[La información de esta página está actualizada hasta el 12 de febrero de 2021]
World Justice Project
El World Justice Project mide la adhesión al Estado de Derecho en 113 países alrededor del mundo. Mide el desempeño de los países en cuanto al Estado de Derecho sobre ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil y Justicia Penal. Cuenta con más de 110,000 encuestas en hogares en todos los países estudiados y 3,000 encuestas a expertos. Sus informes se llaman Índices de Estado de Derecho.
En orden de presentar una imagen que represente adecuadamente el Estado de Derecho según la población, cada porcentaje del Índice es calculado usando varias preguntas extraídas de dos bases de datos originales reunidos por el World Justice Project de cada país: una encuesta general de población (GPP, en inglés) y una serie de cuestionarios de encuestados calificados (QRQs, en inglés). La escala de medición va de 0 a 1, donde 1 es el adecuado cumplimiento del Estado de Derecho.
En el presente informe, el Perú se ubicó en el puesto 80 de 128 países con un puntaje de 0.50 en el adecuado cumplimiento del Estado de Derecho. Esto representa una baja respecto del año anterior. En la región de América Latina y el Caribe, el Perú se encuentra en la posición 20 de 30 países. Sobre la presencia de la corrupción en los poderes públicos, esta aumentó en algunos sectores y disminuyó en otros respecto al reporte anterior. En el caso del Poder Ejecutivo varió de 0.40 a 0.37. En el Poder Judicial varió de 0.41 a 0.44. En la Fuerza Pública varió de 0.38 a 0.39. En el Poder Legislativo varió de 0.16 a 0.13.
Sobre la justicia penal, las variables que tuvieron diminución en su valoración, respecto a la percepción de su cumplimiento, son la ausencia de discriminación y la ausencia de influencias indebidas. El primero pasó de 0.48 a 0.43; mientras que el segundo pasó de 0.41 a 0.38. Las demás variables aumentaron su valoración de forma positiva, como por ejemplo la variable ausencia de corrupción pasó de 0.30 a 0.32, la del sistema penitenciario efectivo pasó de 0.23 a 0.24. En líneas generales, se puede notar que hubo una pequeña mejora en cuanto al cumplimiento del Estado de Derecho.
Informe 2020
En el presente informe, el Perú se ubicó en el puesto 70 de 126 países con un puntaje de 0.51 en el adecuado cumplimiento del Estado de Derecho. Esto representa una baja respecto del año anterior; es importante mencionar que, para la evaluación en el ranking, no se tomaron en cuenta los 13 países que se incluyeron por primera vez este año. En la región de América Latina y el Caribe, el Perú se encuentra en la posición 18 de 30 países. Sobre la presencia de la corrupción en los poderes públicos, esta aumentó con respecto al reporte anterior. En el caso del Poder Ejecutivo varió de 0.49 a 0.40. En el Poder Judicial varió de 0.42 a 0.41. En la Fuerza Pública varió de 0.38 a 0.36. En el Poder Legislativo varió de 0.22 a 0.16. Esto demuestra que hay un aumento en la percepción de la corrupción en los poderes del Estado.
Sobre la justicia penal, las variables que más disminución tuvieron en su valoración, respecto a la percepción de su cumplimiento, son las investigaciones efectivas y la ausencia de corrupción en el sistema penal. El primero pasó de 0.30 a 0.24; mientras que el segundo pasó de 0.35 a 0.30. La única variable que aumentó su valoración de forma positiva es la del sistema penitenciario efectivo que pasó de 0.20 a 0.23. En líneas generales, se puede notar que hubo un pequeño retroceso en cuanto al cumplimiento del Estado de Derecho.
A diferencia del año anterior, el Perú se ubicó en el puesto 60 con 0.52. Siendo una subida de 0.01 con respecto al 2016. Sobre la presencia de la corrupción en los poderes públicos, esta se mantuvo o disminuyó con respecto al reporte anterior. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial varió de 0.35 a 0.42, siendo así que hay una consideración de que hay menos corrupción en el sistema judicial.
Sobre la justicia penal, vemos que variables como la no influencia del gobierno en decisiones judiciales, así como la no corrupción en la judicatura han aumentado de valoración positiva. El primero pasó de 0.40 a 044; mientras que el segundo de 0.31 a 035. En líneas generales, hubo una leve mejora en cuanto al cumplimiento del Estado de Derecho.
