Por Dra. Mariella Villasante Cervello
Tarare, 21 de abril de 2020
La propagación del nuevo coronavirus COVID-19 en el país continúa a un ritmo similar al que ya hemos observado en otros países del mundo [actualmente deploramos más de 165 mil muertos, entre los cuales 80 mil en Europa]. Luego de haberse circunscrito a las ciudades, en particular a Lima, la pandemia se difunde libremente a través de los viajeros que retornan a sus regiones de origen. Este proceso es ineluctable en el Perú, no solamente porque las medidas estatales de aislamiento social son cumplidas en modo muy relativo, según los sectores sociales y las regiones naturales, sino también porque la mayoría de los pobladores rurales de los Andes y de la Amazonía tiene un modo de vida colectivo que hace imposible adoptar el distanciamiento preconizado por las autoridades médicas y políticas.
En los últimos días, la Defensoría del Pueblo, la Asociación interétnica para el desarrollo de la selva del Perú (AIDESEP), la Comisión de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos del Congreso[1], varias ONG y profesionales universitarios[2] han enviado mensajes al gobierno ‘exigiendo’ que se envíe una ayuda humanitaria de urgencia a los pueblos amazónicos [ver Servindi]. Esos mensajes son loables y ameritan toda la atención del gobierno. No obstante, creo que es necesario lanzar y escuchar otro llamado paralelo destinado a despertar las conciencias de los profesionales públicos y privados, y de los universitarios que trabajan con los pueblos originarios de la Amazonía pues el Estado peruano y el gobierno del presidente Vizcarra no pueden afrontar solos la terrible y dramática crisis sanitaria que vivimos por la propagación del COVID-19.
En tanto antropóloga, con una larga trayectoria de investigación y de publicaciones sobre la selva central, y en tanto ciudadana solidaria con los pueblos originarios amazónicos, quisiera aportar en esta nota algunas ideas que no han recibido todavía la atención ni de las autoridades estatales, ni de los universitarios, ni de los miembros de las ONG que trabajan en la Amazonía. Los pueblos originarios necesitan en efecto ser informados por las autoridades sobre el nuevo virus que causa la enfermedad pulmonar del COVID-19, necesitan también recibir la ayuda humanitaria de urgencia en alimentos y en medicinas de base (que no pueden curarla, pero que ofrecen algún alivio), ello no solamente de parte del gobierno de Martín Vizcarra, sino también de parte de la sociedad civil que puede y debe colaborar concretamente en la lucha contra la epidemia tanto en la Amazonía como en todo el país.
El coronavirus COVID-19 en la selva peruana: acciones y demandas al gobierno
El nuevo coronavirus está circulando en varios departamentos amazónicos, en particular en Loreto (585 casos, 14 muertos), Ucayali (120 casos, 3 muertos), San Martin (94 casos, 1 muerto), Junín (155 casos, 1 muerto), Huánuco (83 casos), Madre de Dios (64 casos), Amazonas (55 casos). El 21 de abril se reportaban 16,325 casos y 445 muertos por el Covid-19 en todo el país (MINSA[3]).
El 18 de abril, la Defensoría del Pueblo de Ucayali anunció que había 73 casos confirmados de COVID-19 en Ucayali, y que se encontraron dos casos de contaminación en la comunidad shipibo-conibo de Puerto Betel. El 21 de abril, el MINSA anuncia que 121 personas están contaminadas, 21 están hospitalizadas, 8 se encuentran en UCI, y se lamentan 5 fallecimientos. El jefe de la Defensoría del Pueblo de Ucayali, Hugo Pari, ha solicitado al director regional de Salud de Ucayali que se les garantice atención médica hasta su completa recuperación. También solicitó varias medidas: que se haga pruebas de despistaje a todos los miembros de la comunidad para determinar el número de afectados; que se asigne un presupuesto para la prevención y atención de casos de COVID-19 en las comunidades; que el titular de la Dirección desconcentrada de Cultura de Ucayali coordine con la Dirección regional de Salud para informar sobre la nueva enfermedad a las comunidades nativas teniendo en cuenta las costumbres y tradiciones; y que se facilite un albergue en Pucallpa para instalar a los enfermos nativos.
