Miembros del subcomité han llamado la atención – en una conferencia realizada esta semana – sobre la inexistencia de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, obligación internacional para el Perú desde 2006. Junto con Guatemala, Brasil, Bolivia y Panamá, nuestro país es uno de los pocos en la región que no cuenta con este mecanismo. Existe un proyecto de Ley, que aun no ha sido visto por el pleno del Congreso de la República, para que la Defensoría del Pueblo sea la institución encargada.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha registrado, en cumplimiento de sus funciones, la existencia de 721 denuncias por tortura y tratos crueles entre 1998 y 2012. Se registran casos diversos, producidos tanto en estados de emergencia durante conflictos sociales, como en comisarías de distritos de clase media en Lima.
El viceministro de Derechos Humanos, José Ávila, señaló que la creación del mecanismo nacional de prevención contra la tortura será evaluada por los viceministros competentes, sin indicar una fecha para cumplir con esta obligación estatal.