El Perú se ubicó en el puesto 65 a nivel mundial, con 0.51 de puntuación. Mientras que en América Latina y el Caribe se ubica en el puesto 18 –de 30 países. Asimismo, cuando vemos las cifras de la corrupción, estas son muy bajas. No corrupción en el Ejecutivo, 0.49. No corrupción en el Poder Judicial, 0.35. No corrupción en la Fuerza Pública, 0.39. No corrupción en el Congreso, 0.20.
A su vez, si vemos la justicia penal vemos que las investigaciones efectivas tienen una valoración de 0.31, o, de manera dramática, la efectiva sanción alcanza apenas el 0.22. Finalmente, en la mayoría de variables evaluadas relacionadas al sistema judicial nos ubicamos por debajo de 0.5.
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993, como un organismo constitucionalmente autónomo, para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional.
La Defensoría del Pueblo ha publicado el “Reporte de la Corrupción en el Perú”, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática mediante la generación de información y la creación de aprendizajes que hagan posible no solo el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, sino también la incorporación de buenas prácticas para la toma de decisiones en favor de las personas y no de intereses particulares.
En cuanto a la población penitenciaria de personas sentenciadas y procesadas por delitos de corrupción de funcionarios, a octubre del 2017, hay 543 personas en esas condiciones, siendo Lima donde hay más recluidos. Asimismo, esta población ha tenido un aumento considerable, ya que en diciembre del 2014 había 416 internos.
Los delitos con mayor presencia son los de cohecho pasivo propio, colusión y peculado doloso y culposo, los cuales suman el 61.5%.
Al 31 de diciembre del 2016, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tenía 32 925 casos en trámite en el Ministerio Público y Poder Judicial, siendo Lima el distrito Judicial o Fiscal donde se concentran la mayoría de casos.
Los delitos con mayor presencia son el de Peculado y Colusión, con un 36% y 14% respectivamente, del total de casos. Asimismo, las municipalidades distritales y provinciales son las más afectadas. Finalmente, la mayoría de los casos se encuentran en diligencias preliminares, siendo el 38.9% de estos.
INEI
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el marco de su política de promoción y difusión de información estadística, presenta el documento “Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones”, que contiene los principales indicadores que permite conocer la opinión de la población de más 18 años entrevistada sobre los principales problemas asociados a la consolidación de la democracia, la gobernabilidad y confianza en las instituciones. El propósito de esta publicación es fortalecer los sistemas de información para la toma de decisiones informadas y mediante acciones de política fortalecer la presencia del Estado, mejorar la cobertura y calidad de los servicios en procura de fortalecer la gobernabilidad, la democracia, la institucionalidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. La información proviene de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza y específicamente del Módulo de Opinión: Gobernabilidad, Democracia y Transparencia. El tamaño de muestra anual es cerca de 36 mil viviendas. Las cifras publicadas corresponden a una construcción de semestres móviles.
En el semestre octubre 2019 – marzo 2020 la corrupción se mantuvo como el principal problema del país con 60.6%. En este periodo, el 3.7% de los hogares consultados señalaron que a algún miembro familiar le solicitaron o se sintió obligado a dar regalos, propinas, sobornos, coimas al realizar gestiones o demandar servicios en las instituciones públicas.
En cuanto a las instituciones que conforman el sistema judicial, un 73.1% señaló no confiar en el Ministerio Público, un 82.3% desconfía del Poder Judicial, un 72.1% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 66.6% dice no confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Entre el semestre julio-diciembre 2018 y julio-diciembre 2019 la corrupción se mantuvo como el principal problema del país con 62.1%, en el último periodo. Revisando los informes previos, apreciamos que se consolida el desplazamiento de la corrupción sobre la delincuencia como principal problema en el Perú. En el periodo julio – diciembre 2019, el 4.2% de los hogares consultados señalaron que a algún miembro familiar le solicitaron o se sintió obligado a dar regalos, propinas, sobornos, coimas al realizar gestiones o demandar servicios en las instituciones públicas, lo cual es un aumento respecto del periodo anterior, que estaba en 2.9%.
En cuanto a las instituciones que conforman el sistema judicial, un 73% señaló no confiar en el Ministerio Público, un 82.5% desconfía del Poder Judicial, un 71.2% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 67.4% dice no confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Entre el semestre enero – junio 2018 y enero – junio 2019, la corrupción se mantuvo como el principal problema del país con 63.7%, en el último periodo. En este periodo, el 3.3% de los hogares consultados señalaron que a algún miembro familiar le solicitaron o se sintió obligado a dar regalos, propinas, sobornos, coimas al realizar gestiones o demandar servicios en las instituciones públicas, lo cual es un aumento respecto del periodo anterior, que estaba en 2.9%.
