Después de un arduo trabajo técnico, el Perú cuenta ya con una Política Pública de Reforma para el Sistema de Justicia (en adelante, la política y el sistema) consensuada al más alto nivel. La política fue aprobada en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (el Consejo) y publicada en El Peruano el 15 de julio de 2021 (Decreto Supremo N° 012-2021-JUS). El Consejo está integrado por el presidente de la República, el presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el contralor general de la República y la defensora del pueblo.
El proyecto de ley que propuso la creación del Consejo (PL 3166/2018-PE) fue producto de las recomendaciones que la Comisión Consultiva para la Reforma de la Justicia, presidida por el embajador Allan Wagner e integrada por destacados juristas, formulara el 2018 al presidente de la República.
Pues bien, la Ley N° 30942 (El Peruano, 08 mayo 2019) establece que el Consejo impulsa la reforma del sistema. Y para ello: formula la política, realiza coordinaciones, efectúa el seguimiento y el control de lo acordado, presenta un reporte anual (artículos 1 y 3) y hace públicos reportes trimestrales sobre el avance de la implementación y ejecución de las políticas adoptadas (artículo 7).
Sobre este tema cabe resaltar el trabajo que viene desplegando el Poder Judicial en lo concerniente a sus compromisos establecidos en la política. Así, mediante la Resolución Administrativa N° 000338-2022-CE-PJ (07 septiembre 2022) ha aprobado una matriz para la implementación de la política y creado una comisión técnica para dar cumplimiento a la Ley N° 30942 (artículo 7).
Pero tras este avance hay un aspecto negativo. La política está aprobada y publicada oficialmente, pero no tiene quien la impulse porque el llamado por ley para hacerla cumplir (el Consejo) no toma decisiones sustantivas por falta de quórum.
¿Acaso podemos darnos el lujo de prescindir de este espacio de alto nivel para impulsar la tan ansiada reforma del sistema? ¿Qué temas se deberían abordar porque preocupan cotidianamente a los servidores públicos y a los usuarios? Sin ánimo de ser exhaustivo, menciono los siguientes:
1.- Introducir masivamente inteligencia artificial, gobernanza de datos e interoperabilidad en los procedimientos policiales, en las investigaciones fiscales y en los procesos judiciales, con especial incidencia en el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y en la Carpeta Fiscal Electrónica, ambos proyectos impulsados por préstamos internacionales con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
2.- Potenciar el cumplimiento de las Reglas de Brasilia; elaborar y aprobar una política de infraestructura que articule la oferta de servicios en el Sistema, pues al ser desordenada y descoordinada genera un gasto recurrente por el alquiler de locales. Además, se requiere fortalecer las vías que faciliten la obtención de justicia sin tener que acudir al Poder Judicial (agobiado por la carga procesal), me refiero a la negociación, la conciliación, la junta de resolución de disputas, el arbitraje.
3.- Generar una política idónea de remuneraciones e incentivos para los operadores del Sistema; remover las condiciones de trabajo negativas en las sedes fiscales y en las cortes superiores. Ambos aspectos suelen ser factores que ocasionan protestas y paralizaciones del servicio de justicia a nivel nacional.
4.- Promover la integridad en el sistema, para lo cual se requiere el fortalecimiento de la Autoridad de Control en el Poder Judicial (Ley N° 30943), de la Autoridad de Control en el Ministerio Público (Ley N° 30944), y de la Procuraduría General del Estado (PGE) en el ejercicio de sus funciones.
5.- Replantear la organización de la Academia de la Magistratura (AMAG) para lograr que la preparación sea especializada, remunerada y a tiempo completo.
6.- Impulsar con mayor fuerza el nombramiento de fiscales y jueces titulares. No debe olvidarse que la Junta Nacional de Justicia está llamada a contribuir significativamente a la recuperación de la confianza ciudadana en el Sistema, afectado por el problema crónico de la provisionalidad.
7.- Mejorar las capacidades de prevención, investigación y juzgamiento en áreas de especial preocupación: delitos de corrupción de funcionarios, delitos que constituyen violación de derechos humanos, etc.
8.- Fomentar la modernización de la Ley Orgánica del Ministerio Público (1981), la Ley Orgánica del Poder Judicial (1991), el Código Procesal Civil (1992), entre otros cuerpos normativos.
Todas estas medidas reflejan la necesidad de cambios de diversa naturaleza y profundidad en el sistema. Y es que lograr una justicia independiente, imparcial, ágil y libre de corrupción es una tarea compleja. Pero, un paso para ello es cumplir la Ley N° 30942 y sobre todo: tener la convicción para dialogar y adoptar medidas concretas de forma articulada, profesional y democrática. El país lo necesita.
(*) Profesor PUCP. Árbitro. Adjudicador. Exministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Exviceministro de Justicia. Exadjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.