En días anteriores, la Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría, Nelly Aedo, había pedido al gobernador regional de Ucayali que se adopte medidas para evitar que la enfermedad se propague a las comunidades, y que se difunda acciones de prevención en las lenguas originarias. Aedo señalaba también que había un tráfico fluvial intenso en los ríos navegables de la Amazonía, lo cual implica el traslado preocupante de muchas personas. De otro lado, recordando que Ucayali alberga más de 55 mil nativos, se solicitaba al gobierno regional que se implemente un plan de acción con enfoque intercultural (Servindi, 19 de abril[4]). El 21 de abril, el MINSA anuncia que se ha creado un Comando regional de operaciones COVID-19 en la región Ucayali, presidido por el doctor Ángel Gutiérrez, vicegobernador de Ucayali[5]. Las actividades deben comenzar esta semana.
- El 7 de abril, la Asociación interétnica para el desarrollo de la selva del Perú (AIDESEP), principal organización de pueblos originarios amazónicos, ha emitido un pliego de acciones que el gobierno debería realizar (AIDESEP[6]). El presidente de AIDESEP, Lizardo Cauper, solicita que el gobierno impida que la pandemia “se desborde” en la Amazonía donde la población ya está debilitada por la anemia y otras enfermedades tropicales. Recordemos, en efecto, que desde enero de 2019 el MINSA lanzó una alerta por la reaparición de dengue, zika y chikungunya no solamente en la zona amazónica sino también en ciudades como Lima[7]. Actualmente se estima que hay 14 mil casos de dengue, sobre todo en Madre de Dios (2,600 casos) y Loreto (3 mil casos). Otros dirigentes nativos, como Lyndon Pishagua (ARPI, AIDESEP), han señalado que no existe todavía un plan nacional de ayuda a las comunidades amazónicas, y han pedido al Estado y a la cooperación internacional que los apoyen rápidamente (Servindi del 14 de abril[8]).
- El 6 de abril, el Grupo de trabajo sobre pueblos indígenas de la Coordinadora nacional de derechos humanos ha enviado un comunicado a la presidencia en el cual “exige medidas de protección a los pueblos indígenas u originarios ante la amenaza de propagación del COVID-19”. Los autores reconocen los esfuerzos del gobierno en las zonas urbanas, pero constatan que no se han tomado medidas entre los pueblos originarios. Consideran además que el MINSA “debe fortalecer y equipar a los equipos de salud con enfoque intercultural y tratar a la población afectada o en riesgo como establece el Convenio 169 del OIT”. Proponen igualmente: incluir representantes indígenas en los comités de gestión de la pandemia como recomienda la FAO (Organización de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación); distribuir 380 soles del fondo del MIDIS a las familias nativas; y el cese de las actividades mineras en territorios indígenas (CNDH, 6 de abril[9]).
- El 13 de abril, María del Carmen Sacasa, representante del PNUD en el Perú, publicó una nota sobre la situación de los nativos amazónicos; recordando que AIDESEP convocó a más de 2,000 comunidades nativas a ratificar la cuarentena nacional cerrando el ingreso de foráneos para controlar la propagación del virus. Sacasa recuerda que la pandemia podría ser más devastadora para los pueblos nativos que no disponen de centros de salud decentes, y afirma que están coordinando con el Estado y con las organizaciones indígenas acciones de prevención ante el virus (PNUD, 13 de abril[10]).
- En fin, Amnistía internacional ha emitido un mensaje solicitando al Estado peruano que garantice los derechos humanos en el contexto de emergencia actual por el COVID-19. Y pide dar prioridad a la atención de las personas más vulnerables, entre las cuales se encuentran los pueblos indígenas (AI, Abril, sin fecha[11]).
En primer lugar, podemos constatar que las demandas de la Defensoría del Pueblo, de la CNDH, del PNUD y de Amnistía internacional son laudables y pertinentes. No obstante, es preciso reconocer y aceptar con valentía y coraje que, como todos los países latinoamericanos y los países subdesarrollados del mundo (África y Asia), el Perú tiene capacidades muy limitadas y deficitarias para afrontar la pandemia de coronavirus COVID-19. No tenemos, en efecto, los hospitales, el personal médico y los servicios funerarios suficientes para todos los ciudadanos, y las vías de transporte son deficientes para llevar la ayuda humanitaria masiva a las zonas rurales del país, sobre todo a la Amazonía.
En segundo lugar, debemos tomar conciencia de que todos los pueblos originarios del mundo y de la Amazonía están afrontando un peligro de contagio masivo con consecuencias catastróficas, similares a aquellas que amenazan la vida de millones de personas pobres en todos los continentes. En esas condiciones, no es ni pertinente ni razonable exigir a nuestro gobierno que aporte una protección global a los pueblos nativos para afrontar la crisis sanitaria actual, pues ello está fuera de sus posibilidades reales. Con retraso y con dificultades, el gobierno ha empezado sus acciones para atender a las regiones amazónicas de acceso difícil; no obstante, es también indispensable la participación ciudadana. La posición de demanda constante al Estado, que carece de lucidez y de realismo, debe ser remplazada por una perspectiva responsable y generosa de ofrecimiento de lo que cada ciudadano puede hacer por su país.