En cuanto a las instituciones que conforman el sistema judicial, un 72.8% señaló no confiar en el Ministerio Público, un 82.8% desconfía del Poder Judicial, un 70.8% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 66.9% dice no confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Entre el semestre julio-diciembre 2017 y julio-diciembre 2018, la corrupción se mantuvo como el principal problema del país con 64.9%. Ahora, el 2.9% de los hogares consultados señalaron que a algún miembro familiar le solicitaron regalos, propinas, sobornos, coimas al realizar gestiones o demandar servicios en las instituciones públicas, lo cual es un aumento respecto del periodo anterior, que estaba en 2.7%.
En cuanto a las instituciones que conforman el sistema judicial, un 75.8% señaló no confiar en el Ministerio Público, lo cual implica un aumento de 4.8% respecto del reporte julio-diciembre del 2017; la desconfianza en el Poder Judicial aumento en 6.3%, llegando así al 85,8%; en el caso de la Procuraduría Anticorrupción la desconfianza creció en 3.1% llegando a 73.5%; finalmente, aumentó en 3.1% la desconfianza en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción llegando al 70,1%.
Entre el semestre julio-diciembre 2016 y julio-diciembre 2017, la corrupción desplazó a la delincuencia como el principal problema del país con 48.3%. Revisando los informes previos, apreciamos que se consolida el desplazamiento de la corrupción sobre la delincuencia como principal problema en el Perú. Ahora, el 2.7% de los hogares consultados señalaron que a algún miembro familiar le solicitaron regalos, propinas, sobornos, coimas al realizar gestiones o demandar servicios en las instituciones públicas, lo cual es una reducción del periodo anterior, que estaba en 3.5%.
En cuanto a las instituciones que conforman el sistema judicial, un 70.9% señaló no confiar en el Ministerio Público, un 79.3% desconfía del Poder Judicial, un 70.4% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 67.1% dice confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Entre el semestre julio-diciembre 2016 y julio-diciembre 2017, la corrupción desplazó a la delincuencia como el principal problema del país con 48.3%. Revisando los informes previos, apreciamos que se consolida el desplazamiento de la corrupción sobre la delincuencia como principal problema en el Perú. Ahora, el 2.7% de los hogares consultados señalaron que a algún miembro familiar le solicitaron regalos, propinas, sobornos, coimas al realizar gestiones o demandar servicios en las instituciones públicas, lo cual es una reducción del periodo anterior, que estaba en 3.5%.
En cuanto a las instituciones que conforman el sistema judicial, un 70.9% señaló no confiar en el Ministerio Público, un 79.3% desconfía del Poder Judicial, un 70.4% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 67.1% dice confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
GFK
GFK es una compañía de investigación de mercados del mundo. Uno de los sectores sobre los cuales investiga es el sector público. En esa línea, GFK Perú realiza encuestas a para recoger la opinión pública de los peruanos sobre los temas de coyuntura nacional. Periódicamente publica sus encuestas, las cuales nos ayudan a ver el panorama actual del país sobre temas como la pobreza, la política o la corrupción, entre otros.
La mayoría de encuestados desaprueba la forma como el presidente Martín Vizcarra está conduciendo su gobierno. Tan solo el 9% de la población cree que se viene manejando bien la lucha contra la corrupción en el Estado. Asimismo, en el mes de junio, el 72% desaprueba el desempeño de la Fiscalía de la Nación, siendo en febrero el pico más alto de desaprobación con 75%.
La mayoría opina que la Comisión Lava Jato ayuda a esclarecer los hechos de corrupción, pero que no actúa con imparcialidad. Asimismo, sobre las declaraciones de Jorge Barata, el 65% señala que solo declara lo que le conviene.
Se observa que hay una tendencia creciente de que Odebrecht financió las campañas de los últimos tres presidentes, así como de Keiko Fujimori y Mercedes Aráoz.
La mayoría de encuestados señaló que conocía el caso Odebrecht, en la que están involucradas varias empresas brasileras que pagaron sobornos a fin de ganar licitaciones públicas en varios países de Sudamérica. En esa línea, solo un tercio señaló que el Gobierno está haciendo lo necesario para aclarar el tema y el 43% dijo que, de hallar culpables en estos casos, su sanción será contemplativa.
