción saludable (en seis pasos) para hablar de diálogo en un marco de estado de derecho que preserve la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos. Un primer paso es agendar un itinerario, es decir, establecer el punto al que se quiere llegar antes de plantear una política pública En el agendamiento, se debe analizar el resquebrajamiento de la democracia. Asimismo, se debe tener en cuenta los problemas vinculados a la función estatal y los derechos.
El segundo paso es el compromiso de transformación para dar dirección al diálogo. El tercer paso es el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y de la existencia de situaciones complejas, de las fallas institucionales desde un ámbito público y descentralizado, con una relación directa con las víctimas. Mientras que las primeras tres etapas eran un diálogo sobre la problemática, el cuarto punto es la acción misma de establecer un diálogo diplomático, descentralizado, en diferentes niveles con organizaciones de sociedad civil, actores económicos, comunidades, autoridades municipales, regionales, y partidos y movimientos políticos. Los últimos pasos involucran el eje de la transformación y la forma de enfocar el diálogo para lograr coherencia política y normativa.