Las respuestas del gobierno
El gobierno del presidente Martín Vizcarra ha reconocido la urgencia de reaccionar rápidamente a la pandemia, ordenando el aislamiento social y el cierre de fronteras el 15 de marzo. Desde entonces se han tomado varias medidas estatales de acompañamiento y de apoyo alimenticio a las familias pobres urbanas y rurales (Bonos de solidaridad). Estas respuestas son muy positivas y contrarias a aquellas tomadas en países vecinos como el Brasil, donde el nefasto presidente Bolsonaro se niega a aceptar la gravedad de la pandemia y, siguiendo el camino del funesto Trump, prefiere concluir la medida de distancia social y relanzar la economía, con todos los riesgos mortales que ello implica.
La situación de las comunidades de la Amazonía peruana no ha suscitado una atención especial hasta mediados de abril. Recordemos que según el III Censo de comunidades nativas de 2017, la población nativa amazónica es de 418,364 personas, repartidas en 44 grupos étnicos, e instaladas en 2,400 comunidades nativas ubicadas en 11 departamentos. La mayoría de comunidades se encuentra en Loreto (1,170), luego en Ucayali (383), Amazonas (362), Junín (285), Pasco (183), San Martín (134), Cusco (100), Madre de Dios (37), Huánuco (22) (Cajamarca (17) y Ayacucho (10). El pueblo ashaninka concentra el mayor porcentaje de comunidades nativas (520, 19%), luego vienen los Awajun (419, 15%) y los Kichwa (315, 11%). Las condiciones sanitarias de las comunidades son muy deficientes, solo 32% dispone de algún tipo de establecimiento, en mayoría simples postas de salud (92%), y centros de salud sin internamiento (5%). Las autoridades deben tomar en cuenta esos datos del INEI actualizados en 2017, y no aquellos del Censo de 2007 que considera un total de 332,975 Nativos amazónicos[12] (INEI III Censo de Comunidades nativas, ver también Rumbo minero[13]).
El 14 de abril, el presidente Vizcarra declaró que esa falta de atención debe ser corregida “en el menor tiempo posible” (Servindi del 14 de abril[14]). Días antes, el 8 de abril, la Ministra de Cultura Sonia Guillén declaró que estaban elaborando un programa para llevar víveres a las comunidades nativas; recordando que las “epidemias han tenido impactos crueles en las poblaciones originarias”; y ello es muy cierto, pues en el primer siglo de la invasión europea 90% de la población originaria falleció en las Américas (Todorov, La conquista de América, 1982). Pero hay que precisar también que el COVID-19 es una enfermedad totalmente nueva en el mundo y ante ella los seres humanos no tenemos ninguna protección. Nuestro sistema inmunológico desconoce totalmente el nuevo virus de origen animal; en ese sentido, todos somos iguales y todos estamos expuestos a la contaminación y a la posible muerte por esta enfermedad inédita.
De otro lado, en una entrevista realizada por la ONG SPDA [Sociedad peruana de derecho ambiental] el 20 de abril, la ministra Guillén precisó que la ayuda de urgencia debe empezar a llegar a las comunidades nativas esta semana: “vamos a llegar con alimentos, abastecimiento, equipamiento para la salud”. El proceso, que debe durar algunas semanas, va a implicar coordinaciones con los ministerios de Defensa y Salud y estará centrado sobre la difusión de protocolos. Los Bonos rurales también serán distribuidos con ayuda de las organizaciones nativas. Los departamentos prioritarios por su importante población nativa son: Loreto, Amazonas, Junín, Ucayali, Madre de Dios. Este proceso debe ayudar también a la reactivación de la titulación de tierras y la seguridad jurídica de las comunidades (SPDA, 20 de abril[15]). Se estima en efecto que 10% de las comunidades nativas no están reconocidas por el Ministerio de Agricultura, y 23% no tiene título de propiedad (Ojo Público, 19 de marzo de 2019[16]).