La mayoría señala sentirse decepcionado y avergonzado por los últimos presidentes.
La mayoría de encuestados señaló que conocía el caso Odebrecht, en la que están involucradas varias empresas brasileras que pagaron sobornos a fin de ganar licitaciones públicas en varios países de Sudamérica. En esa línea, solo un tercio señaló que el Gobierno está haciendo lo necesario para aclarar el tema y el 43% dijo que, de hallar culpables en estos casos, su sanción será contemplativa.
La mayoría señala sentirse decepcionado y avergonzado por los últimos presidentes.
Proética
Proética es el Capítulo Peruano de Transparencia Internacional y se constituyó el año 2002 como la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Realiza diferentes actividades cuyo objetivo máximo es erradicar la corrupción en el país, estudiando este fenómeno y sus causas, así como incentivando a otras instituciones a involucrarse en esta problemática y tomar acciones frente a ella.Desde el 2002 viene publicando encuestas a la opinión pública sobre percepciones de corrupción en el país. Se encuesta a la población mayor de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos residentes en las principales ciudades del país.
La corrupción se sitúa como el segundo principal problema del país con 62%, superado por la delincuencia con 66%. Asimismo, geográficamente, la corrupción es el principal problema en las regiones peruanas de Oriente y Sur, y en Lima es la segunda preocupación.
El 73% de los encuestados señaló que la corrupción ha aumentado en los últimos 5 años. Respecto a los últimos doces meses, un 13% aseguró haber pagado coimas y la mayoría de ellas a la policía. Asimismo, un 59% de los encuestados declara sentirse capaz de orientar a un tercero sobre dónde denunciar actos de corrupción; sin embargo, también se observa que existe una alta tasa (91%) de no denuncias del pedido de coimas.
Por otro lado, tanto el Congreso, el Poder Judicial, Municipalidades y Gobiernos Regionales fueron percibidas como las instituciones más corruptas. Frente a ello, es importante mencionar que en el año 2019, aumentó a 68% la tolerancia media a la corrupción.
Finalmente, las principales medidas sugeridas en la lucha contra la corrupción son transparencia, simplificar trámites y mejorar la carrera pública.
La corrupción se sitúa como el segundo principal problema del país, superado por la delincuencia, y se aprecia que ha aumentado en los últimos años ya que actualmente el 52% de peruanos lo reconoce de esa forma. Asimismo, geográficamente, la corrupción es el principal problema en las regiones peruanas y en Lima es la segunda preocupación.. Además, ellos señalan que impacta de forma negativa en la economía familiar y reduce su confianza en el Estado.
Algo resaltante es que un tercio de los encuestados consideró que la corrupción es inevitable. Así, un 14% aseguró haber pagado coimas y la mayoría de ellas a la policía, pero se observa que hay una alta tasa de no denuncias. Asimismo, entre un 41% a 45% de encuestados señala que dio alguna coima para evitar mayores sanciones o para que las cosas funcionen. Tanto el Congreso, el Poder Judicial y la Policía Nacional fueron percibidas como las instituciones más corruptas. En cuanto a las empresas privadas, para el 58% la burocracia fue considerada como un afluente de casos de corrupción.
Finalmente, las principales medidas sugeridas en la lucha contra la corrupción son incrementar las penas y sanciones, reformar el sistema judicial y mejorar la educación de valores en las escuelas.
La corrupción se sitúa como el segundo principal problema del país, superado por la delincuencia, y se aprecia que ha aumentado ligeramente en los últimos años ya que actualmente el 46% de peruanos lo reconoce de esa forma. La corrupción de funcionarios se manifiesta, en Lima y en las regiones, con amplio margen y que se ha incrementado como el principal problema que afronta el Estado. Además, la mayoría percibía que la corrupción seguirá aumentando.
Más de la mitad de personas considera que la corrupción no se sanciona, porque se producen acuerdos entre los corruptos y quienes deben sancionarlos. Asimismo, la mayoría de encuestados señaló que la corrupción se podía tolerar si se hacen obras, pero, también, otro grupo señaló que se debe rechazar a la corrupción como herramienta para promover el desarrollo. En cuanto a las empresas privadas, el 75% señaló que los funcionarios que pagan coimas son cómplices de la corrupción, así como un 51% los situaron como víctimas de este fenómeno.
Las principales medidas sugeridas para que la sociedad civil aporte en la lucha contra la corrupción son capacitar a los ciudadanos para que denuncien, promover reformas de políticas públicas, vigilar el gasto público y exigir rendición de cuentas, apoyar el periodismo de investigación, entre otros.
Latinobarómetro
La Corporación Latinobarómetro investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión pública que evalúan actitudes, valores y comportamientos. Los resultados que se obtienen son utilizados por los actores socio políticos de la región, actores internacionales, gubernamentales y medios de comunicación. En este escenario, Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que realice anualmente alrededor de 20 mil entrevistas cara a cara, con muestra representativa a nivel nacional, en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes.
La corrupción aparece como el cuarto problema más importante de los países con un 9% de las menciones de los 18 países, lo cual implica la disminución de un punto porcentual respecto del informe anterior en el que representaba un 10% de las menciones. Asimismo, la corrupción se mantuvo como uno de los principales problemas del Perú, en segundo lugar, con 19%. En ese sentido, el 72% de la población cree que el nivel de corrupción ha aumentado respecto del año anterior. Ante la pregunta de los grupos de personas involucrados en actos de corrupción, el 62% de los peruanos considera que son los congresistas y el 53% considera que es el presidente y sus funcionarios. Asimismo, respecto al conocimiento de un acto de corrupción, el 65% está en desacuerdo con quedarse callado y el 67% considera que si uno no denuncia se convierte en cómplice. Sin embargo, el 30% de los encuestados muestra conformidad con pagar el precio de cierto grado de corrupción con tal de que se solucionen los problemas del país.
Los resultados sobre la corrupción indican que es el cuarto problema más importante de los países con un 10% de las menciones de los 18 países. Ahora, a diferencia del 2016 aparece con el 19% como el problema más importante del Perú. Frente a ello, 88% de peruanos señaló que, si presencia un acto de corrupción, se sentiría obligado a denunciar el acto. Asimismo, solo el 27% sintió que hay progresos en la reducción de la corrupción en las instituciones públicas. Ante la pregunta de que el gobierno tenga una lucha contra la corrupción, el 56% señaló que esta lucha no es del todo buena.
Sobre la probabilidad de sobornar a un policía, juez o funcionario de un ministerio, los peruanos señalan que hay aproximadamente 36% de probabilidad de sobornarlos, lo cual concuerda con el promedio de la región, pero está muy lejos de países como Chile, donde el promedio está en 18%.
Al medirse la corrupción con una escala de 1 a 10 -donde 1 es nada y 10 es mucha- se evaluó al gobierno nacional, congreso, municipalidad, tribunales de justicia, sindicatos y la gran empresa. Perú se ubica como el país donde hay más corrupción en toda América Latina en todos los sectores evaluados – con calificaciones de 7.8 a 8.4-, superando a Venezuela y Honduras.
En el 2016 la corrupción aparece como el segundo principal problema del Perú. Además, el Perú se ubica en el grupo de países donde la corrupción es uno de los principales problemas. Ante la posibilidad de erradicarla corrupción de la política, 5 de cada 10 peruanos consideró que es posible. En este punto, el Perú comparte el mismo promedio que los demás países de la región de América Latina.
Por otro lado, 14% de los peruanos o algún pariente supo de algún acto de corrupción en el último año. Asimismo, ante la posibilidad de aceptar cierto grado de corrupción para que se soluciones las cosas, un 28% de los encuestados consideró que es preferible un acto de corrupción a fin de que “hagan” cosas en beneficio de la sociedad.
Latin America Public Opinion Project
El Latin American Public Opinion Project es la principal institución académica que realiza encuestas de opinión pública en las Américas, con más de treinta años de experiencia. Como centro de excelencia en la investigación de encuestas, LAPOP usa enfoques de primera línea y métodos innovadores para realizar específicas encuestas nacionales; conducir estudios de evaluación de impacto; y producir informes de actitudes individuales, evaluaciones y experiencias. La encuesta del Barómetro de las Américas es la única encuesta comparativa científicamente rigurosa que cubre 34 naciones, incluyendo el Norte, Centro y Sur de América, así como de varios países de los Caribes. LAPOP cuenta con encuestas realizadas en el Perú sobre “Cultura política de la democracia en Perú y en las Américas”. Esta encuesta es representativa a nivel nacional de los adultos peruanos con edad para votar.