El rol central de la sociedad civil peruana en la selva
He planteado anteriormente [Villasante, 14 de abril] que la sociedad civil peruana (sobre todo los jóvenes universitarios, las clases medias y altas, las ONG y las iglesias), debe asumir su tarea solidaria para apoyar a los que lo necesitan, y ser capaz de organizarse en las distintas regiones, con el apoyo de las Municipalidades, para recolectar alimentos y medicamentos de base destinados a ser distribuidos a las familias necesitadas. La solidaridad debe ser concretada también por el sector empresarial nacional e internacional que labora en nuestro país y que tiene beneficios suficientes para mostrar su responsabilidad moral ante la pandemia en países subdesarrollados como el nuestro.
La situación de los pueblos originarios de la Amazonía peruana es catastrófica desde fines del siglo XIX, ningún gobierno ha aportado su protección sanitaria, educativa o económica ni siquiera a las regiones azotadas por la guerra interna como es el caso de la selva central. En un libro reciente, he demostrado la situación de desestructuración social que atraviesan los Ashaninka y Nomatsiguenga que han sufrido en los campos totalitarios senderistas y por la represión indiscriminada de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y la ausencia casi total del Estado [Villasante 2019[17]]. ¿Algún gobierno ulterior a la caída del dictador Fujimori en noviembre de 2000 ha promovido el desarrollo durable de esas comunidades? No, ninguno. En el contexto actual de pandemia, el Estado peruano representado por el gobierno de Vizcarra ha anunciado que las medidas de protección deberán extenderse rápidamente a las comunidades amazónicas. Esperemos que así sea. El Estado deberá tomar también medidas conexas para controlar drásticamente la deforestación [147 mil hectáreas en 2019, más de dos millones de hectáreas entre 2001 y 2018[18]] y la extracción minera y petrolera que tanto daño causan al medioambiente y a la vida de los pueblos originarios, favoreciendo las enfermedades tropicales transmitidas por los zancudos Aedes (paludismo, dengue, zika).
En ese contexto, la sociedad civil comprometida con los pueblos originarios de la Amazonía, es decir las ONG que forman parte del Grupo de trabajo sobre pueblos indígenas de la CNDH, los universitarios (antropólogos, abogados) y las ONG que trabajan en la selva peruana, y todos los ciudadanos interesados, deben asumir su responsabilidad moral y su solidaridad personal en esta crisis sanitaria, y empezar a organizarse en coordinación con las autoridades nacionales, regionales y locales, y junto con los dirigentes nativos. Una acción importante será el recojo de fondos económicos para comprar alimentos y medicamentos, que puede lanzarse a partir de cuentas bancarias nacionales e internacionales para poder recibir aportes del extranjero. Estos fondos pueden ser administrados por un comité de ayuda de urgencia que publique sus actividades en un sitio internet institucional que garantice la total transparencia de las actividades financieras y distributivas. Esta acción humanitaria es de corto y de largo plazo, pues la crisis va a durar varios años. La ayuda de la sociedad civil local, regional y nacional puede ser decisiva para que los pueblos originarios logren mejorar sus condiciones de vida y su inclusión en la nación peruana conservando sus especificidades culturales.
Reflexiones finales
- La pandemia de coronavirus es nociva para las sociedades humanas, pero, paradójicamente, ha traído consigo un efecto positivo: los Estados modernos están asumiendo un rol social que no tuvieron antes. El gobierno actual ha tomado conciencia de las deficiencias del país y de las tareas urgentes de creación de estructuras de salud y de educación decentes. La sociedad peruana deberá también desarrollar una solidaridad real, más allá de las pertenencias étnicas y de clase social, para poder afrontar los efectos económicos y sociales de recesión que van a durar varios años. El empobrecimiento de todas las sociedades será mundial, y tendremos que reinventar otras maneras de vivir y de trabajar totalmente nuevas.
- Los pueblos originarios amazónicos ya estaban agobiados por los problemas de sobrevivencia económica y tenían un acceso muy limitado a la educación y a la salud pública. Esta pandemia representa una amenaza inédita para ellos y empeora su situación de exclusión socioeconómica y de pobreza estructural. Sin embargo, estoy convencida de que todos aquellos que trabajamos con ellos — desde la academia, desde el Estado, o desde las ONG — podemos y debemos participar activamente en la ayuda humanitaria de urgencia que tanto necesitan en estos tiempos de temor y de duelo. Luego vendrán tiempos mejores. Podemos esperar, en efecto, que la toma de conciencia de nuestras grandes carencias en salud, educación y empleo formal favorecerá una mejora de los servicios del Estado para beneficio de todos los ciudadanos peruanos, incluidos los pueblos originarios amazónicos del Perú.