En el 2019, la corrupción aparece como la preocupación más común entre los entrevistados. Expresión de ello es que un 36.1% opinó que la corrupción es el problema más importante en el Perú, superando a países como Colombia, Brasil, Panamá, Guatemala, entre otros. Además, casi 6 de cada 10 de los entrevistados piensan que la corrupción entre los funcionarios públicos en el Perú se encuentra “muy generalizada” y un 17% piensa de ella es “algo generalizada”. Esto hace que un 76% de los entrevistados tenga una opinión negativa de la probidad de los funcionarios públicos.
Para este año un total de 26.3% de los encuestados señala haber sido víctima de corrupción en 2019, un porcentaje ligeramente inferior al encontrado en 2017, el cual fue de 29.6%. Es importante señalar que un 16% de los encuestados aproximadamente admite que un oficial de policía le pidió una coima, y un 9% afirma que un empleado público le sugirió lo mismo.
La preocupación por la corrupción como principal problema ha crecido dramáticamente en los años recientes, incluso supera lo registrado en Brasil. Expresión de ello es que un 78% opinó que la corrupción está entre “algo” y “muy” generalizada. Además, el 91% de los entrevistados señaló que la mitad o más de los políticos se encuentran involucrados en casos de corrupción.
Para este año un 29.6% afirmó haber sido víctima de la corrupción en los distintos ámbitos de la administración pública. Finalmente, esta victimización es una de los más altos registrados en las Américas. A diferencia del 2014, la victimización aumentó.
Reportes https://www.vanderbilt.edu/lapop/peru.php
La corrupción se presenta como un fenómeno de alta presencia en las Américas, donde una de cada cinco personas fue requerida para dar un soborno. Asimismo, el Perú exhibe una tasa relativamente alta (26,4%) de victimización de corrupción. No obstante, solo un 13% justificó el pago de sobornos, valor que se ubica debajo de la media regional de 16.4%.
Para este año, un 10% de los entrevistados mencionó a la corrupción como el problema principal del país. Asimismo, un 90% de los encuetados refirió que la corrupción se encuentra “algo” o “muy” generalizada entre los funcionarios públicos.
Transparencia Internacional
Transparencia Internacional es una entidad internacional que da voz a las víctimas y testigos de la corrupción. Trabaja con gobiernos, empresas y ciudadanos para detener el abuso de poder, la corrupción y los tratos secretos. Tiene capítulos en más de 100 países con la constante labor de presionar a los gobiernos, empresas y grupos de poder para tomar acciones contra la corrupción. Anualmente elaboran un Índice de percepción de la corrupción a nivel global para dar cuenta del impacto negativo de este fenómeno y tomar medidas contra ello.
Índice de Percepción de la Corrupción –IPC-: la puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de un país, donde 100 indica una percepción de ausencia de corrupción y 0 indica una percepción de muy corrupto.
El Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe presenta datos de opinión pública sobre corrupción; así como la experiencia directa de los ciudadanos con el soborno.
En el 2019 se encuestaron a más de 17 000 ciudadanos que viven en 18 países de la región. En el Perú, el 65% considera que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. Asimismo, el 94% considera que el mismo es un grave problema para el país. En las estadísticas también se destaca que el Perú tiene uno de los índices más altos de soborno con un 30%, seguido de México (34%) y Venezuela (50%). Para especificar los datos, el 20% de los peruanos pagó algún soborno para acceder a servicios públicos y al 27% se le ofreció sobornos a cambio de votos.
En el 2019 se evaluaron 180 países/territorios a nivel mundial, siendo Dinamarca con 87 puntos el mejor ubicado y Somalia con 9 puntos el peor ubicado. El Perú está ubicado en el puesto 101 con 36 puntos, a diferencia del año anterior que se encontraba en el puesto 105. El promedio global es de 43. Nos seguimos ubicando en el segundo tercio y por debajo de la media, lo cual indica que la percepción de la corrupción es alta. Nuestra posición en Suramérica solo está por encima de Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Asimismo, Uruguay es el mejor suramericano en el ránking con 71 puntos que lo ubica en el puesto 21. A comparación del 2018, este año el Perú mejoró ligeramente, aumentó su puntaje en 1 punto, lo cual generó que variara 4 puestos hacia arriba en el ranking.
En el 2018, se evaluaron 180 países/territorios a nivel mundial, siendo Dinamarca con 88 puntos el mejor ubicado y Somalia con 10 puntos el peor ubicado. El Perú está ubicado en el puesto 105 con 35 puntos, a diferencia del año anterior que se encontraba en el puesto 96. El promedio global es de 43. Nos seguimos ubicando en el segundo tercio y por debajo de la media, lo cual indica que la percepción de la corrupción es alta. Nuestra posición en Suramérica solo está por encima de Ecuador, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Asimismo, Uruguay es el mejor suramericano en el ránking con 70 puntos que lo ubica en el puesto 23. A comparación del 2017, este año el Perú no mejoró, sino que disminuyó su puntaje en 2 puntos, lo cual generó que variará 9 puestos en el ranking.
En el 2017, se evaluaron 180 países/territorios a nivel mundial, siendo Nueva Zelanda con 89 puntos el mejor ubicado y Somalia con 9 puntos el peor ubicado. El Perú está ubicado en el puesto 96 con 37 puntos. La media global es de 43,07. Nos ubicamos en el segundo tercio y por debajo de la media, lo cual nos indica que la percepción de la corrupción es alta. Nuestra posición en Suramérica solo está por encima de Ecuador, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Asimismo, Uruguay es el mejor suramericano en el ránking con 70 puntos que lo ubica en el puesto 23. Por último, Chile -país miembro de la OCDE, al cual Perú busca ingresar- se ubica en el puesto 26 con 67 puntos. A comparación del 2016, este año el Perú mejoró.
Reporte https://www.transparency.org/en/news/corruption-perceptions-index-2017
En el 2016, se evaluaron 176 países/territorios a nivel mundial, siendo Dinamarca con 90 puntos el mejor ubicado y Somalia con 10 puntos el peor ubicado. El Perú está ubicado en el puesto 101 con 35 puntos. La media global es de 43. Nos ubicamos en el segundo tercio y por debajo de la media, que no indica la presencia fuerte de este fenómeno. La posición en Suramérica solo está por encima de países como Ecuador, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Asimismo, Uruguay es el mejor suramericano en el ránking con 71 puntos que lo ubica en el puesto 21. Por último, Chile -país miembro de la OCDE al cual Perú busca ingresar- se ubica en el puesto 24 con 66 puntos.
Reporte https://www.transparency.org/en/news/corruption-perceptions-index-2016
[La información de esta página está actualizada hasta el 12 de febrero de 2021]
Asociación de Bancos del Perú
Entre enero del 2007 y marzo del 2016 se lavaron por US$ 12,901 millones en Perú. La mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con 42%, seguido de la minería ilegal con 34% y delitos contra la administración pública con 7%.
Enlace: Diario Gestión. Asbanc: US$ 12,901 millones en activos se han lavado en el Perú en la última década. (31.05.2016). Consultada el 25 de abril del 2018.
Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) en el periodo comprendido entre enero de 2011 y enero de 2020 ha recibido 75 605 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de los sujetos obligados a reportar.
Del número total de ROS recibidos desde enero de 2011 a enero de 2020, la mayor participación por tipo de sujeto obligado está representada por los Bancos con 35%, Notarios Públicos con 26% y las Empresas de Transferencia de Fondos con 13%.
En los últimos doce (12) meses a enero de 2020, la participación de los Bancos en la cantidad de ROS remitidos asciende a 39%, seguida de los Notarios Públicos con una participación de 28% y las empresas de Transferencia de Fondos con una participación de 10%.
Por otro lado, del total de ROS recibidos entre enero de 2011 a enero de 2020, la ubicación donde se realizó la operación no fue reportada en un 21%, se reportó en el Departamento de Lima en un 52%, y en otros Departamentos en un 27%, de estos últimos, los que tuvieron mayor representación fueron: Tacna, Callao, La Libertad, Arequipa, Cusco, Ancash y Lambayeque.
Los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) emitidos por la UIF-Perú desde enero de 2011 a enero de 2020 involucran en total US$ 14 164 millones. En cuanto al monto involucrado por delitos precedentes identificados en los IIF, la mayor participación corresponde a minería ilegal (48%), seguido del tráfico ilícito de drogas (17%), defraudación tributaria (11%) y delitos contra la administración pública (10%), entre otros (14%).
En el periodo comprendido entre enero del 2007 y enero del 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera ha recibido 69 519 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por los sujetos obligados a reportar, teniendo mayor participación los Bancos, los Notarios y las Empresas de Transferencia de Fondos. Los informes de inteligencia financiera emitidos durante estos 12 años involucran en total US$ 15 901 millones. En cuanto al porcentaje de ese monto por delito, la mayor participación la tiene la minería ilegal con 37% y el tráfico ilícito de drogas con 34%, seguidos de los delitos contra la administración pública con 9%, defraudación tributaria con 5%, defraudación de rentas de aduanas/contrabando con 3%, delitos contra el orden financiero y monetario con 3% y, finalmente, los delitos contra el patrimonio con 2%.
En el año 2018 se recibieron 15 736 ROS, el número más alto de reportes desde el 2007. Asimismo, los informes de inteligencia financiera de ese año involucran 1 783 millones, el posible delito con mayor participación la tiene la minería ilegal con 1401 millones, seguidos de los delitos de defraudación tributaria con 143 millones, los delitos contra la administración pública con 105 millones. La defraudación de rentas de aduanas/contrabando con 75 millones, tráfico ilícito de drogas con 23 millones y delitos contra el patrimonio con 22 millones.
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera determinó que este 2015 se habrían superado los US$ 1,500 millones de dólares producto del lavado de activos y los principales motivos serían el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción.
Enlace: RPP Noticias. Así está el Perú 2016: Cifras alarmantes por el lavado de activos. (01.03.2016). Consultada el 25 de abril del 2018.
El año 2017 la Unidad de Inteligencia Financiera emitió 57 informes donde se señala el posible de delito de lavado de activos por el monto de US$ 652 millones. Estos provendrían de delitos de defraudación tributaria (US$227 millones); corrupción de funcionarios (US$141 millones); minería ilegal (US$92 millones); contrabando (US$20 millones); tráfico ilícito de drogas (US$61 millones); delitos contra el patrimonio (US$3 millones); falsificación de dinero (US$3 millones); financiamiento al terrorismo (US$ 1 millón) y, otros delitos (US$ 104 millones).
Enlace: RPP Noticias. Estas son las actividades con más reportes por presunto lavado de activos en el 2017 (05.03.2018). Consultada el 09 de mayo del 2018.
La UIF publicó en junio del 2017 la “Información Estadística Georreferenciada UIF – Perú”, que abarca el periodo 2010-2016. En dicho periodo se emitieron 29,052 reportes de operaciones sospechosas. El monto involucrado fue de aproximadamente de US$ 54,076 millones de dólares. Asimismo, las regiones que resaltan son las de Lima, Puno, Callao, Cusco, La Libertad y Arequipa. Los delitos precedentes que más resaltan son los de corrupción de funcionarios, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal y delitos tributarios.
Los Informes de Inteligencia Financiera presumen que la vinculación a actividades de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. En el periodo 2010-2016 se emitieron 577 de estos informes. El monto involucrado fue de US$ 13,182 millones. Los delitos precedentes que más resaltan son los de tráfico ilícito de drogas, minería ilegal y corrupción de funcionarios.
Departamento de Estados Unidos de América
Perú fue incluido como un país de significativo lavado de dinero por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo cual confirma la fuerte presencia de este delito en nuestra economía.
Enlace: U.S. Department of State. Countries/Jurisdictions of Primary Concern – Peru. Consultada el 25 de abril del 2018.
Ojo Público
Documentos secretos filtrados a Ojo Público revelan que más de US$2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero del Perú a través de clientes sospechosos por sus vínculos con los delitos que más dinero mueven en el país: el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal de oro, la evasión tributaria y la corrupción, delitos que además provocan violencia e inseguridad ciudadana, contaminación ambiental y fuga de capitales a paraísos fiscales.
Enlace: Ojo Público. Secretos financieros revelan millonaria penetración del dinero sucio en la banca. (24.04.2018). Consultada el 26 de abril del 2018.
Banco Interamericano de Desarrollo
El Banco Interamericano de Desarrollo realizó 1l 2016 una “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”. Realizó un trabajo para recabar información sobre la realidad del país en cuestiones que le afectan, que están vinculadas con el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo.
En una parte del informe señala que hay una posibilidad de que las cooperativas de ahorro y crédito sean utilizadas para el lavado de activos y/o financiación del terrorismo, teniendo en cuenta su proliferación en zonas con escaso desarrollo económico y tradicionalmente vinculadas con actividades delictivas.
Asimismo, las comunicaciones de operaciones sospechosas se han incrementado de 3.87 en 2012 a 7.200 en 2015.
Enviromental Investigarion Agency
La EIA (Environmental Investigation Agency) presenta informes de cómo el comercio de la madera ilegal afecta la Amazonía y su consideración como delito precedente del lavado de dinero.